En solo cuatro años la población en las cárceles en México cayó casi 25%. Mientras que al cierre de 2014 había 255 mil 638 internos en prisiones locales y federales del país, en 2019 el registro es de 198 mil 384 personas presas.
La caída es de tal magnitud que se pasó de tener una sobrepoblación penitenciaria nacional de más de 20%, a una subocupación actual de un 10%. En suma, son 57 mil 254 menos.
Este descenso en la población penitenciaria, que contrasta totalmente con el crecimiento sostenido de 2006 a 2014, coincide con la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio que, entre otras cosas, eliminó el ingreso automático de personas a prisión preventiva dejando, esa medida solo para seis delitos. Esto hasta antes de una nueva reforma, aprobada hace dos meses, que volvió a expandir el catálogo.
La reducción de una cuarta parte de los internos en México también coincide con el crecimiento de la incidencia delictiva, y particularmente de los homicidios. Algunas personas, como el exjefe de Gobierno y exprocurador Miguel Ángel Mancera sostienen que ambas cosas se relacionan, que al estar menos en la cárcel hay más crimen. “No tengo duda de ello”, dijo al portal Animal Político.
Pero diversos especialistas consultados por el portal aseguran que no hay correlación probada entre ambos fenómenos, sino que al contrario, la disminución de la sobrepoblación penitenciaria es un avance en derechos humanos.
No obstante, todos se muestran a favor de que se revise el funcionamiento de los operadores del sistema penal –policías, fiscales y jueces- principalmente ante la reducción en el número de internos con sentencias, que también evidencian los datos que ahora se muestran.
A nivel estatal, en 27 de las 32 entidades federativas se redujo el número de internos en los últimos cuatro años. Colima, Chiapas, Sinaloa, Baja California Sur y Nayarit son las entidades con el mayor porcentaje de decremento en su población penitenciaria, mientras que Ciudad de México es la entidad con la mayor cantidad de internos menos: casi 15 mil.
El punto de quiebre
La información oficial proporcionada por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), a través de solicitudes de transparencia, muestra claramente una curva de ascenso en la población penitenciaria que se extendió al menos ocho años, para luego dar paso a un punto de quiebre, a partir de cual inició un descenso acelerado en los últimos años.
De 2006 a 2014, periodo correspondiente al sexenio de Felipe Calderón y la mitad del de Enrique Peña Nieto, el crecimiento de la población penitenciaria fue sostenido casi todos los años. El país paso de contar con 210 mil 140 personas privadas de su libertad en cárceles federales y locales en 2006, a 255 mil 638 reos en 2014.
Lo anterior equivale a un crecimiento, en ocho años, del 21.6% de la población penitenciaria, 45 mil internos más en ese periodo. El único año en el que hubo un ligero decremento fue de 2009 a 2010.
Fue a partir de 2015 cuando la población penitenciaria comenzó a decrecer, y a un ritmo mucho más rápido que el de su crecimiento.
Ese año cerró con 247 mil 488 internos. En 2016 el registro fue de 217 mil 868; el año 2017 cerró con 204 mil 761 internos; en 2018 el registro fue de 197 mil 988, mientras que hasta abril de 2019 el balance se mantenía casi igual, con 198 mil 384 personas recluidas.
Lo anterior equivale a un descenso cercano a un 25% en la población penitenciaria. En números exactos: 57 mil 254 internos menos. Ello significa que la caída en el número de personas en las prisiones se revirtió en menos de la mitad del tiempo en el que creció.
Como resultado el número de personas presas en 2019 es aún menor al registrado hace trece años, en 2016.
La caída de la población penitenciaria ha tenido un impacto significativo en el nivel de sobrepoblación en las cárceles, al menos en el promedio nacional.
En 2009 la cantidad de personas en prisión superaba en casi un 30% el total de lugares disponibles. Con el paso de los años se construyeron o ampliaron lo centros penitenciarios, pero aun así el nivel de sobrepoblación se mantuvo muy por arriba del 2o%
Pero a partir del ya descrito punto de quiebre en 2015, el promedio nacional de sobrepoblación penitenciaria comenzó a descender ubicándose en 18% en ese año, y desplomándose a 3% al año siguiente.
Y desde 2017 hasta la fecha el total de espacios disponibles ha estado por encima del número de personas recluidas, llegando a un nivel de subocupación del 10% en 2019. Ello significa que de cada 10 espacios disponibles en las cárceles uno está libre, situación inédita hasta la fecha.
¿Qué pasó? Menos presuntos culpables
A partir de los datos oficiales proporcionados por el OADPRS, Animal Político comparó el perfil de la población penitenciaria en 2014, el año con el mayor número de personas presas, respecto al que se registra actualmente, en 2019.
El resultado muestra que la disminución obedece en mayor medida a la caída en el universo de personas encarceladas de forma preventiva, es decir, internos bajo proceso penal pero aun sin sentencia que confirme si son culpables o no.
La información muestra que en 2014, de las 247 mil 488 personas en reclusión, 144 mil 748 eran internos con sentencia condenatoria que equivalen a un 58.5% del total, mientras que 102 mil 740 eran internos en prisión preventiva, que representan un 41.5%.
Para este 2019, donde la población penitenciaria cayó a 198 mil 384 internos, la cifra de internos sentenciados es de 122 mil 913, mientras que el de internos de forma preventiva es de 75 mil 47.
Ello significa que el universo de sentenciados creció (respecto a 2015) a 62%, mientras que el de prisión preventiva disminuyó a 38%.
Este cambio coincide plenamente con la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio, que en 2015 había sido adoptado ya por la mayoría de los estados, y que a partir de junio de 2016 se volvió de aplicación obligatoria para todo el país.
Con el sistema acusatorio se eliminó el encarcelamiento preventivo automático de personas detenidas, por varios delitos. Ello bajo el principio de que privar de la libertad a una persona que sigue siendo inocente (hasta que en un juicio se pruebe lo contrario) es una medida cautelar que debía limitarse solo a delitos muy graves, como homicidios o crimen organizado, o en aquellos donde las fiscalías justifiquen, con pruebas, que el perfil del presunto culpable (por su peligrosidad o por que puede escapar) hace inviable mantenerlo en libertad durante el juicio.
Recientemente, en abril de este año, se publicó una nueva reforma constitucional en donde se amplió el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa (automática). Entre los nuevos ilícitos incluidos está el de posesión de armas de fuego de alto calibre, así como diversos tipos de robo.
El incremento delictivo paralelo
El periodo en el que se ha reducido la población penitenciaria en el país, ya sea por una mayor salida de personas de prisión o un por menor ingreso a las mismas, ha coincidido con el incremento de los índices delictivos en delitos graves en México. Uno de los ejemplos más claros es el de los homicidios.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que de 2011 a 2014 se registró un descenso sostenido en la tasa de homicidios dolosos en el país. Pero a partir de 2015 esta situación comenzó a revertirse, con incrementos año con año, hasta llegar a una tasa récord en 2018 de 23.21 homicidios por cada cien mil personas. Fue un ascenso del 74% en los asesinatos, en solo cuatro años.
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Otros delitos, como el robo de vehículo o a transeúnte, también han experimentado un ascenso en sus tasas en el orden del 10 a 20%.
Para el senador Miguel Ángel Mancera, quien en los últimos 12 años fue tanto procurador de la Ciudad así como Jefe de Gobierno, no existe duda sobre que la salida de internos de las prisiones ha repercutido de forma negativa en las condiciones de seguridad.
“La salida (de los centros penitenciarios) fue descontrolada, acelerada y sin los controles necesarios, y esto generó la escalada de violencia como lo he venido diciendo desde hace años, solo en la CDMX se pasó de 40 mil a 25 reos. Una situación sin precedente”, dijo en entrevista.
Expertos difieren: hay un avance en derechos humanos
Expertos en materia de seguridad, justicia y derechos humanos difirieron del análisis hecho por Mancera y, por el contrario, señalan que la disminución de la población penitenciaria es un avance en materia de derechos humanos. Ello aun cuando consideran positivo que haya una constante evaluación y revisiones al sistema.
En el aspecto específico de si la reducción de las personas en prisión provocó un alza delictiva, Layda Negrete, Investigadora de la organización World Justice Project y coproductora del documental Presunto Culpable, dijo que se requeriría un análisis mucho más complejo, con diversas variables, y aun con ello es casi seguro que no exista dicho vínculo.
“Es una pregunta muy compleja para analizar las variables, y aun así no podríamos argumentar causalidad. Eso te lo diría como un científico social serio. Hay que recordar que antes, cuando subió la población penitenciaria entre 2012 y 2011 también subieron los homicidios. Por lo tanto no podemos hacer afirmaciones causales simplistas. Tenemos que tener mucho cuidado al respecto”, señaló.
Alejandro Madrazo Lajous, Doctor en Derecho por la Universidad de Yale e investigador del CIDE, sostuvo que no es posible probar un vínculo entre ambos temas porque muy probablemente no lo hay. Y subrayó que, por el contrario, la reducción de la sobrepoblación en las cárceles es un tema positivo y un avance obvio en materia de derechos humanos.
Sobre eso abunda Layda Negrete: “Las cárceles sobrepobladas tienen mayores riesgos a maltratar a las personas y a generar sistemas de autogobierno, donde la autoridad no es la que manda sino la población penitenciaria. Y además se está protegiendo de mejor forma la presunción de inocencia, no en el grado que quisiéramos ver, pero sí hay mayor protección de las condiciones de vida en prisión”.
Estefanía Medina Ruvalcaba, abogada fundadora de la organización TOJIL: Estrategia contra la impunidad, coincidió en que no hay información cualitativa que permita establecer una coincidencia entre violencia y población penitenciaria. No obstante, dijo que los datos deben dar pie a una evaluación del sistema de justicia en dos vertientes.
La primera es en cuanto al tema de las sentencias. La reducción de casi 20 mil internos presos con sentencia efectiva, explica Medina, debería ser estudiada con mayor profundidad para determinar si se debe a problemas que están enfrentando los fiscales, para obtener sentencias en el nuevo sistema penal, y de ser necesario corregir el rumbo en ese apartado.
Y la segunda es en el tema de la efectividad de medidas cautelares alternas a la prisión preventiva. Medina dijo que aun cuando la personas bajo proceso no estén en prisión se requiere que las unidades de medidas cautelar realicen un seguimiento adecuado de las medidas que se implementan.
“Sería interesante saber si hay un mayor número de personas que se sustraen de la justicia teniendo alguna de las medidas alternativas, que no son la prisión, y cuál es el impacto de ello. Es un dato importante”, dijo.
En lo que también coincidieron los expertos consultados es que las reformas al artículo 19 de la Constitución aprobadas en abril pasado, y que vuelven a incrementar el catálogo de delitos de prisión preventiva automática, son una medida regresiva, que puede traer de vuelta altos índices de sobrepoblación, y que además es poco efectiva para resolver el fondo de la inseguridad.
“El número de personas encarceladas no debe ser una medida de efectividad del sistema de seguridad del país, ni el objetivo del sistema de justicia. No es el fin meter a la cárcel a más gente sino reducir la violencia. Enfocarnos en personas en prisión es un mal lugar desde donde evaluar la política de seguridad”, dijo Layda Negrete.
Artículo publicado por Animal Político.