El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, señaló que solicitará que el actual secretario de Seguridad de Quintana Roo, Alberto Capella, y el actual fiscal Uriel Carmona, ‘rindan cuentas’ sobre la masacre ocurrida la madrugada del 30 de noviembre de 2017 en una vivienda de la colonia Rubén Jaramillo de Temixco por lo que solicitará que comparezcan.
Blanco Bravo acusó a Capella Ibarra de haber estado vinculado con el crimen organizado mientras estuvo al frente de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) en Morelos durante el Gobierno de Graco Ramírez.
El mandatario de Morelos afirmó lo anterior después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera la recomendación DGC/268/19 en la que advierten al gobernador Blanco Bravo y al fiscal Uriel Carmona Gándara sobre violaciones graves por la ejecución arbitraria de seis personas, incluidos dos infantes, en Temixco, así como una investigación irregular en el caso.
La Fiscalía General de Morelos informó más tarde que, en las investigaciones, los resultados del peritaje demostraron que la escena del crimen había sido alterada, además que, entre las cuatro personas que fueron detenidas, ninguno había disparado desde el interior del domicilio como lo argumentaron los policías que participaron en el operativo.
Blanco Bravo aseguró que aceptarán la recomendación de la CNDH y van a reparar el daño a las víctimas de la masacre, como lo ha solicitado la comisión. pues dijo estar a favor del respeto a los derechos humanos.
“Nosotros somos respetuosos de los derechos humanos, vamos a seguir con la misma línea, nosotros no somos abusivos (…) sí checaremos (la reparación del daño) lo que se pueda hacer siempre lo he dicho, no se vale”, acotó.
Respecto a los policías que participaron en el operativo, el mandatario señaló que serán investigados hasta las últimas consecuencias y que no se va a cubrir a nadie, aún y cuando esté trabajando en Gobierno actual.
En la recomendación, la CNDH informó que, tras las investigaciones que se hicieron, se acreditó que los elementos al mando de Alberto Capella incurrieron en allanamiento de las casas habitación en que estaban las víctimas, así como en detenciones arbitraria en agravio de siete personas, y uso excesivo de la fuerza que derivó en al ejecución arbitraria de seis personas.
La recomendación también señala trato cruel, inhumano y degradante derivado de las lesiones de cuatro personas (incluidos dos menores, entre estos una bebé de tres meses), dilación en la puesta a disposición de los detenidos ante el agente del Ministerio Público y colocación deliberada del arma de fuego y los indicios balísticos que se relacionaron con el cadáver de una víctima.
Por tal motivo, la comisión solicitó al Ejecutivo estatal y a la Fiscalía General del Estado en coordinación con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas la reparación integral del daño, así como investigar e identificar a los elementos que participaron en dicho operativo.
Con información de El Financiero.