José es uno de los miles de migrantes procedentes de Centroamérica que buscan refugio en Estados Unidos. Sin embargo, al igual que muchos otros, a su paso por México, en particular en Nuevo Laredo, Tamaulipas, él y su familia vivieron un tormento: sujetos armados secuestraron a su hermana y hasta ahora no saben de ella.
“Cuando bajamos del autobús, unos hombres nos jalaron a mi hermano y a mí, y a mi hermana se la llevaron para otro lado. Luego de unas horas, a él y a mí nos soltaron, pero a ella no. Seguimos sin saber de ella. Pagamos 5 mil dólares de rescate, que era todo lo que teníamos, pero no la han soltado. No sé quién puede ayudarnos. No confiamos en la policía de aquí. Nuestro plan era llegar y comenzar el proceso de solicitud de refugio en Estados Unidos, pero ahora no quiero moverme de aquí hasta no saber qué pasó con ella”.
El de José y sus hermanos –quienes huyeron de Honduras por la violencia en ese país— es uno de varios casos documentados por la organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) en su informe “Sin salida. La crisis humanitaria de la población migrante y solicitante de asilo atrapada entre Estados Unidos, México y el Triángulo Norte de Centroamérica”, que se dio a conocer a escala internacional este martes.
El reporte incluye datos de 2018 y 2019, recabados por MSF entre los cientos de pacientes que ha atendido a lo largo de la ruta migratoria.
Según el informe, al igual que los solicitantes de asilo que esperan turno para entrar a territorio estadunidense, quienes han sido devueltos a México por el gobierno de Donald Trump, mediante el programa de Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), están expuestos de forma sistemática a eventos violentos potencialmente traumáticos.
Como parte de su investigación, la organización encontró que, tan sólo en septiembre de 2019, 18 de los 41 pacientes que atendió en Nuevo Laredo (43.9 por ciento) habían sufrido un episodio reciente de secuestro; otras cinco personas (12.2 por ciento) enfrentaron un episodio de secuestro fallido.
Para octubre del año pasado, el porcentaje de ese delito contra migrantes acogidos al programa MPP, aumentó a 75 por ciento (33 de los 44 pacientes atendidos ese mes en esa ciudad de Tamaulipas). “Según los testimonios de estas personas, los secuestros podían durar varias semanas y en ocasiones se les obligaba a trabajar para sus captores”.
El informe apunta que de enero a octubre del año pasado, las autoridades estadunidenses han enviado a México más de 55 mil personas –la gran mayoría procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras— bajo el MPP, y hasta diciembre de 2019, sólo 11 han recibido asilo mediante ese programa.
De Chiapas a Tamaulipas: el infierno…
Roberto, otro de los migrantes atendidos por MSF en Nuevo Laredo, narró: “Ya me han agarrado dos veces y me han llevado secuestrado. Uno en la plaza y otro en la esquina. La primera vez me pidieron dinero y no traía. Les dije que no tenía familia en Estados Unidos. Me dijeron que me iban a matar. ‘Hagan lo que quieran’, les dije. Me soltaron. Nos llevaron a un cuartito bien oscuro donde caben como unos 10; estaba lleno, que los habían agarrado de la central [de autobuses], cuando llegan de otra parte. Allí eran tres mujeres con niños y cuatro hombres, que les estaban pidiendo 3 mil dólares para soltarlos (…) Ahora ni en el día se puede caminar. Ni al supermercado. En domingo salí a comprar galletas y (un refresco de) cola. Tengo miedo de que a la tercera me agarren y no me suelten. Sólo diosito santo sabe qué va a pasar”.
Aunado a ello, agrega MSF, bajo la amenaza de romper acuerdos comerciales, el gobierno de Estados Unidos “ha ejercido una enorme presión” sobre los países de la región, entre ellos México, para firmar acuerdos en los que se establezcan medidas para limitar el paso de los migrantes hacia el norte del continente, llevando a esa población a altos riesgos para su integridad y seguridad y exponiéndolos a grupos delictivos.
El reporte remarca que desde 2014 en México se implementó el Programa Frontera Sur por parte de la pasada administración federal, con lo que se incrementó la presencia de las fuerzas de seguridad para el control de la migración al sur del país. En junio de 2019 el nuevo gobierno federal, de Andrés Manuel López Obrador, firmó una declaración conjunta con Estados Unidos para frenar la migración irregular, incluyendo el despliegue de la Guardia Nacional.
“Desde entonces, la situación ha empeorado. Ya en junio los equipos de MSF presenciaron redadas y detenciones masivas en nuestros puntos de atención en Tenosique y Coatzacoalcos. Estas medidas empujan a la población migrante a la clandestinidad y bloquean su acceso a servicios básicos como la atención médica”, refiere la investigación.
MSF también ha logrado acceder a las estaciones de internamiento del Instituto Nacional de Migración, como la de Acayucan, en Veracruz. Con base en esas visitas y en testimonios ha documentado que hay hacinamiento, la atención médica es deficiente, las condiciones de higiene no son las adecuadas, en algunas escasea el agua, faltan recursos para su funcionamiento, entre otras.
El testimonio de Aurora, una migrante procedente de Nicaragua, recabado por MSF para el informe lo sintetiza todo:
“Entre Chiapas y Veracruz nos secuestraron a mí, mi esposo y a mis dos hijos (de 5 y 2 años). Junto con otras seis personas, nos llevaron a una casa vieja en el bosque (…) Ahí nos tuvieron cuatro días. Durante ese tiempo, nos daban de comer una vez al día y nos mantenían encerrados (…) Nuestra familia como pudo juntó dinero [para pagar el rescate] y nos volvieron a bajar a Chiapas, regresándonos una buena parte del recorrido que ya habíamos hecho (…) Volvimos a tomar el tren, porque ya se nos había acabado el dinero, pero no las esperanzas (…)
“Entonces, nos agarró Migración. (…) Yo ya no aguanto más; estar aquí es peor que haber estado secuestrada. Cuando estuve secuestrada, al menos nos daban de comer, mis hijos comían, y estaba junto a mi esposo; lo podía abrazar y llorar con él. Aquí (en la estación migratoria) es horrible. Desde que estamos aquí, sólo lo he visto una vez. Ya llevamos 21 días (…) Estar aquí es lo más horrible que me ha pasado en la vida. Uno no puede hacer nada, el calor es insoportable, la gente llora, grita, se desespera, y tú no puedes hacer nada. Los niños no comen, pero es que quién va a comer con esa comida echada a perder, mal cocinada y con la peste de los baños (…) Esto es triste, inhumano y asqueroso. No hay agua, me he bañado sólo tres veces en 21 días. Mis hijos tienen ronchas del sudor y suciedad. No puedes ir al baño porque están a rebosar y la peste inunda todo. A veces creo que esto es el infierno y, cuando pienso eso, me inunda la tristeza y no puedo parar de llorar (…) Ahora quiero ver a mi esposo y decirle que no esperemos más, que nos deporten si es su gusto, pero que ya nos dejen salir de aquí. Que si nos van a matar, que por lo menos sea viendo el cielo, sintiendo el aire, siendo libres, pero que no me quiero morir aquí de tristeza, de soledad, peor que un animalito, peor que una cosa, peor que nada”.
Con información de La Jornada.