El 93 por ciento de las personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado son mujeres. Más del 77.5 por ciento opera en la informalidad, “lo que significa que una parte importante de ellas trabaja en condiciones precarias y sin acceso a la protección social”, indicó una investigación elaborada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y ONU Mujeres.
En un panorama donde esta labor “supone entre el 14.3 y el 10.5 por ciento del empleo de las mujeres en la región, cuyos ingresos son iguales o inferiores al 50 por ciento del promedio de todas las personas ocupadas”, saldrán afectadas el 70.4 por ciento de estas empleadas debido a la disminución de la actividad económica, el desempleo y la reducción de las horas a causa de la pandemia, indicó el análisis Trabajadoras remuneradas del hogar en América Latina y el Caribe frente a la crisis de la Covid-19.
Al mismo tiempo, la emergencia sanitaria supondrá un incremento en la responsabilidad de estas mujeres en relación con los cuidados y el mantenimiento de los hogares. “Su tarea se ve intensificada por tener que atender a población de riesgo (personas mayores o enfermas) y a personas con discapacidad, en situación de dependencia o a niños y niñas que permanecen durante todo el día en la casa por las restricciones de movilidad y la suspensión de clases”, detalló el documento.
Agregó que “el confinamiento ha implicado que muchas de las empleadas domésticas se hayan visto persuadidas/presionadas a pernoctar en sus lugares de trabajo, manteniéndose alejadas de sus familias y sin el descanso adecuado”. Y en otros casos –denunciaron sindicatos de trabajadoras domésticas de algunos países de la región– se han cancelado contratos y se les ha reducido el tiempo de trabajo, disminuyendo proporcionalmente su pago, dificultando así la posibilidad de sostener sus necesidades básicas y las de su familia.
Por otro lado, los organismos apuntaron en la investigación que los migrantes y la población afrodescendiente e indígena “se encuentra sobrerrepresentada en el trabajo doméstico”, ya que según estimaciones “el 17.2 por ciento de las personas en el empleo doméstico son migrantes, siendo un 73.4 por ciento mujeres”, así como el 63 por ciento era afrodescendiente.
A su vez, países como México, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú, tienen la cobertura del sistema de seguridad social para las trabajadoras domésticas más baja de América Latina y el Caribe, con un porcentaje inferior al 10 por ciento, cuando el Convenio número 189 de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos establece que tienen derecho a un entorno laboral seguro y saludable y a disfrutar de condiciones no menos favorables que las aplicables a los empleados en general, explicó la investigación.
Por ello, ONU Mujeres, la Cepal y la OIT determinaron que se deben considerar prioritarios los servicios de cuidado y fomentar su formalización; promover sistemas de protección social integrales y elaborar protocolos para asegurar la cobertura de salud de las empleadas; impulsar las prestaciones por desempleo, brindar asesoría legal y consolidar la ratificación e implementación de los convenios 189 y 190, todo ello como parte de las acciones para garantizar los derechos y abordar los impactos de la Covid-19 en las trabajadoras domésticas.
Con información de Contralínea.