A 100 días de iniciada la administración de Andrés Manuel López Obrador, el 22 por ciento de los 100 compromisos que hizo el 1 de diciembre de 2018, pueden considerarse cumplidos; el 25 por ciento tienen el estatutos de “en proceso” y el 12 por ciento pueden considerarse como no cumplidos.
Del 41 por ciento restantes aún no se tienen elementos para evaluar si fueron cumplidos o no, de acuerdo con una revisión hecha por SinEmbargo.
El día en que tomó protesta como Presidente, López Obrador leyó ante miles de personas congregadas en el Zócalo de la Ciudad de México, los 100 compromisos de su gobierno y reiteró, como lo hizo la noche del 1 de julio luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE), oficializara su victoria en las urnas que no le fallaría al pueblo de México.
Pese a lo ajetreado y largo día que fue ese 1 de diciembre pasado, el Presidente viajó a Veracruz y sostuvo varios eventos y el lunes 3 de diciembre apareció en Palacio Nacional para sostener la primera conferencia de prensa matutina, luego de tener la reunión de seguridad a las 6 de la mañana.
Esas rutinas no han cambiado: la conferencia a las 7 de la mañana es posterior a esa junta de seguridad y al menos cuatro días (por lo regular dos de la semana y los dos del fin de semana) los utiliza para viajar.
Esto es evidencia de que el ritmo de trabajo de esta nueva administración es más acelerado, lo que ha permitido tener ya una evaluación de lo hecho en estos primeros 100 días de gobierno de Andrés Manuel.
La revisión arrojó que 22 de los compromisos pueden darse por cumplidos por las reformas a la ley, por los planes presentados y por los programas sociales que ya empezaron andar.
Son 25 los que pueden estar en la categoría de “en proceso”. En esta categoría entran sus compromisos que son de más largo plazo pero que ya dan muestras de avance. Por ejemplo, la formación de la Comisión de la Verdad para el caso de Ayotzinapa.
Doce de los compromisos entraron en la clasificación de no cumplidos y en esa lista están promesas como la de mantener las estancias infantiles, la creación de un Plan Nacional de Innovación, que se cancelarían los fideicomisos, que las compras y las licitaciones gubernamentales serían abiertas y serían supervisadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otro referente a las consultas públicas.
Estas tres categorías le han valido al Presidente aplausos pero también críticas y manifestaciones en los estados y a las afueras de Palacio Nacional, donde en ocasiones hay hasta tres manifestaciones de asuntos distintos.
La mayoría de los compromisos se mantiene “sin elementos para evaluar” y en su mayoría se trata de proyectos de largo plazo o que sus logros no pueden ser estrictamente cuantificados o que se podrán evaluar hasta publicada la Cuenta Pública de 2019 o los primeros resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De entre los 41 que fueron calificados de esta manera, están la protección del patrimonio cultural de México, el mejoramiento urbano de colonias marginadas, el derecho a la salud, fomentar la actividad pesquera, el fin de los moches en los programas sociales, la reducción del 50 por ciento en el gasto de publicidad y que habrá un auténtico Estado de Derecho.
Con información de Sin Embargo.