Los defensores indígenas Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro, reportados como desaparecidos desde el 12 de febrero, fueron localizados con vida.
El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, informó que ambos fueron ubicados este sábado a las 5:00 horas, en Tierra Colorada, y que se encuentran bien y protegidos.
Aunque no dio más detalles, Astudillo destacó la acción realizada por la Sedena, la Fiscalia General y del estado.
Hoy alrededor de las 5:00 hrs fueron ubicados los ciudadanos Obtilia Eugenio e Hilario Cornelio en Tierra Colorada, Guerrero; acción realizada en conjunto por @SEDENAmx @FGRMexico y @FGEGuerrero se encuentran bien y protegidos. Mi reconocimiento a estas corporaciones.
— Héctor Astudillo (@HectorAstudillo) 16 de febrero de 2019
Los activistas son parte de los más de 300 integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’ phaa (OPIM) la cual se fundó en 2002 para defender y promover los derechos de personas de origen tlapaneca.
Ambos desaparecieron mientras viajaban cerca de las 7:30 horas del 12 de febrero sobre la carretera federal Tierra Colorada-El Ocotito, en el municipio de Ayutla de los Libres, de acuerdo con autoridades.
Ese mismo día, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifestó su preocupación, principalmente en el caso de Obtilia Eugenio, pues según el organismo internacional, recibió amenazas de muerte días antes.
¿Cuál ha sido su labor?
La organización Amnistía Internacional describe a la OPIM como una iniciativa que ha fomentado proyectos de desarrollo económico y social para mejorar las condiciones de vida de las comunidades Me’ phaa.
Sin embargo, también defiende a sus integrantes cuando son víctimas de violaciones a derechos humanos. Estos son algunos casos por los que la organización ha sido reconocida a nivel nacional e internacional.
Un primer caso ocurrió en 1998, cuando 14 hombres indígenas pertenecientes a la comunidad de El Camalote, del municipio de Ayutla, en Guerrero, sufrieron esterilización forzada, pues se les engañó para que se sometieran a esta operación a cambio de beneficios sociales que nunca recibieron.
Casi 10 años después, en diciembre de 2007, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a las autoridades responsables a pagar reparaciones a las víctimas.
“Algunas de las recomendaciones de la Comisión se han aplicado, pero no se ha hecho rendir cuentas a ninguna de las personas responsables de las esterilizaciones forzadas”, refirió Amnistía Internacional en un informe publicado en 2008.
En 2002, la OPIM intervino en la defensa de dos mujeres indígenas que fueron violadas por integrantes del Ejército, un caso que incluso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En dos incidentes distintos, soldados mexicanos detuvieron a Inés Fernández Ortega y a Valentina Rosendo Cantú, las interrogaron y las violaron, por lo que miembros de la OPIM, junto con otras organizaciones civiles acompañaron el caso.
En octubre de 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atrajo el caso para investigar el gobierno mexicano por dar a las víctimas un acceso efectivo a la justicia.
Por este caso, integrantes de la OPIM denunciaron actos de hostigamiento e intimidación, así como ataques y amenazas por reclamar justicia en el caso.
En 2004, Obtilia recibió la siguiente amenaza en una carta: “[…] tu [sic] sigue dando duro golpe a nosotros, sigue con tu mentira de violación a Valentina e Inés, ya basta [de] estupideces, de lo que nos echas, ya te vamos a dar gusto de por si tenía hambre [e]l gusano de ti […]”.
Todavía en 2017, el Tribunal internacional decidió mantener medidas provisionales para Obtilia Eugenio Manuel, para su familia, así como para 41 integrantes de la OPIM y de otras organizaciones, como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, debido a las “amenazas, seguimientos, interceptaciones telefónicas, entre otras acciones” de las que fueron víctimas por dar seguimiento al caso.
Este viernes 15 de febrero, integrantes del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres iniciaron una brigada de búsqueda de Obtilia e Hilario, pues en el caso de la primera, es una de los 38 coordinadores del gobierno municipal electo mediante procesos normativos de los pueblos originarios.
De acuerdo con un reporte del diario El Sur, los integrantes del concejo entrevistaron a choferes de los sitios de taxis en el camino entre Ayutla y Chilpancingo, por el que pasaron en transporte público la dirigente y su compañero, para intentar rastrearlos.
Con información de Animal Político.