Lenta avanza la justicia para los 49 niños de entre cinco meses y cinco años de edad que perdieron la vida, así como para los 106 menores que resultaron heridos en el incendio del 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora.
Lo que en un principio parecía un accidente, se fue revelando como el trágico resultado de una mala administración de las estancias infantiles en el estado. Peritajes señalaron que la Guardería ABC parecía más una bodega con puertas de emergencia clausuradas, falsos techos y estructuras endebles que dificultaron la salida de los empleados, que un jardín de infancia.
A 10 años de la tragedia y del comienzo de la lucha de los padres de los niños fallecidos todavía no hay responsables claros por esos hechos, y quienes han sido señalados permanecen en libertad: 19 personas han sido sentenciadas; sin embargo, por tratarse de delitos culposos (no graves), ninguna está en prisión.
Y a pesar de que los familiares de los menores exigieron que se enjuiciara a los copropietarios de la guardería, ninguna instancia federal o estatal lo hizo. En 2012 la socia fundadora de la Guardería ABC, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Zavala, fue absuelta por el magistrado del primer tribunal unitario del quinto circuito, Pablo Ibarra Fernández; al siguiente año, Gildardo Urquídez, ex tesorero del PRI estatal y socio de la estancia infantil, también fue liberado de culpa de manera anticipada.
Personajes como Eduardo Bours, gobernador de Sonora 2003-2009, así como los ex directores del IMSS Daniel Karam y Juan Molinar Horcasitas, este último fallecido en mayo de 2015, nunca fueron considerados responsables por lo sucedido, a pesar de los señalamientos por negligencia y omisión en su actuación.
Además, en 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación exculpó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la tragedia en la Guardería ABC, al negar la existencia de un desorden generalizado en el otorgamiento, operación y vigilancia de las estancias infantiles subrogadas por la institución.
A una década de la que es considerada la peor tragedia infantil que se ha registrado en México, el 22 de mayo pasado el IMSS formuló una denuncia penal contra el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours, a quien acusa de haber incumplido con sus responsabilidades como titular del funcionamiento de Protección Civil estatal.
En la actualidad solamente hay funcionarios menores imputados por el incendio en la guardería y ninguno de los sentenciados está en la cárcel debido a los múltiples amparos que han interpuesto ante la Corte, porque los delitos de los que son acusados (homicidio y lesiones culposas) son considerados no graves.
También la Fiscalía General de la República (FGR) advirtió a los padres de familia de los niños que fallecieron en la guardería que por falta de evidencias desechará la hipótesis de un posible “incendio intencional” y pidió a los familiares aportar pruebas de que la conflagración fue causada, revela un oficio obtenido por el portal MILENIO (IMSS denuncia a Bours por Guardería ABC 4/04/19).
DENUNCIAN A BOURS
El 22 de mayo el IMSS presentó una denuncia ante la FGR contra el ex gobernador Eduardo Bours por el siniestro de la guardería. “LOS PADRES NOS CULPAN”, REVELAN LAS MAESTRAS Las llamas que consumieron la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, se apagaron hace 10 años; sin embargo, para algunas de las 22 maestras que se encontraban en el lugar ese 5 de junio de 2009 el infierno todavía no termina.
Se trata de mujeres que han sido amenazadas de muerte por algunos padres de familia, quienes las culpan por la muerte de sus hijos; mujeres que han sido discriminadas y rechazadas en otras estancias infantiles; mujeres que no tienen trabajo y que viven con afectaciones debido a los daños que les dejó el fatal acontecimiento.
En la guardería había más de 200 niños al momento del incendio y ellas lograron rescatar a decenas; sin embargo, en sus rostros se refleja el dolor de no haber podido hecho nada por 49 de ellos.
Tras las pesquisas de las autoridades para encontrar culpables, recuerdan que en agosto de 2015 la entonces PGR en Sonora pidió girar 22 órdenes de aprehensión en su contra; se les acusaba de lesiones y homicidio culposos; sin embargo, el juez Ricardo Ruiz resolvió negar las órdenes, al considerar que “las maestras sí llevaron a cabo acciones de evacuación y salvamento de muchos de los infantes”.
Al recordar que estuvieron a punto de pisar la cárcel, sus palabras reflejan una mezcla entre enojo y tristeza: “Los verdaderos culpables están en libres”.
Con información de Milenio.