El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) urgió a México a eliminar toda forma de “discriminación racial estructural, institucional e histórica” contra pueblos indígenas y afromexicanos, especialmente las mujeres quienes son las que sufren múltiples violaciones por este flagelo.
Al CERD “le preocupa que la discriminación racial estructural e histórica en contra de pueblos indígenas y la población afromexicana continúe profundamente arraigada en el Estado parte y constituya un obstáculo para la construcción de una sociedad multicultural basada en la igualdad y en la equidad”, afirma el CERD.
En sus conclusiones finales luego de la revisión del informe de México llevado a cabo el 8 y 9 de agosto en Ginebra, Suiza, sede del CERD, el Comité insta al Estado “a elaborar una política nacional integral de lucha contra la discriminación racial que incluya la adopción de un plan nacional contra el racismo asegurando que tanto el proceso de elaboración como el de implementación se lleven a cabo con la participación efectiva de los pueblos indígenas, la población afromexicana, así como de otros grupos minoritarios”.
“El Comité recomienda además que el Estado mexicano asigne los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios, y establezca mecanismos de coordinación entre las instancias locales, estatales y federales a fin de asegurar la implementación efectiva de dicha política”.
El CERD mostró su preocupación porque, “a pesar de las medidas adoptadas, los pueblos indígenas continúan siendo afectados por la discriminación racial lo cual se manifiesta en los altos índices de pobreza y marginación y las dificultades que enfrentan para acceder al trabajo, educación y servicios de salud adecuados”.
En vista de ello, exhorta al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a que intensifique sus esfuerzos “para eliminar la discriminación institucional y estructural en contra de los pueblos indígenas y para asegurar que el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024 y sea implementado de manera efectiva tomando en cuenta las brechas de desigualdad y sus necesidades concretas a fin de lograr resultados significativos en la disminución de la pobreza y de los niveles de desigualdad que les afectan”.
“El Comité recomienda al gobierno de Palacio Nacional asegurar la efectiva participación de los pueblos indígenas en el diseño e implementación de los programas sociales en su favor”, subraya.
Mujeres indígenas, más discriminadas
En lo que respecta a la discriminación por cuestión de género, el CERD observa que las más afectadas son las mujeres indígenas y afromexicanas quienes se enfrentan a “múltiples formas de discriminación”
En este sentido el CERD pide al gobierno asegurarse de que “ las mujeres indígenas y afromexicanas tengan acceso efectivo y adecuado a empleo, educación y salud, así como a su plena participación en los asuntos públicos, tomando debidamente en cuenta las diferencias culturales y lingüísticas”.
De igual forma el CERD recalca que se debe garantizar “el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres indígenas y afromexicanas con pertinencia cultural, entre otros mediante el fortalecimiento la atención durante el embarazo, parto y puerperio con un “enfoque humanizado” de la Secretaría de Salud.
Acceso a la justicia
Además, al CERD le preocupa “que la corrupción y la falta de transparencia, así como la persistencia de prácticas discriminatorias en el sistema de justicia afectan de manera significativa el acceso a la justicia por parte de los pueblos indígenas y se traducen en violaciones a las garantías del debido proceso y a una defensa adecuada de los miembros de pueblos indígenas’’
De ahí que le pide al gobierno de AMLO “adoptar las medidas necesarias para luchar contra la corrupción y garantizar la transparencia en el sistema judicial como medio para salvaguardar la lucha contra la discriminación racial y el respeto de los derechos humanos”.
Y con respecto a las mujeres el CERD insta a realizar investigaciones exhaustivas sobre todos los casos de violencia de género, incluyendo violencia sexual cometidos en contra de las mujeres indígenas y afromexicanas asegurando que los responsables sean debidamente castigados y garantizando a las víctimas el acceso a la justicia y a mecanismos de protección efectivos y culturalmente adecuados.
El CERD recomendó a México que se tipifique como delitos los actos de discriminación racial. Además, le recomienda garantizar que los motivos raciales se consideren como circunstancia agravante en las penas impuestas por un delito y tomar medidas para evitar el discurso de odio racista.
Derecho ser consultados
El CERD, integrado por 18 expertos de la ONU observó con preocupación que México “no cuenta con mecanismos adecuados para la protección, preservación, reclamación y restitución de las tierras, territorios y recursos tradicionalmente ocupados por pueblos indígenas”.
Esta situación, aunada a otros factores, incluyendo la realización de proyectos de inversión y desarrollo, “ha generado el desplazamiento forzoso de los pueblos indígenas, y afecta de manera desproporcionada sus formas tradicionales de vida y de subsistencia.
“Además, preocupa al Comité que efectos de la crisis climática tales como la degradación de la tierra y las afectaciones a los recursos hídricos impacten de manera desproporcionada a los pueblos indígenas”, cita el documento.
En este contexto el CERD recomienda “establecer un mecanismo adecuado y eficaz, en coordinación con las autoridades judiciales, agrarias y otras instituciones relevantes, que permita la reclamación y restitución de tierras y territorios ancestrales, asegurando que cuente con los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados”.
Por otra parte , los expertos del CERD fueron insistentes en el tema del derecho a la cosnulta previa libre e informada en el caso de megaproyectos, cuestión que vincula a México por ser parte del Convenio 169 de la OIT.
El Comité sostuvo que de acuerdo a informes recibidos sobre la realización de consultas ciudadanas respecto de la ejecución “de grandes proyectos de inversión como el el Tren Maya y el Transísmico que podrían afectar territorios de pueblos indígenas no se ha tenido en cuenta a las comunidades de los pueblos indígenas ni se han respetado las exigencias del Convenio de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales” .
De ahí que a la luz de ello, el CERD insta al gobierno de AMLO a garantizar que, “previo al otorgamiento de licencias y desde el diseño hasta la ejecución de proyectos de desarrollo económico, energéticos, turísticos, de infraestructura y de explotación de recursos naturales, se respete debidamente el derecho que tienen los pueblos indígenas cuyos derechos, tierras, territorios y recursos puedan ser afectados a ser consultados con miras a obtener su consentimiento libre, previo e informado”.
La ONU pide a la 4T asegurar que “los procesos de consultas se lleven a cabo de manera sistemática, oportuna, transparente, de buena fe, culturalmente adecuada, en condiciones de seguridad y con la debida representación de los pueblos afectados, respetando los estándares internacionales de los derechos de los pueblos indígenas’’
Y además, que como parte integral de tales procesos “se realicen estudios independientes e imparciales sobre el impacto ambiental y sobre los derechos humanos que puedan tener los proyectos de desarrollo en territorios de pueblos indígenas”.
Periodistas y defensores
Otro tema que fue considerado por el CERD es lo concerniente a la protección de los periodistas y defensores de derechos humanos, especialmente aquellos que denuncian e informan sobre cuestiones relacionadas a los pueblos indígenas y sus territorios.
El Comité “insta al Estado a llevar a cabo investigaciones exhaustivas de todo ataque contra la vida, actos de hostigamiento y acoso en contra de los periodistas en general y los comunicadores y periodistas comunitarios, en particular los que defienden los derechos de pueblos indígenas, y a enjuiciar y sancionar debidamente a los responsables”.
Le exhorta a investigar de manera exhaustiva, imparcial y efectiva todas las denuncias de atentados contra la vida, la integridad física y libertad, así́como de actos de violencia, amenazas, hostigamiento, intimidación, acoso y difamación cometidos contra líderes indígenas, defensores y defensoras de derechos de pueblos indígenas, afromexicanos y migrantes’’.
Asimismo el CERD pone énfasis en que el gobierno de Palacio Nacional debe dotar los recursos presupuestarios pertinentes, para garantizar el funcionamiento efectivo del Mecanismo para la Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Remarca que con la participación efectiva de la sociedad civil, representantes de los pueblos indígenas y de afromexicanos el gobierno debe adoptar “estrategias de protección efectivas tomando en cuenta las diferencias culturales, regionales y de género que puedan afectar a los pueblos indígenas y afromexicanos’’.
Migrantes y retiro de la Guardia Nacional para control migratorio
El CERD ofreció varias recomendaciones con respecto a la discriminación de migrantes entre las que destacan garantizar el respeto al principio de no devolución.
De igual forma, definir alternativas a la detención de los solicitantes de asilo y de los migrantes en situación irregular , además de “velar por que ningún niño migrante sea objeto de detención por su condición migratoria”.
También le piden implementar “las medidas necesarias para que las Estaciones Migratorias cuenten con condiciones de vida adecuadas en conformidad con las normas internacionales .
El CERD destaca que México debe “evaluar los efectos que tiene el despliegue de la Guardia Nacional para el control migratorio con miras a su retiro del control migratorio e intensifique sus esfuerzos por eliminar la práctica de perfilamiento racial”.
Finalmente, el CERD advierte que el gobierno de AMLO debe responder en un plazo no mayor a un año sobre su aplicación de las recomendaciones sobre odio racial e incitación a la discriminación racial, el consentimiento libre, previo e informado en las consultas y sobre personas defensoras de derechos humanos.
El resto de los temas serán examinados por los miembros del Comité de la ONU que vela por el cumplimiento de la Convención sobre Eliminación de Discriminación Racial en 4 años.
El CERD insta al gobierno de México a publicar en su totalidad el documento con las conclusiones y recomendaciones para conocimiento de todos los mexicanos.
Con información de La Jornada.