El Ayuntamiento de Solidaridad interpuso el primero de marzo del 2019 una controversia constitucional en contra de la ley de movilidad que fue aprobada por el congreso local a finales de mayo del 2018 y en la que según el análisis jurídico que realizaron, viola e irrumpe la autonomía municipal por lo cual se inició este proceso para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine o no la invalidez de esta ley.
Fue en el plazo de los 30 días hábiles dispuestos por la ley en que se ingresó la controversia constitucional contra la ley de movilidad, la cual según explicó el director jurídico del Ayuntamiento de Solidaridad, viola la autonomía municipal en diversos renglones: “Esta ley no solamente habla de un instituto de movilidad que va a decidir a nivel estatal las cosas que sucedan en todo el territorio del estado y obviamente dentro de los municipios sino que por otro lado también se presenta esta ley con una intervención que más bien yo podía llamar intromisión de la policía estatal en donde la policía estatal también se le están otorgando facultades en materia de tránsito, o sea que podemos ver ahí, que no solamente la policía municipal es la que se va a encargar, tránsito municipal, de las sanciones y de aplicar el reglamento de tránsito, sino que la policía estatal también lo va a estar realizando.
En este sentido también el gobierno estatal busca tomar decisiones en las vialidades municipales real y auténticamente hasta como estaba antes, pues teníamos carreteras federales, carreteras estatales que era donde el gobierno estatal normaba, regulaba, y las demás vialidades estábamos hablando de que eran vialidades municipales en donde las ayuntamientos deciden qué es lo que pasa, cómo se organizan cierre de calles, apertura de vialidades, ordenamiento de vialidades, etcétera. Ahora el estado entra en esa intromisión y eso es una afectación en ese sentido, igualmente con esta ley de movilidad también se quiere meter a regular el estado el tema de estacionamientos etcétera, y todo el tema esto implica y que obviamente también afecta las arcas municipales en el tema de recaudación ” señaló René Medrano.
Este no es el primer intento de violar la autonomía municipal por parte del gobierno del estado según refiere el director jurídico sino una consecuencia del resultado adverso obtenido en las elecciones del 2018 en la que los partidos afines al gobernador fueron derrotados en las urnas por lo cual buscan con estas nuevas leyes, acotar la esfera municipal y meter mano a la recaudación local.
“Es muy importante señalar que no es un hecho aislado del gobierno del estado, el gobierno del estado desde que casualmente el resultado que políticamente no le fue muy favorable con las elecciones del año pasado, automáticamente empieza a mandar un paquete de normatividad al congreso, a un congreso que le es favorable en este momento, todavía, empieza a mandar varias leyes, quitando y tratando de obtener control de materias que son 100% municipales, y esto lo señala el artículo 115 constitucional, se está metiendo en el desarrollo urbano y lo que impactan a las arcas municipales de los permisos, se presenta también en el tema de movilidad, y no en una coordinación como debería de ser el tema de la movilidad, si no prácticamente tratando de imponer sus decisiones y también impactando las arcas municipales, la última normatividad que sale es la que conocemos también de la ley de alcoholes en donde nuevamente quiere decidir los horarios para el expendio de bebidas alcohólicas en envase cerrado o al copeo, también quiere tener esa injerencia, no le bastaban sus llamadas patentes y estatales para ventas de bebidas alcohólicas si no ahora se entromete dentro del funcionamiento de los establecimientos mercantiles” señaló Medrano Ríos.
De igual manera, la controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento de Solidaridad en contra de los poderes legislativo y ejecutivo de Quintana Roo por la denominada ley de alcoholes, fue radicada por la SCJN quien dictó un auto de conexidad con las promovidas por los municipios de Othon P. Blanco y Benito Juárez para que sean analizadas por los ministros de la suprema corte como un solo caso.
Considera el equipo jurídico del Ayuntamiento de Solidaridad que este conjunto de leyes son violatorias de la autonomía municipal y por esta razón se han emprendido las acciones legales correspondientes.
“El día de ayer primero de marzo también salió el acuerdo de radicación donde ya trasmite el ministro a trámite y ahí en base a un principio que conocemos en derecho como conexidad al estar también la controversia constitucional de othón pompeyo blanco y de Benito Juárez Cancún entonces también van a acumular la de solidaridad a esos a esas otras dos controversias constitucionales para que la suprema corte las resuelva se pronuncie en el mismo momento sobre las controversias constitucionales.”