Juez valida cancelación de la concesión a Aguakan

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El Gobierno del Estado y CAPA celebran una victoria legal. Este lunes 14 de abril, juez valida cancelación de la concesión a Aguakan

La disputa legal que marcó uno de los capítulos más controversiales en la administración del agua en Quintana Roo ha alcanzado un nuevo punto decisivo. El Juzgado Octavo de Distrito, bajo la titularidad del juez Mario Fernando Gallegos León, validó este lunes 14 de abril la cancelación definitiva de la concesión que permitía a la empresa Aguakan —formalmente Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC)— operar el servicio de agua potable y alcantarillado en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos.

La sentencia, publicada oficialmente este martes 15, pone fin a una batalla jurídica que se remontaba a diciembre de 2023, cuando la empresa promovió un juicio de amparo con la intención de frenar la aplicación del Decreto 195, aprobado por la XVII Legislatura del Congreso estatal, que cancelaba la prórroga anticipada de su concesión.

Sin derechos adquiridos

En el resolutivo del amparo 1323/2023-VIII, el juez concluyó que Aguakan no contaba con derechos adquiridos sobre la prórroga estipulada en el Decreto 250 de 2014, el cual pretendía extender la vigencia del contrato hasta el año 2053. El juez señaló que, al no haber entrado en vigor dicha prórroga, la concesión original venció de manera formal y legal el 31 de diciembre de 2023.

Con este razonamiento, la resolución federal determinó que el Congreso estatal actuó conforme a derecho al cancelar la concesión, y desechó los argumentos de Aguakan, sobreseyendo el juicio de amparo promovido por la empresa.

Transición hacia lo público

La sentencia allana el camino para que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), organismo público del estado, asuma la operación de los servicios de agua y alcantarillado en los cuatro municipios involucrados. Esto representa un giro en la política de gestión del agua en la entidad, y podría marcar el inicio de una nueva etapa para los usuarios, muchos de los cuales han expresado su inconformidad con el servicio prestado por la concesionaria privada.

Aguakan aún no se va

Pese al revés legal, Aguakan no dejará de operar de inmediato. La empresa cuenta aún con una suspensión definitiva otorgada en enero de 2024, dentro del mismo juicio de amparo, la cual sigue vigente. Esto significa que, aunque la sentencia haya sido emitida, no podrá ejecutarse hasta que el caso haya agotado todas sus instancias legales.

Lo que sigue en el calendario judicial es la presentación de un recurso de revisión por parte de DHC, proceso que podría extenderse por un año o más, considerando la carga de trabajo en los tribunales colegiados. Además, existe la posibilidad de que el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual añadiría aún más meses a la espera.

Un desenlace aún incierto

La resolución del juez Gallegos León representa un fuerte golpe para Aguakan, pero no una salida definitiva. Mientras el juicio no cuente con una sentencia ejecutoria —es decir, firme e inapelable— la concesión no puede ser retirada en los hechos. El riesgo de que la empresa revierta el fallo permanece, aunque el camino legal para ello parece cada vez más estrecho.

Por ahora, el Gobierno del Estado y CAPA celebran una victoria legal, pero saben que la verdadera batalla apenas empieza: reconstruir la confianza de la ciudadanía en el manejo del agua, un recurso vital que en Quintana Roo ha sido, durante años, motivo de disputas, protestas y promesas no cumplidas.

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