Ante los recientes señalamientos en torno a un posible desarrollo inmobiliario en la zona de Playa Mamitas, el gobierno municipal de Playa del Carmen emitió un posicionamiento contundente: el acceso libre y público a las playas está protegido por la ley y no se permitirá su privatización bajo ninguna circunstancia.
A través de un comunicado oficial firmado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, la administración local reafirmó su compromiso con la conservación del litoral y el respeto irrestricto al derecho ciudadano de disfrutar del espacio costero.
“Ni en Playa Mamitas ni en ningún centímetro de nuestro litoral permitiremos la privatización de las playas. Las playas son, antes que nada, de las y los mexicanos, y también de las y los turistas que nos honran con su visita”, se lee en el texto difundido esta mañana.
Respecto al proyecto que se ha planteado en dicha franja costera, el gobierno municipal aclaró que no ha autorizado ni otorgado permiso de construcción alguno, subrayando que cualquier iniciativa de desarrollo debe pasar antes por procesos de evaluación ambiental y urbanística ante las instancias correspondientes.
Los problemas en el club de playa Mamitas han sido recurrentes. De manera constante se ha denunciado la invasión de la zona federal marítimo-terrestre con camastros y estructuras, limitando el libre tránsito de los usuarios. En administraciones anteriores incluso se documentaron protestas ciudadanas luego de que personal del club solicitara a la policía el desalojo de personas que se encontraban en la playa con sombrillas o toallas, sin consumir en el establecimiento.
La actual administración reiteró que seguirá actuando como garante de la legalidad, enfocándose en dos principios fundamentales: la conservación de los ecosistemas —incluyendo manglares— y el acceso libre a las playas, como parte del patrimonio natural de la nación.
El posicionamiento se da en un contexto de creciente preocupación ciudadana por la expansión de proyectos turísticos en zonas sensibles del Caribe mexicano, donde la tensión entre inversión privada y derecho público ha sido una constante en los últimos años.