La Unidad General de Asuntos Jurídicos y la Dirección General Adjunta Penal y Civil de la Segob investigan la legalidad de diversas contrataciones hechas en el gobierno pasado a por lo menos 24 empresas y universidades. Las contrataciones se hicieron entre 2016 y 2017 e involucran más de 2.1 mil millones de pesos.
Por lo menos 24 empresas privadas e instituciones académicas proveedoras de bienes y servicios a la Secretaría de Gobernación (Segob) en el sexenio anterior son fiscalizadas actualmente: los contratos revisados les fueron otorgados entre 2016 y 2017, por un monto de 2 mil 183 millones 900 mil pesos, revelan documentos internos de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y la Dirección General Adjunta Penal y Civil de esa dependencia.
En las investigaciones y auditorías participan la Secretaría de la Función Pública a través del Órgano Interno de Control (OIC) y la propia Segob, las cuales revisan contratos de suministro de alimentos, insecticidas, medicamentos, insumos generales, letrinas, una planta potabilizadora, vales de despensa y servicios de asesoría.
Una de las empresas beneficiadas con contratos gubernamentales es Farmmedic, SA de CV, la cual recibió 269.8 millones de pesos por 10 pedidos de medicamentos, tres en 2016 y siete en 2017. De acuerdo con documentos oficiales, dicha compañía está relacionada con la industria de medicamentos y tiene un supuesto domicilio fiscal en Real del Monte, Hidalgo, además de tener oficinas en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México.
Sin embargo, en la revisión que hicieron las autoridades sobre esa empresa farmacéutica se precisa que “se trata de una empresa inexistente en internet, con domicilio social y fiscal en Real del Monte, estado de Hidalgo”. En internet sólo aparece que es una “empresa de comercio al por mayor de productos farmacéuticos”, pero no da mayor información del servicio que dice proporcionar.
Otra empresa de medicamentos beneficiada por la Segob es Fármacos Darovi, SA de CV, la cual aparece con tres pedidos por un monto total de 65.6 millones de pesos.
Dicha lista de empresas, incluidas en documentos reservados de la Secretaría de Gobernación, aparecen también dos instituciones académicas que prestaron servicios de asesoría en 2016, por lo cual recibieron 25.2 millones de pesos. Se trata del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, Veracruz, con un pago de dinero público por 9.9 millones de pesos, y la Universidad de Colima, con contrato de asesoría por 15.3 millones.
En el rubro de vales de despensa aparece la empresa Toka Internacional, SAPI de CV, a la cual la Segob le asignó dos contratos por un total de 707.4 millones de pesos: uno en 2016 por 341.5 millones y otro en 2017 por 365.9 millones.
En el rubro de insecticidas, Gobernación gastó en esos 2 años 107.5 millones de pesos, a favor de las empresas Codequim, SA de CV, con un contrato en 2017 por 11.1 millones de pesos; Eco Suministros, SA de CV, un contrato en 2016 por 14.5 millones, y Public Health Supply and Equipment de México, SA de CV, con seis contratos (tres en 2016 y tres en 2017) por un total de 81.9 millones de pesos.
Otro apartado corresponde a cuatro empresas de despensas de alimentos, que en conjunto recibieron contratos en 2017 por 98.8 millones de pesos. Productos Serel, SA de CV, tuvo tres pedidos por 37.8 millones de pesos; Comercializadora Presako, SA de CV, hizo tres entregas por 36.9 millones de pesos; Empacadora el Fresno, SA de CV, un pedido por 13.7 millones, y Comercializadora MLTD, SA de CV, un contrato por 10.4 millones.
Las 10 empresas del apartado de insumos generales recibieron en total 674.9 millones de pesos en los años de 2016 y 2017. La que más recibió fue la persona física Karina Rosalba Chacón López, a quien le asignaron siete pedidos (dos en 2016 y cinco en 2017) por 152.4 millones de pesos, revelan documentos oficiales de Gobernación.
Las otras beneficiadas son Comercializadora Drosan, SA de CV, con un contrato en 2016 por 14.1 millones de pesos; Comercializadora Presako, SA de CV, tres pedidos en 2017 por 85.2 millones; Consultoría y Desarrollo Municipal, SA de CV, seis pedidos (dos en 2016 y cuatro en 2017) por 83.2 millones; Desarrollos Verdes Sustentables, SA de CV, cuatro pedidos (uno en 2016 y tres en 2017) por 59.6 millones; DG Servicios, SA de CV, un contrato en 2016 por 12.8 millones; Grupo Absol, SA de CV, dos pedidos en 2017 por 87.4 millones; Materiales para la Vivienda Social Mavissa, SA de CV, cuatro pedidos en 2017 por 73.6 millones; Maylex Comercializaciones, SA de CV, seis pedidos (uno en 2016 y cinco en 2017) por 78 millones, y Naivi Ramírez Clemente, dos pedidos en 2017 por 28.6 millones de pesos.
En letrinas fue la empresa Renta de Regaderas y Servicios, SA de CV, la que recibió 44.1 millones de pesos en dos pedidos que realizó en 2017. La planta potabilizadora Servicios y Soluciones de Alto Impacto Sai, SA de CV, hizo tres pedidos por 191.6 millones de pesos.
La Dirección General para la Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobernación fue el área que hizo el mayor número de los requerimientos señalados como mayores cada uno a 10 millones de pesos.
Otros contratos relevantes que también son investigados:
- Contrato SG/CPS/11/2018, asignado bajo el concepto de “seguridad nacional”, fracción III del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), para la empresa Jet Van Car Rental, SA de CV, la cual habría otorgado un supuesto servicio “relevante” al Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), dependiente de Gobernación. Sobre este contrato “no se cuenta con la información sobre la contratación de este servicio, por lo que se debe revisar la justificación y el anexo técnico”.
- Contratos SG/CPS/54/2018 y SG/CPS/57/2018. Ambos cubren un mismo servicio, por lo cual el OIC de Gobernación revisa esta irregularidad. El primer contrato fue asignado a la empresa Abastecedor Corporativo, SA de CV, y el segundo a la empresa Café 1810, SA de CV. Esto significó una duplicidad que no fue aclarada durante el gobierno anterior. En ese sentido las autoridades advierten que “tendrán que validar el anexo técnico para poder determinar el efecto de la contratación del servicio, así como la justificación del mismo, pues encontraron la contratación del mismo con dos proveedores”.
- Un Acuerdo de 2018, sin número, supuestamente para servicio de protección federal. Clasificado por la Segob como un “asunto relevante”, plantea que se tiene que validar el anexo técnico y tener la justificación correspondiente.
- Contrato SG/CPS/44/2018, asignado de manera directa a la empresa Radiomóvil Dipsa, SA de CV, bajo el concepto de “seguridad nacional”, fracción IV del artículo 41 de la LAASSP. Se revisará el anexo técnico y la justificación.
- Contratos SG/CPS/44/2018, SG/CPS/29/2017 y SG/CPS/59/2017, asignados bajo el artículo 41 fracción I, exclusividad, a la empresa Radio Móvil Dipsa, SA de CV, para la prestación de servicio de telefonía. Las autoridades revisar el anexo técnico y la justificación.
- Contrato SG/CPS/65-1/2017, adjudicado directamente a la empresa Manuel Barrera y Asociados, SA de CV, bajo el artículo 41 fracción IV, “seguridad nacional”, para el análisis y revisión de la situación que guardan los recursos transferidos de la extinta Secretaría de Seguridad Pública. Se revisará anexo técnico y su justificación.
- Contrato SG/CPS/71/2017, asignado a Comtelsat, SA de CV, para un servicio integrado con tecnología satelital y de internet que permita digitalizar y poner a disposición archivo de audio y video en formato HD. En el informe oficial se afirma que el riesgo encontrado es “evitar costos adicionales”, por lo que se revisará el anexo técnico y la justificación.
- Contrato SG/CPS/72/2017, asignado a la empresa Promex Extintores, SA de CV, bajo el concepto de “seguridad nacional”: fracción IV del artículo 41 de la LAASSP, para el “servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a sistemas contra incendio, detección temprana de humo y extintores de la Segob”. No hay escrito que justifique la contratación y se pide revisar anexo técnico.
- Contrato SG/CPS/73/2017, entregado sin licitar a la empresa Grupo Distribuidor Universal Daga, SA de CV, bajo el concepto de “seguridad nacional”, fracción IV del artículo 41 de la LAASSP. El servicio contratado es para el “mantenimiento preventivo y correctivo a subestaciones, ups y plantas de emergencia de la Segob”. Tampoco tiene escrito de justificación y se advierte revisar anexo técnico.
- Contrato SG/CPS/78/2017, otorgado directamente a la sociedad civil Opinión Mund, SC, bajo el concepto de “seguridad nacional”, fracción IV del artículo 41 de la LAASSP. El trabajo contratado fue de “investigación para el desarrollo de servicio de carrera penitenciaria federal con perspectiva de género”. Según Gobernación, no existe escrito que justifique la asignación directa, por lo que se debe revisar el anexo técnico.
- Contrato SG/CPS/03/2017, asignado sin licitar por la Oficialía Mayor, a cargo de Jorge Márquez, a la empresa producción y Eventos Rive, SA de CV, como un asunto de “seguridad nacional”, fracción IV del artículo 41 de la LAASSP, para el “servicio de suministro de productos alimenticios para el comedor de Oficialía Mayor”. Se pide en Gobernación revisar el anexo técnico porque no cuenta con justificación por escrito.
- Contratos SG/CPS/40/2017 y SG/CPS/13/2016, asignados bajo el concepto de “seguridad nacional” a la empresa Alimentos Contemporáneos Pedregal, SA de CV, para la “Oficina del secretario”, el suministro de “víveres e insumos para el comedor de la Unidad Administrativa 100, tales como abarrotes, lácteos, carnes de res, cerdo y pollo, pescado, mariscos, frutas, verduras, legumbres y otros, los cuales son necesarios para elaborar los alimentos que se suministran al Secretario de Gobernación, a los servidores públicos de alto nivel que asisten a reuniones de trabajo con él y diversos invitados como secretarios de Estado, gobernadores, diputados, senadores y el personal del Staff. Se pide revisar el anexo técnico y no hay escrito que justifique la asignación directa”.
- Contrato transexenal SG/CPS/85/2016-2019, asignado a las empresas Sixsigma Networks México, SA de CV; Smart Security Services, SA de CV; Metro Net, SAPI de CV, y Masnegocio.com SAP de CV, para el servicio de “dar continuidad a los servicios informáticos que la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal proporciona a las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal, registros civiles e instituciones privadas”. Se pide revisar anexo técnico y justificación.
- Contrato SG/CPS/87-1/2016, asignado sin licitar por “seguridad nacional” a la empresa Morpho, SAS, para el “servicio de mantenimiento, procesamiento y soporte técnico especializado para el sistema automatizado de identificación de huellas dactilares (AFIS). No tiene escrito de justificación y se pide revisar el anexo técnico.
- Contrato SG/CPS/100/2016, asignado sin licitar por “seguridad nacional”, fracción IV del artículo 41 de la LAASSP, a la empresa EMC Computer Systems México, SA de CV, para la “operación de almacenamiento de la SAN (Storage Area Network/área de red de almacenamiento) centralizada para los data center con que se cuenta en las instalaciones del Centro de Inteligencia de la Policía Federal (CIPF), el Conjunto Nacional de Telecomunicaciones (Contel) y el Centro de Datos Alternos de Hermosillo, Sonora (CDAH). No hay anexo técnico ni escrito de justificación.
Artículo publicado por Contralínea.