En México se cometen unos 30 millones de delitos al año; sin embargo, no hay capacidad institucional para atender el problema y el 98 por ciento de los casos permanece en la impunidad, advirtió el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.
El funcionario indicó que, para erradicar la llamada “puerta giratoria” en el sistema procesal acusatorio, es necesario fortalecer los mecanismos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y buscar mecanismos de coordinación para enfrentar la corrupción.
Afirmó que la parte central del problema es que no se ha logrado alcanzar el número de sentencias condenatorias por lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o cualquiera de sus delitos relacionados, ni se ha logrado un decomiso de bienes instrumento de delito.
Nieto Castillo propuso durante su participación en el foro “Más Transparencia igual a menos Corrupción”, realizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, formar grupos de trabajo a nivel nacional y binacional que permitan el intercambio de información como elemento para combatir la corrupción.
Asimismo, afirmó que se debe atacar al sicariato enfocándose en las estructuras financieras, donde la UIF y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tienen un papel principal para detectar la protección que brindan autoridades políticas, “principalmente a nivel municipal”; así como en combatir la corrupción de jueces y magistrados, para evitar la concesión de amparos o el no ejercicio de la acción penal en los casos; y combatir la base social de los grupos delincuenciales con la creación de programas sociales.
El titular de la UIF finalizó su participación afirmando que lo principal para combatir la corrupción en casos de narcotráfico, lavado de dinero o trata de blancas es llevar los casos a los tribunales y que sean éstos los que resuelvan. Sin embargo, advirtió que las demás instancias del Estado deben aportar los elementos necesarios para poder llevar los casos ante los tribunales y dar cumplimiento con el estado de derecho.
Con información de Contralínea.