Cada año el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, cuyo origen data de 1857 durante la huelga de mujeres en la fábrica de textiles Sirtwoot Cotton, en Nueva York, quienes exigieron la disminución de extenuantes jornadas de trabajo, la igualdad salarial entre mujeres y varones, así como la mejora en las condiciones de higiene en las fábricas.
Esta protesta ha sido trascendental en la lucha por el reconocimiento de derechos laborales de las mujeres trabajadoras, e igualmente, escalafón en la lucha por otros derechos humanos fundamentales para la vida digna de las mujeres, que, a la fecha, continúan sin ser reconocidos, ¡y mucho menos garantizados y protegidos!
No es casual que sean las mujeres quienes conforman gran parte de la base social de los diversos movimientos sociales surgidos durante la historia, pues son ellas quienes se han enfrentado no sólo a la explotación y mercantilización ocasionadas por el sistema económico capitalista, sino que han tenido que protagonizar luchas históricas contra la dominación, la reproducción y la reconfiguración del sistema patriarcal enquistado en toda clase social y por supuesto, dentro de los propios movimientos sociales de los que forman parte.
En esta misma línea, es indispensable mencionar que, a nivel mundial, los movimientos de mujeres y feministas, respectivamente, han señalado que el trabajo que realizan las mujeres en el hogar (cocinar, aseo del hogar, gestión y administración de los gastos de la casa, recolección de agua, trabajo en el campo, etc.) y de cuidado (principalmente de niños, personas adultas adultas mayores, personas enfermas), debe ser reconocido como un trabajo que aporta entre el 10% y el 39% del PIB¹ (de acuerdo a las condiciones de cada país), lo que significa que este trabajo sostiene gran parte de la economía de las naciones, y sin embargo, ¡no es reconocido ni garantizado como tal!
A este respecto, pareciera obvio decir que gran parte de las mujeres en el mundo son quienes realizan este trabajo, aunque no cuenten con derechos laborales (como son salario, seguridad social, vacaciones, entre otros), por lo que legislar y generar políticas públicas en esta materia es una tarea urgente que tienen los Estados, pues son las mujeres y su trabajo quienes suplen las carencias que éstos no garantizan.
Tampoco es coincidencia que ante el avance de la derecha y del poder económico en América Latina y el mundo, surjan movimientos internacionales como el Paro Internacional de Mujeres, en 2016, cuyos antecedentes más inmediatos son las movilizaciones en Polonia (2016) en torno a la intentona de introducir un proyecto de ley para penalizar el aborto, así como las protestas contra los feminicidios de siete mujeres ocurridos en Argentina en una semana (2016), al igual que el internacionalismo de los movimientos de mujeres y feministas, surgidos en contextos de exacerbada violencia hacia las mujeres y la negación y omisión de sus derechos más fundamentales (como la propia vida y el derecho a vivir libres de violencia).
Provocado por el poder que tienen las mujeres para organizarse, solidarizarse y acompañarse, resulta conmovedor y a la vez esperanzador atestiguar la fuerza que tienen los movimientos como el Paro Internacional de Mujeres, que, como en años pasados, este 8 de marzo de 2019 también se moviliza. También el Primer Encuentro Internacional, Político, Artístico, Deportivo y Cultural de Mujeres Que Luchan, convocado por las mujeres zapatistas en el Caracol Morelia, Chiapas, en marzo de 2018, es otro referente de lucha para muchas de nosotras, y aunque pareciera que estuvo más focalizado a la región latinoamericana, en realidad hubo un llamado internacional (#PorqueAcordamosVivir). Ambos son esfuerzos que van más allá de fechas conmemorativas: ¡son luchas políticas!
En los dos casos, hay una invitación y un compromiso con nosotras mismas para seguirnos encontrando, y así trabajar por generar transformaciones: “acordamos vivir, y como para nosotras vivir es luchar, pues acordamos luchar cada quien según su modo, su lugar y su tiempo”². Toca construir “Otros Mundos Posibles” para nosotras, pero para transformar y construir desde otro lugar desestructurando milenarias dinámicas de opresión, es imprescindible partir de definiciones y prácticas políticas como la sororidad.
Las mujeres nos hemos visto en la necesidad de crear mecanismos de seguridad y exigibilidad de nosotras para nosotras. En este sentido, cabe señalar que es también la lucha de nosotras la que ha impactado en la jurisdicción, por ejemplo, en la creación de leyes, entre ellas, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el reconocimiento del tipo penal del feminicidio, o bien, la creación del mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
En este sentido, consideramos importante recordar que la Ciudad de México, la cual se ha llegado a plantear como una “ciudad segura”, “progresista” e incluso “rosa”, tiene una solicitud de AVGM desde el 7 de septiembre de 2017, la cual no se ha resuelto. Así pues, resulta trascendental mencionar que la AVGM se solicitó en la CDMX por dos razones principales: el contexto de violencia feminicida en la ciudad y la falta de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia.
Hemos constatado reiteradamente que las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia cometen acciones y omisiones que obstruyen el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia, por lo que concebimos la AVGM como una hoja de ruta que permitirá fortalecer las áreas de oportunidad de las instituciones, ya que hace posible emitir diagnósticos profundos, medidas de atención y procesos de evaluación para poder garantizar el derecho que tenemos a vivir una vida libre de violencia.
El pasado miércoles 6 de marzo de 2019, en conferencia de prensa, la Secretaría de Gobernación presentó el Plan Emergente para Garantizar la Integridad, la Seguridad y la Vida de las Mujeres y Niñas en México, en el cual se menciona la actualización de las AVGM en todo el país. Con respecto a esto, debemos señalar que hasta el día de hoy, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), institución rectora en los procesos de AVGM, se encuentra sin titular, por lo que es urgente su designación, teniendo en cuenta que debe contar con un perfil idóneo y que le permita desarrollar óptimamente su cargo.
Finalmente, el aparato institucional y los mecanismos jurisdiccionales impulsados y reconocidos a través de nuestras exigencias, tienen que ser efectivos y conscientes de la grave situación que vivimos las mujeres, para emitir acciones contundentes que nos permitan vivir sin miedo, porque las palabras de la consigna “¡Ni una menos!”, no son palabras lanzadas al aire, sino una promesa que debe ser cumplida.
Con información de Animal Político.