En la fase de audiencias del juicio político que se sigue en la Cámara de Diputados contra Rosario Robles Berlanga, este viernes se evidenció que al menos desde 2014 la exfuncionaria supo de los esquemas de desvíos millonarios operados en sus gestiones al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
No sólo eso, también quedó exhibido que el equipo de Robles ocultó información y se resistió a colaborar con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mientras ésta realizaba la investigación sobre las “simulaciones de servicios” a través de convenios con universidades y entidades públicas estatales, que posteriormente se conocieron como Estafa Maestra.
Dos actores claves de la ASF en el sexenio pasado, Juan Manuel Portal –su extitular– y Muna Dora Buchahin Abulhosn, quien hasta junio de 2018 realizaba las auditorías forenses, así como un excolaborador cercano a Robles, hundieron a la exfuncionaria ante la Sección Instructora de la Cámara baja, encargada de realizar las audiencias en el primer juicio político en 93 años.
Otros testigos, quienes formaron parte del equipo de Robles en la Sedesol y la Sedatu, deslindaron su responsabilidad sobre los desvíos –sin negar que éstos hayan ocurrido– o rechazaron haber firmado los convenios.
“Yo personalmente le mostré (a Robles) el modus operandi a través de unos mapas donde veíamos el dinero que llega de la Secretaría de Hacienda a las dependencias –Sedesol, Sedatu–, cómo lo distribuyeron con contratos a universidades y éstas a otros muchos, hasta donde se perdía el dinero. Ella lo sabía perfectamente”, aseveró Portal.
Con una voz disminuida por un resfriado, el exauditor sostuvo incluso que “en la última reunión que tuvimos con ella, (Robles) ofreció no volver a hacerlo, reconociendo lo que se estaba observando por parte de la ASF. Dijo: ‘Ok, lo voy a dejar de hacer ya’ (…) Habrá sido a principios de 2017”.
Recordó: “En una reunión en mi oficina con el equipo y con la señora (Robles), su oficial mayor (Emilio Zebadúa González), el que manejaba todo, me informaron que ya estaba toda la comprobación afuera, en un camión, que tenía 65 cajas. Pedí que fueran a ver las cajas y eran, como dije, basura: fotocopias de mil cosas que no tenían ninguna relación con los pagos.
“Mis reuniones con ella fueron diversas, algunas con todos sus colaboradores interesados en el tema, que ella citaba, y en otras ocasiones únicamente yo, para informarle lo que estaba haciendo. La respuesta fue negativa, evasiva, y con todos los elementos que teníamos se los enseñamos”, abundó el hombre, quien momentos más tarde resaltó que “todos los informes fueron notificados a la secretaria”.
En respuesta a un cuestionamiento de la defensa, que le preguntó si existían convenios irregulares firmados por Robles, Portal soltó: “No hay un solo titular que firme las cosas que están hechas indebidamente. Todo es por instrucciones”.
Enrique González Tiburcio, quien fuera asesor de Robles y subsecretario en la Sedatu –también se encuentra imputado en la causa penal contra la exfuncionaria–, sostuvo que informó “de manera personal, directa y verbal” a Robles sobre una serie de “convenios falsificados” de la subsecretaría a su cargo y le reclamó que en ellos aparecía su firma apócrifa; también aseguró que lo denunció ante el Órgano Interno de Control (OIC).
Con información de Proceso.