En México, ser bailarín significa vivir en el desamparo. Las legislaciones no consideran a estos artistas como trabajadores y, por tanto, la seguridad social, estabilidad laboral y prestaciones son un lejano fantasma para ellos. Tal es la precariedad que hay quienes describen su situación como un abismo profesional.
Tras un desafortunado giro con salto, Rosalía se tronó uno de los 206 huesos que conforman su cuerpo. El movimiento dancístico era parte de una pieza que ensayaba al lado de otros compañeros. El director de la compañía se acercó a ella y, al verla tirada, sólo dijo: ‘por favor, quítenme a esta niña de aquí para poder continuar el ensayo’”, recuerda Rosalía. Luego de eso, no recibió ningún apoyo, “ni siquiera emocional. Nada”.
Sin seguridad social, la exintegrante de una compañía de danza –de la cual se omiten mayores datos para evitar que la veten en otras compañías del país– tuvo que solventar los gastos médicos y de recuperación derivados de lo que se consideraría un accidente laboral. El problema es que Rosalía, como decenas de bailarines, no es considerada trabajadora y por tanto carece de cualquier derecho vinculado a ese ámbito.
Sufrir una lesión es una tragedia para quienes se dedican a esta profesión, cuya herramienta de trabajo es su propio cuerpo. Saltar, lanzar y desplegar en el aire una pierna hacia la izquierda y de inmediato al lado contrario para luego caer sólo en una extremidad puede resultar en rupturas óseas y, por ello, en cirugías y gastos médicos por miles de pesos, además de dejar de bailar –trabajar– por periodos largos.
En sus artículos 22 y 23, la Declaración Universal de los Derechos Humanos –de la que México es parte– refiere que toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad; así como derecho al trabajo, con condiciones equitativas y satisfactorias y a la protección contra el desempleo.
Derechos que para decenas de bailarines sólo existen en el papel. La egresada de una escuela de danza ubicada en Europa recibió el diagnóstico preciso 6 meses después de haberse lesionado. De primera instancia, la ortopedista determinó un esguince de tercer grado, por lo que sólo le fueron recetados paliativos para desinflamar, cuando lo pertinente y necesario era realizar una resonancia magnética para saber que “tenía roto el hueso y el ligamento ya no funcionaba”.
El diagnóstico tardío hizo que Rosalía, por desconfianza, cambiara de médico y de hospital. Los gastos a partir de entonces se incrementaron radicalmente: acudió al nosocomio privado Médica Sur y ahí fue sometida a dos cirugías.
La cuenta hospitalaria resultó casi impagable: por las intervenciones quirúrgicas, los quirófanos utilizados, los honorarios de los médicos y la estancia de 4 días, Médica Sur le cobró medio millón de pesos. Gracias a un seguro médico que le compraron sus padres, Rosalía pudo saldar esa deuda.
Por tratarse de cirugías mayores estuvo en cama mes y medio. “Comencé la rehabilitación y no bailé durante 6 meses más”. Fue 1 año el que se alejó del salón de danza y los escenarios. La bailarina quedó con secuelas las cuales impidieron se recuperara totalmente. “No puedo llegar a mi extensión máxima como antes”.
Carecer de los derechos humanos a la seguridad social y al trabajo pone en una situación de suma vulnerabilidad a quienes se dedican a esta profesión, considera. Dedicarse a la danza de manera profesional sin protección “es entregarlo todo, tirarte al abismo y ver qué pasa…”
Al gremio de la danza no se le reconoce socialmente. En general, no tienen nada porque no son considerados trabajadores. Laboran en condiciones de precariedad, coinciden Haydé Lachino Mendoza, licenciada en gestión cultural y políticas públicas en materia cultural, por la Universidad de Guadalajara, y Argelia Guerrero Rentería, cofundadora de la Unión Nacional de Trabajadores de la Danza (Untradanza).
De acuerdo con Lachino Mendoza, además de no contar con seguridad social, el gremio artístico adolece de salario mínimo: no figuran en el tabulador de profesiones de la Ley Federal del Trabajo.
Las compañías de danza aprovechan estos vacíos legales, algunas de ellas pagan 200 pesos por función, denuncia la experta en gestión cultural. Tampoco les pagan los ensayos, refiere. Las arbitrariedades no paran ahí: al no contar con estabilidad laboral, pueden ser corridos en cualquier momento. Incluso su nombre puede omitirse en el programa de mano.
El nulo reconocimiento de la labor dancística es histórica y se debe a que es una práctica relacionada con el cuerpo y las emociones y no con la razón, considera Haydé Lachino, también directora de la Revista Interdanza, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).
Los ejecutantes aceptan las adversas condiciones de trabajo con tal de bailar y estar en un foro, opina Diego Vázquez, director artístico del Taller Coreográfico de la Universidad Nacional Autónoma de México (TCUNAM). “Ceden más”. Además, advierte, “no somos unidos” como gremio para exigir en colectivo la mejora de los derechos laborales.
Otro factor por el que los trabajadores de la danza no exigen mínimas condiciones laborales es que, desde su formación, fueron educados para obedecer y ser disciplinados, considera por su parte la gestora cultural Lachino Mendoza.
A pesar de que la danza en México crece “exponencialmente y de que existen jóvenes con mucho talento”, Diego Vázquez considera que la mayoría del gremio lleva una vida de sobrevivencia. Algunos estudian una segunda carrera, porque la danza no les da para llenar el refrigerador, buscan trabajar en varias compañías o ser profesores en escuelas particulares, incluso como instructores de aerobics.
“Se está de un lado a otro para ganarse el pan. Tienes ensayo en un lado, ensayo en otro; das clases aquí, allá; tomas clase aquí, allá”, dice Argelia Guerrero Rentería, quien a la par de formarse en la docencia en danza por la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello, estudió Letras y Literatura Hispánicas en la máxima casa de estudios del país.
Derechos fundamentales convertidos en privilegio
En la Ciudad de México sólo dos compañías dancísticas garantizan condiciones mínimas para sus intérpretes: el Taller Coreográfico de la UNAM y la Compañía Nacional de Danza (CND), del Instituto Nacional de Bellas Artes, declara Stephanía Fierro, integrante del cuerpo de baile de la CND.
Aunque los 72 miembros de la Compañía Nacional están contratados como prestadores de servicios profesionales por parte del INBAL, están afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Al tener dicha prestación, cuentan con un fondo de ahorro para la vivienda y con una afore en la que cotizan para la vejez. No obstante, el monto cotizado no es el mismo que el sueldo percibido, por lo que lo ahorrado es una “cantidad ridícula”, reconoce Stephanía Fierro.
Asimismo –indica– el trabajo del bailarín es muy corto en general: el tiempo de permanencia en la Compañía es de entre 1 y 2 años. En promedio permanecen hasta por 8 años; pero es extraordinario que alguien dure 20 años.
“En ese tiempo [1, 2 u 8 años] no cotizas lo que realmente ganas, y no es algo que valga la pena porque la mayoría no va a volver a trabajar para el gobierno. Se pierde el dinero.” Fierro es de esos casos raros: ha laborado en la CND ya 7 años y en ese tiempo sus ahorros para su vejez no rebasan los 300 mil pesos. Ella sabe que eso no le alcanzará para una pensión digna.
Aunque en ambas compañías se considera un privilegio contar con seguro de gastos médicos mayores y fisioterapeutas, la realidad es que los integrantes del Taller Coreográfico de la UNAM y la Compañía Nacional de Danza no tienen estabilidad laboral: sus contratos son anuales y por honorarios. “No se sabe si el próximo año tendrás trabajo”, admite Fierro.
En entrevista, el abogado Carlos de Buen Unna –expresidente de la Sociedad Mexicana del Derecho y la Seguridad Social– señala que la contratación por servicios profesionales es una simulación contractual: un “fraude” a la ley y al trabajador porque los patrones no brindan seguridad social.
Artículo publicado por Contralínea.
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