La Diputada federal por Quintana Roo, Mildred Ávila Vera, fijó su postura con respecto del caso de violencia obstétrica registrado en la localidad de Nicolás Bravo, municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo.
En pronunciamiento presentado en la 12ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género, la legisladora enfatizó: “Presentamos nuestra indignación frente al caso de la adolescente embarazada de 16 años, quien tuvo que dar a luz en una de las bancas, a las afueras del Centro de Salud de la Localidad de Nicolás Bravo en el municipio de Othón P. Blanco en Quintana Roo”.
“No podemos tolerar la negligencia en que incurren las autoridades sanitarias del estado al no brindar atención médica oportuna a una menor con un embarazo de alto riesgo, especialmente cuando es sabido que este, sería su tercer hijo”, advirtió la diputada morenista.
En ese sentido, dijo que esas omisiones revelan las distintas formas de violencia a que ha sido sometida la menor. La omisión de atención médica oportuna ante una urgencia obstétrica se constituye en violencia obstétrica, sin dejar de mencionar la violencia institucional, ante la deficiente prestación de servicios de salud que pone en riesgo la vida de las mujeres.
La diputada federal dejó claro que al haber tenido dos hijos con anterioridad, la menor había quedado en embarazo antes de los 14 años, lo cual, según el Código Penal del Estado de Quintana Roo se constituye de manera automática en el delito de violación, por lo que se agrega otra violencia sufrida por la menor, la violencia sexual.
Recordó que en el Estado de Quintana Roo, las mujeres son perseguidas por abortar, aunque sean mujeres pobres, indígenas, analfabetas o con limitada capacidad en la toma de decisiones, serán criminalizadas y objeto de discriminación por parte del estado, conforme lo señala la propia constitución del estado y el mismo Código Penal Estatal.
Mildred Ávila Vera reiteró, “rechazamos rotundamente la respuesta de la jurisdicción sanitaria, dependiente de la Secretaría de Salud del estado, que culpabiliza a la menor, al justificar que la menor no asistió a sus dos últimos controles y no contaba con plan de trabajo, dejando en evidencia el profundo desconocimiento de las limitaciones sociales y culturales que cotidianamente enfrentan las menores para cuidar de su salud sexual y reproductiva, en especial si además tiene la carga del cuidado de otros hijos”.
“También rechazamos las justificaciones brindadas en relación al limitado horario o personal disponible para la atención, que solo reflejan la violencia estructural ante la carencia de servicios de salud a que tienen derecho las y los habitantes de la Localidad de Nicolás Bravo”, agregó Ávila Vera.
La Congresista, hizo un llamado al Gobierno del Estado de Quintana Roo para que estas violencias no sean toleradas ni reproducidas, se sancione a los culpables de las omisiones en la atención médica, se investigue el posible delito de violación sufrido por la menor y se lleve a cabo una política sólida en atención y prevención de la salud sexual y reproductiva.
Esta postura, cuenta con el apoyo de 59 diputados y diputadas, incluyendo la adhesión de la diputada Wendy Briseño Zuloaga, Presidenta de la comisión de Igualdad de Género, la diputada Miroslava Sánchez Galván, presidenta de la comisión de Salud, la diputada Adela Piña Bernal, presidenta de la comisión de Educación, la diputada Rosalba Valencia Cruz, presidenta de la comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, la diputada Miroslava Carrillo Martínez, presidenta de la comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Manuel Rodríguez González, presidente de la comisión de Energía y por el diputado Ricardo Francisco Exsome Zapata, presidente de la comisión de Infraestructura.