El Gobierno de México retiró a Rosi Orozco, presunta activista “contra de la trata” de personas, un departamento de lujo de más de 20 millones de pesos que pertenecía a los mexicanos y que ella disfrutaba.
También retirará a su esposo otra propiedad con un valor superior, informó esta mañana Ricardo Rodríguez Vargas, quien fuera director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y ahora el primero en encabezar el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, una oficina pública que se encargará de invertir, entre los pueblos más pobres de México, los recursos decomisados a corruptos y criminales.
“La instrucción ha sido muy puntual: que estos bienes no se almacenen; anteriormente funcionaba como un Robin Hood al revés: se le quitaba al pueblo y se le entregaba a los corruptos. Ahora ya no. Ahora la instrucción es devolverle al pueblo, legítimo dueño de estos recursos, de forma expedita, clara y transparente y con un destino manifiesto”, dijo en conferencia con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con la investigación realizada por la Senadora del PAN y presidenta de la Comisión Contra la Trata del Senado de la República Andriana Dávila Fernández, y que incluyó en la carpeta con documentos como contratos y fallos de asignaciones directas de contratos que entregó a Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, la familia de Rosa María de la Garza Ramírez, o Rosi Orozco, recibió en contratos de dependencias federales y de la Ciudad de México 13 millones 930 mil 333 pesos.
Rodríguez Vargas agregó que el Gobierno federal quiere subastar una propiedad valorada en 33 millones de pesos, localizada en Jardines del pedregal. “Esta residencia la tenía para una fundación de la Confederación Nacional Campesina (CNC) el ex Senador de la República Gerardo Sánchez, que fue dirigente de la CNC y una fundación de la CNC la tenía en depositaría”.
Con información de Sin Embargo.