Sin protección jurídica los migrantes ambientales.
Aquellas personas que salen de su país debido a que han perdido todo por sequías, huracanes o desastres naturales, al cruzar las fronteras se encuentran que la figura del migrante ambiental no existe y tampoco algún mecanismo para su protección, consideró Alethia Fernández de la Reguera, del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
“No hay mecanismos para reconocer en términos jurídicos y de política pública asignando presupuestos reales que la migración es una forma de adaptación del cambio climático”, destacó la especialista en migraciones durante la charla Cambio Climático y Migración Obligada, dentro del Seminario Permanente de Bioética.
Expertos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) han alertado que, si para 2030 la temperatura sube más de 2 grados y se mantiene el ritmo actual de contaminación de las aguas, se esperan problemas como la degradación de la tierra, extinción de especies, alza en la temperatura, problemas de acceso al agua, elevación del nivel del mar y clima extremo (olas de calor).
Recordó que en 2018 el Banco Mundial publicó un reporte que menciona los desplazamientos climáticos y se calcula que en 2050 podría haber hasta 143 millones de personas en esta condición en el mundo; y en el caso de México la cifra podría ascender a 3.1 millones de gente desplazada por esta situación.
Actualmente, reflexionó la investigadora, impera una gran confusión al revisar las migraciones, pues en la política se suele pensar sólo en dos motivos para el traslado de las poblaciones: la violencia y la búsqueda de mejores opciones laborales; sin embargo, hay quienes lo hacen porque desde hace tiempo sus tierras ya no producen, porque perdieron todo en huracanes intensos o desastres naturales.
“Hay una relación entre las zonas con menos desarrollo o mayor pobreza y son justamente aquellas de mayor vulnerabilidad climática y en los municipios de más riesgo (480) viven 27 millones de personas, esas son las que están en riesgo de moverse internamente en México en los próximos 20 o 30 años a causa de inundaciones, sequías o huracanes.”
Fernández de la Reguera añadió que los municipios más vulnerables se encuentran en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz, zonas más frágiles a los efectos climáticos.
Criminalización y deportación
La también coordinadora del Laboratorio Nacional de Diversidades de la UNAM puso como ejemplo de estos problemas lo que se vio a finales de 2020 cuando llegaron los huracanes Eta e Iota a Centroamérica y tres semanas después se registró una nueva caravana de migrantes que fue detenida en Guatemala.
La experta en Estudios Humanísticos apuntó que, actualmente, en el marco del derecho internacional no hay la figura del refugiado ambiental.
“Si a eso le sumamos que las dos grandes convenciones en las cuales se basa el derecho internacional para otorgar protección al migrante son la Convención de Ginebra de 1951 y la Convención de Cartagena de 1984 y no consideran el tema ambiental, hoy en día esos migrantes no pueden recibir o no hay mecanismos para generar entornos de protección internacional.”
Fernández de la Reguera comentó que parte de las razones para no integrar aún en el derecho internacional la figura del refugiado ambiental se debe a que la política actual prioriza la detención, criminalización y deportación de los migrantes.
Hasta 2016, precisó, se reconoce la vinculación entre las cuestiones ambientales y el traslado humano a partir del marco de adaptación de Cancún, donde se integra el tema de desplazamiento a causa del cambio climático, explicó en la reunión organizada por el Programa Universitario de Investigación en Salud.
Ese vacío legal implica que en términos jurídicos y de política pública asignando presupuestos reales, que la migración es una forma de adaptación del cambio climático, aunque reconoció que en el caso de México hay un programa que prioriza a mujeres en poblaciones indígenas que han tenido que salir de manera forzada por diferentes causas, entre las cuales está justamente el tema climático.
Finalmente, refirió que, en 2019, el Instituto Nacional de Migración detuvo a 182 mil personas y 81 por ciento fueron deportadas, por lo que hay mucho por hacer en materia de derecho internacional para ayudar a los refugiados.
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Con información de UNAM https://www.unam.mx/