La desaceleración de la producción, el desempleo, la baja cobertura de la protección social, la falta de acceso a seguridad social, el aumento de la pobreza y los altos niveles de inseguridad económica en las familias exacerbados por la pandemia, podrían generar un incremento significativo del trabajo infantil en América Latina y el Caribe, alertó un análisis conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
De acuerdo con el documento La pandemia por Covid-19 podría incrementar el trabajo infantil en América Latina y el Caribe publicado por la Cepal y la OIT –en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra el Trabajo Infantil este 12 de junio–, entre 109 mil y 326 mil niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe podrían ingresar al mercado laboral, sumándose a los 10.5 millones de menores que ya trabajan actualmente, llevando a un incremento del trabajo infantil de uno hasta tres puntos porcentuales en la región.
Los organismos internacionales señalaron en el texto que dicha cifra fue posible estimarse gracias a los resultados del Modelo de Identificación del Riesgo del Trabajo infantil (MIRTI) aplicado en países como México, Perú y Costa Rica, y a un análisis de los impactos económicos de la crisis sanitaria en América Latina y el Caribe como los siguientes:
“Se estima que el producto interno bruto (PIB) de la región tendrá este año un decrecimiento de 5.3 por ciento; habrá 11.5 millones de nuevos desempleados; y una reducción de salarios e ingresos y un menor acceso a la protección social, […], lo que conducirá a aumentar la pobreza en 28.7 millones de personas y la pobreza extrema en 15.9 millones, con un impacto devastador”, indicaron.
A su vez, la OIT y la Cepal advirtieron que también el cierre temporal de las escuelas en la región podría potenciar el incremento de trabajo infantil, ya que la interrupción de las actividades en centros educativos no solo tendrá efectos significativos en el aprendizaje de 167 millones de menores de edad –según datos de la Unesco–, sino además en la seguridad alimentaria y en la participación de los padres y las madres en el mercado laboral.
“Todo ello ejercerá mayores presiones económicas en las familias –principalmente en las que viven zonas rurales–, las cuales se verán obligadas a incorporar a los niños, niñas y adolescentes en actividades de trabajo, ya sea para reemplazar a quienes han sido despedidos, sustituir la mano de obra asalariada en negocios o actividades en el campo, o buscar trabajo fuera del hogar para generar ingresos complementarios”, enfatizaron.
Asimismo, precisaron dentro del documento que en el lapso de 2008 a 2016, el porcentaje de infantes de cinco a 17 años de edad que se encontraban en el mercado laboral en América Latina y el Caribe bajó de 10.8 por ciento a 7.3 por ciento; no obstante, “en la actualidad existe el potencial de revertir esta tendencia positiva, colocando a la región en riesgo de no poder alcanzar la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que habla sobre poner fin al trabajo infantil en todas sus formas de aquí a 2025”.
De tal manera, las organizaciones manifestaron que “ahora más que nunca los niños, niñas y adolescentes deben estar en el centro de las prioridades de acción que, en su conjunto y a través del diálogo social tripartito, ofrezcan respuestas para consolidar los avances en la reducción del trabajo infantil, especialmente en sus peores formas”, y propusieron tres líneas de trabajo:
-La prevención efectiva: que consiste en la labor de los gobiernos para evitar su incorporación temprana al mercado de trabajo al diseñar e implementar programas sociales; y el trabajo de los servicios de salud y educación para coordinar los servicios de protección social.
-La identificación y localización de los menores de edad que trabajan y aquellos susceptibles al trabajo infantil para intensificar los mecanismos de fiscalización y verificación del cumplimiento de las regulaciones laborales.
-La restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que están en el mercado laboral y de sus familias para garantizar la permanencia exitosa en el sistema educativo, el acceso a servicios de salud, el retiro del trabajo infantil y el apoyo económico al hogar.
Finalmente, la Cepal y la OIT propusieron la implementación de un ingreso básico de emergencia por seis meses para todas las familias en situación de pobreza en 2020, y destacaron su colaboración con la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil para lograr generar conocimiento que informe y proporcione evidencia que contribuya a la toma de decisiones de políticas dirigidas a la prevención y erradicación sostenida del trabajo infantil en la región.
Con información de Contralínea.