En el último año de gobierno del priista Enrique Peña Nieto, el equipo de Rosario Robles Berlanga en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) generó un “probable daño” de 567 millones 367 mil pesos al erario, porque dejó inconclusas cerca de 26 mil obras de mejoramiento de viviendas populares, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El organismo fiscalizador precisó que esta irregularidad se cometió a través del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), año tras año desde 2015 –cuando Robles encabezó la Sedatu–, por un monto que sumó 4 mil 77 millones de pesos, en cuatro años.
Robles se encuentra recluida en la cárcel de Santa Martha Acatitla desde agosto pasado, debido a los desvíos multimillonarios de programas sociales que la ASF detectó durante sus gestiones en la administración de Peña Nieto, conocidos como Estafa Maestra.
En dos informes de auditoría publicados ayer, la ASF encontró una serie de anomalías en la operación del Programa Nacional de Vivienda, que además estuvo mal diseñado, mal planeado y mal implementado, y concluyó que “en 2018 el Fonhapo no acreditó que erogó los recursos con eficacia y eficiencia”.
Por ejemplo, detectó que, en la delegación de la Sedatu en la Ciudad de México, 460 mil 448 pesos del programa fueron a parar “sin fundamento” a la cuenta bancaria personal de Víctor Alejandro Pedraza Zepeda, un extrabajador del DIF en el Estado de México, quien en ese entonces era subdelegado en la capital del país.
Actualmente Pedraza labora en la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en la capital mexicana.
La ASF también señaló que el propio equipo de trabajo del Fonhapo ni siquiera fue capaz de frasear de manera correcta el problema público que pretende atacar: planteó que su objetivo es “limitar el acceso a vivienda digna con materiales de calidad para hogares en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar, en condiciones de vulnerabilidad, rezago y marginación”.
“La conjugación del verbo ‘limitar’ utilizada por el Fonhapo no hace referencia a un fenómeno que se presente en la población objetivo, sino a una acción que se pretende hacer en dicha población”, subrayó el organismo.
La ASF reveló que, de una muestra de 2 mil 324 expedientes de obras de mejoramiento de viviendas, apenas 337 fueron completos –los de la Ciudad de México y de un municipio yucateco, principalmente–, pues ni la delegación de la Sedatu en Chiapas, ni la de Oaxaca, contaban con un solo expediente bien integrado.
Con información de Proceso.