La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha sancionado en total a 136 empresas, inhabilitó a otro centenar y estableció multas por mil 400 millones de pesos por irregularidades en procesos de contratación, informó Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la dependencia.
“En siete meses hemos iniciado centralmente más del doble de investigaciones que en los últimos 11 meses del año pasado”, destacó la funcionaria al participar en el foro “Combatir la corrupción y las prácticas anticompetitivas: responsabilidad compartida entre autoridades y empresas” en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Mencionó también que se ha registrado un incremento de 40 por ciento en las denuncias ciudadanas presentadas ante la SFP por corrupción o faltas administrativas y se sancionaron a mil 400 servidores públicos.
“A diferencia del pasado, ahora se investigan faltas graves y de funcionarios de alto nivel”, ponderó la secretaria, quien firmó un convenio con Alejandra Palacios, titular de la Cofece, para reforzar la colaboración de ambas instituciones en el combate a la corrupción y la capacitación en sus tareas de investigación al respecto.
Mexicanos pagan el doble en productos y servicios por falta de competencia
La secretaria sostuvo que los mexicanos pagan casi el doble en los precios de alimentos básicos, medicinas, construcción y transporte en México que si hubiera más competencia.
“Los hogares mexicanos pierden, en promedio, casi 16 por ciento de sus ingresos por la concentración de los mercados. El 10 por ciento de las familias con menores ingresos pierden 4.4 veces el ingreso que pierden las que están en el 10 por ciento de la población más adinerada. En los estados del sureste del país, la pérdida en el bienestar es 47 por ciento mayor que en las entidades del noroeste”, indicó.
Los monopolios y los oligopolios necesitan mantener el statu quo para sus operaciones y por eso esperan que los gobiernos les brinden protección a través de la ley o la regulación.
“Así es como se crean las relaciones de complicidad entre sectores público y privado que afectan la economía y fomentan un ciclo de corrupción. La protección conduce a un mercado poco competitivo, donde los cárteles buscan impedir la entrada de nuevos jugadores en el mercado. El costo de esos privilegios, como el de la corrupción, lo pagamos todos los ciudadanos”, puntualizó.
Con información de La Jornada.