México está en una situación de emergencia ambiental. La conta-minación del agua, la tala inmoderada y la expansión de megaproyectos son preocupantes, advierte Víctor Manuel Toledo Manzur, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Señala que en este panorama, la dependencia tiene como limitante la baja presupuestal que obligó a desmantelar a muchas de las 65 oficinas que hay en todo el país y se requiere reactivarlas.
En entrevista en el piso 22 de la sede de la dependencia –ubicada en avenida Ejército Nacional– menciona que ese edificio es un ejemplo clarísimo de un acto de corrupción. El inmueble de 53 mil metros cuadrados fue adquirido por 2 mil 400 millones de pesos en 2013 a través de un arrendamiento financiero de 20 años por el entonces titular, Juan José Guerra. Los pagos anuales son de entre 150 y 200 millones de pesos, según datos de la gestión del sexenio pasado.
Señala que los proyectos del Tren Maya y el corredor transístmico, planeados en zonas con población indígena, deberán someterse a la consulta de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En su oficina, donde tiene a la vista archiveros con los nombres de distintos conflictos ambientales, se refiere a la polémica sobre la salida de Luis Vera de la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (Asea).
Detalla que a su llegada a la secretaría pidió la renuncia de todos los funcionarios de confianza, que incluyó a Vera, porque se encontraron situaciones que no coincidían con la nueva política de Semarnat. Esta dimisión tardó más porque estaba en proceso la evaluación ambiental de la refinería Dos Bocas.
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), con José Sarukhán al frente, operó durante 27 años con un fideicomiso público privado y ahora será un organismo público desconcentrado, indica.
Toledo Manzur es el segundo titular de la Semarnat en el actual gobierno. Ecólogo, con alrededor de 200 trabajos de investigación, hizo un amplio trabajo con comunidades y es estudioso de los conflictos socioambientales. A continuación un resumen de la entrevista.
–¿Qué valoración hace del sector ambiental?
–Semarnat empezó hace 25 años con un equipo de personal científico técnico de primera. Después siguió un deterioro. Hubo una involución. El sexenio anterior terminó de manera casi trágica porque los directivos no tenían ninguna preparación ni capacidad. Sí se logró conservar un núcleo básico de inteligencia ambiental, que es el más avanzado de América Latina.
Hubo un tremendo relajamien-to en la aplicación de las leyes. Se nota en muchas dimensiones, sobre todo en la contaminación industrial. La situación en los principales cuerpos de agua es tremenda. No hubo ninguna acción de los gobiernos en mucho tiempo. En los ríos Lerma, Atoyac, Papaloapan, Santiago, Sonora. En la comarca lagunera, en Tula. Es realmente muy preocupante. Estamos por iniciar todo un programa estratégico con la secretaría de Salud y Conacyt.
–¿Hay un desastre ambiental?
–Estamos en una situación de emergencia ambiental. Existe la figura jurídica de regeneración ecológica y da las características para declarar regiones o territorios en alerta cuando ya se llegó a cierto nivel de deterioro y contaminación. Es el equivalente a una urgencia sanitaria. Ya lo aplicamos en Tula, por la contaminación de aire, agua y suelo. Esto se puede hacer en las principales cuencas. En el río Lerma que empieza en el estado de México, parte de Michoacán y Jalisco. Con el personal completo, tendríamos que declarar zonas de emergencia ambiental por muchos lugares del país.
–¿Cuáles son los temas más urgentes?
–La contaminación del agua, el tema histórico de la tala inmoderada en muchos lugares y, de manera especial, los megaproyectos. La minería, los gasoductos, la extracción petrolera, las termoeléctricas, los proyectos carreteros, turísticos, los desarrollos habitacionales, los transgénicos, que en el caso de la soya afecta a los productores de miel. Hay muchísimos. La situación es muy preocupante.
–¿La Semarnat podrá atender los 500 conflictos socioambientales que tiene identificados?
–Entramos donde el semáforo de la emergencia está en rojo. Tan sólo en la península de Yucatán tenemos una región complicada. El problema de la soya transgénica afecta la producción maya de miel, las granjas porcícolas dañan los cenotes y las aguas subterráneas, los arrecifes en el Caribe son afectados por el turismo; asimismo, para las granjas solares, en el norte de la zona, se deforesta bosque y se afecta a las comunidades para generar una cantidad mínima de energía. La península es una de las áreas que tiene la mayor cobertura forestal bien conservada y es producto de las comunidades mayas.
–¿Enmedio de este panorama de emergencia ambiental, cómo ubica los proyectos del Tren Maya y el Corredor Transístmico?
–El proyecto del Tren Maya tiene dos etapas. La primera es la construcción, que llevará más tiempo porque se le bajó 60 por ciento el presupuesto para 2020. Esta fase es salvable desde el punto de vista ambiental porque el impacto se puede tener bajo control. Lo preocupante es el fomento de siete polos de desarrollo. Hay que revisarlo para que no se repita el modelo Cancún, en el que dominan las grandes compañías hoteleras. Se tiene que buscar un modelo alternativo que favorezca el desarrollo comunitario, municipal y regional.
En el caso del transístmico, es algo parecido. Se planean 10 polos de desarrollo industrial y dos petroleros, en Salina Cruz y en Coatzacoalcos. Hay que tener mucho cuidado. Está el tema de las consultas, que en ninguno de los dos se ha hecho como se tienen que hacer, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT. Hay muchas voces en contra. La verdad es que aún no tenemos un registro correcto de cómo van a reaccionar. De que hay resistencias, sí, las hay. Muchas.
–Sobre el fracking y los transgénicos, el presidente ha dicho que ninguno seguirá. Pero el primero tiene presupuesto en Pemex.
“Hay que distinguir entre el uso del método de fracturación. Para exploración se aplica sólo una vez. El otro es cuándo se utiliza para la extracción de gas y petróleo; es el que afecta. Tratamos de inducir el cambio en la legislación. La otra opción es un decreto presidencial. En organismos genéticamente modificados varias secretarías trabajamos para que el Ejecutivo decrete su no uso en territorio mexicano.
–Reconoce que el presupuesto, la falta de recursos, es un problema. ¿Ya se lo planteó al presidente?
–Lo planteamos hace unos días en la Cámara de Diputados. Hubo apoyo de todos los diputados. La semana próxima hablaremos con la Secretaría de Hacienda para explicar con detalle las necesidades. La principal afectación de la baja presupuestal es en las oficinas en todo el país. Semarnat y sus organismos desconcentrados tienen 65 oficinas. Muchas están prácticamente desmanteladas, necesitamos mucho apoyo. Se nos bajó todo el personal en todas las oficinas.
–En el tema de corrupción que para el presidente es muy importante, ¿qué encontró?
–Hemos detectado varios focos de corrupción y ha habido destitución de personal como consecuencia. No puedo entrar a detalle. Aún no se han presentado denuncias. El mejor ejemplo que voy a dar es este edificio en el que estamos. Se paga una cantidad exorbitante, pero ya tenemos una fórmula para bajar el tema de los intereses. Hay una situación que quizá investiguemos, pero todo lo que hay aquí es rentado, incluidas las computadoras. Buscaremos atenuar esta situación y quizá busquemos un cambio de sede.
–¿Qué se hará con la vaquita marina, en peligro de extinción, para evitar a sanciones comerciales?
–La semana próxima habrá una reunión de alto nivel con el secretario de Agricultura y Relaciones Exteriores para dar una salida. El tema no es fácil, se combina con que el kilo de buche de totoaba en China vale más que el de la cocaína. Es una situación de seguridad en el Alto Golfo de California. Hay intereses de los pescadores, está la totoaba, la amenaza del veto de Estados Unidos a recibir productos pesqueros, los conservacionistas con la vista en el tema.
Con información de La Jornada.