El gobierno de Enrique Peña Nieto destinó más de 10 mil millones de pesos a la operación de ProMéxico, organismo creado para promover y atraer inversión extranjera que Andrés Manuel López Obrador desaparecerá. Gran parte de la burocracia dorada de la pasada administración se encontraba en este fideicomiso público: un director general ganaba más de 200 mil pesos mensuales, una secretaria particular 130 mil y un chofer casi 50 mil.
Otros cargos recibían su remuneración en dólares o euros y rebasaban estos salarios: un ministro de Washington percibía más de 21 mil dólares mensuales por concepto de sueldo neto y “carga social por plaza”, que al tipo de cambio de estos días representan casi 400 mil pesos. Un monto similar en moneda nacional tenía el puesto de Consejería de Suiza, quien ingresaba más de 19 mil euros al mes; o una “primer” secretaria de Qatar, con 17 mil euros, es decir, más de 364 mil pesos.
Además de sus ingresos, el personal adscrito a las oficinas de representación en el extranjero recibía como prestaciones seguro de vida, prima vacacional, aguinaldo y gratificación de fin de año, así como gastos de instalación, defunción, ayuda de educación y renta, menaje de casa y boletos de avión. De acuerdo con diversas solicitudes de información, el sueldo mensual neto asignado tan solo a 42 funcionarios de ProMéxico ascendió a 10 millones 26 mil pesos, lo que representó un gasto anual de más de 120 millones de pesos.
Otro de los principales gastos dio en la renta de oficinas en ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, Chicago y Seattle; de Europa, como Milán, Frankfurt y Estocolmo, y de Asia, como Seúl y Taipéi, entre otras. En total, durante el pasado sexenio priista se rentaron oficinas en 20 ciudades por un monto de más de 148 millones 740 mil pesos.
ProMéxico fue constituido en 2007 mediante un decreto del presidente Felipe Calderón. Hasta la pasada administración contaba con 46 oficinas en 30 países de África, Asia, América, Sudamérica, Europa y Oceanía.
Antes de asumir el cargo, López Obrador garantizó que este organismo desaparecería porque “puro recomendado” laboraba en dichas oficinas. Sin embargo, a cuatro meses de su gobierno, ProMéxico sigue operando. Según el oficio UAF/DERH/168/2019, la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos informó que “continúa operando” y a la fecha se mantienen “servidores públicos laborando en las oficinas de representación”.
Incluso en el presupuesto de este año, este fideicomiso público recibió recursos por más de 914 millones de pesos. En el apartado de Función Pública y buen gobierno, se le destinaron casi 11 millones de pesos. Mientras que en el rubro de Servicios de apoyo administrativo en desarrollo económico se le asignaron más de 56 millones. Estos montos representaron disminuciones de 13 y 18 por ciento, respecto al año pasado.
Además, en el apartado de Libre comercio con el exterior e inversión extranjera, ProMéxico obtuvo más de 678 millones de pesos; en el de Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera, 165 millones; totales que representaron una reducción de 8 y 32 por ciento. Estos recortes contrastan con los incrementos que tuvo con Peña Nieto.
En 2015 el organismo alcanzó el mayor presupuesto: mil 900 millones 465 mil 224 pesos; en 2013 tuvo el menor, con mil 22 millones 827 mil 158 pesos. Y es que las plazas casi se triplicaron desde que empezaron a operar las oficinas, al pasar de 24 funcionarios en 2008 a 60 en 2018. En el oficio UAF/SI/063/2019 ProMéxico aclaró que “cada una fue ocupada por un servidor público asimilado al Servicio Exterior Mexicano”.
Con información de Milenio.