En México, dos de cada cinco personas son pobres, dos más son vulnerables de serlo por sus bajos ingresos, y solo una no es ni pobre ni vulnerable. De acuerdo con la última medición de pobreza en el país, con datos de 2018 elaborada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México se registraron 52.4 millones de personas pobres y 9.3 millones de ellas vivían en pobreza extrema.
Este jueves se conmemora el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza. Desde 1993, Naciones Unidas estableció esta fecha respecto de uno de sus principales objetivos: acabar con la marginación y la exclusión económica y social de grupos que en países en desarrollo como México, son mayoritarios.
Desde 2008, México dispone de una medición con un enfoque multidimensional de la pobreza, que contempla no sólo el nivel de ingresos, sino también seis aspectos relacionados con los derechos sociales: acceso a alimentos suficientes, condiciones y calidad de espacios de la vivienda, rezago educativo, acceso a servicios básicos en la vivienda, a servicios de salud y a seguridad social.
Según las mediciones del Coneval, se considera a una persona en pobreza multidimensional al cumplir dos condiciones: “cuando no tiene garantizado el ejercicio de
al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades”, según señala su metodología.
Según las mediciones del Coneval, se considera a una persona en pobreza multidimensional al cumplir dos condiciones: “cuando no tiene garantizado el ejercicio de
al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades”, según señala su metodología.
Además, se vuelve pobreza extrema cuando en condición de pobreza, ni siquiera todos los ingresos que percibe bastan para satisfacer al menos sus necesidades alimentarias.
Desde la primera medición multidimensional en 2008, en México el número de personas creció de 49.5 millones a 52.4 millones en 2018. Sin embargo, en porcentaje, esa proporción en el país bajó de 44.4% a 41.9%.
“Se puede pensar que en México en estos 10 años no pasó mucho: aumentó el número de pobres y en términos de incidencia (porcentaje) bajó muy poquito. Pero la pobreza extrema, esa sí bajó, de 11% en 2008 a 7.4% en 2018, 12.3 a 9.3 millones”, aseguró Graciela Teruel, investigadora de la Universidad Iberoamericana y quien formara parte del equipo de investigadores académicos del Coneval entre 2006 y 2010.
“En términos de esta pobreza multidimensional, no ha cambiado mucho, pero sí ha mejorado mucho en términos de pobreza extrema”, lanzó.
A pesar de ello, las personas con carencia alimentaria, considerada por la investigadora prioritaria para combatir la pobreza, se elevaron en esos 10 años a 25.5 millones desde los 24.3 millones de 2008.
En el resto de las mediciones, las tendencias para la población del país fueron favorables: aumentó el acceso de las personas a servicios de salud (con programas como el Seguro Popular, con lo que pasaron de 42 a solo 20 millones de personas afectadas); mejoraron las condiciones de las viviendas y su acceso a servicios (con acciones de vivienda como las de piso firme) y se redujo el rezago educativo.
“Si bien en las demás carencias hubo una tendencia a la baja, hay que destacar que en cuestión de seguridad social sí mantenemos como país un fuerte rezago porque las otras carencias oscilan los promedios entre 15 a 20 millones de mexicanos, la de seguridad se eleva a 71.1 millones”, lamentó José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval.
Seguridad social y salarios, los dos mayores pendientes
Casi seis de cada diez mexicanos (más de 57%) carecen de seguridad social, un factor que contempla protección para sus beneficiarios en casos como maternidad, enfermedad, invalidez, muerte, riesgos de trabajo, y especialmente, en caso de retiro.
Condiciones como la informalidad y la precariedad laboral así como los bajos salarios condicionan el acceso de los mexicanos a la seguridad social. Para agosto de 2019, 56.3% de la población ocupada se encontraba en la informalidad, según los últimos datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi.
“Necesitamos un sistema de protección social como más integral; aquellos que no tienen acceso a un trabajo formal y que por ende están a expensas de los programas sociales que le otorga el gobierno, lo que tiene que ver con estas pensiones que otorga el gobierno que están arribita de mil pesos para los adultos mayores”, destacó Teruel.
La especialista refirió que una medida para combatir esta disparidad sería ofrecer un sistema de protección social mayor, que sea universal e independiente de si los trabajadores prestaron o no servicios de manera formal.
Y aunque la medición de la pobreza en México se enfoca en muchas necesidades que garanticen el bienestar de las personas, el nivel de ingresos sigue teniendo más peso para erradicar este mal.
“Si bien la medición multidimensional que nosotros tenemos hoy va más allá del ingreso, sí reconocemos que el ingreso sigue siendo una de las dimensiones más importantes, que es muy importante sin duda que si uno quiere abatir la pobreza, hay que mejorar las condiciones de trabajo y de ingreso de las familias para que puedan salir de forma permanente de ellas”, aseguró Teruel.
Para mejorar los ingresos de las familias, se requiere generar opciones de empleo, además de capacitación laboral para las personas. Si bien, el gobierno mexicano y los gobiernos de los estados ofrecen programas sociales de transferencias condicionadas, como becas, apoyos económicos o en especie y hasta capacitación laboral, los cuales suman más de 8 mil en todo el país en los tres niveles de gobierno según el Coneval, es necesario que haya condiciones para la generación de empleos que ofrezcan además salarios suficientes para cubrir las necesidades de la población, explicó César Armando Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
“Lo que se necesita justamente es cerrar el ciclo de esos programas, y es a través de una actividad productiva que esas personas se puedan insertar en el mercado laboral y tener un salario digno, y ocurre lo que hasta ahora.
“No tenemos políticas de fomento agropecuario, de fomento industrial, no tenemos una política económica que funcione con el fin de incentivar actividades terciarias, investigación y desarrollo, que incentive las capacidades productivas del país, se queda en el asistencialismo y no va a ir más allá”, explicó en entrevista con Forbes México.
Con información de Forbes.