Ante el compromiso de Andrés Manuel López Obrador de esclarecer el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo pasó de documentar la tragedia como defensor de derechos humanos a asumir la encomienda de enderezar una indagatoria plagada de inconsistencias.
Con la carga de 77 liberaciones de presuntos implicados en el caso, 25 de ellas ocurridas en las últimas dos semanas, al titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, nombrado por el fiscal general Alejandro Gertz Manero el pasado 26 de junio, no le queda duda de cuáles han sido las principales fallas en la indagatoria que han impedido esclarecer este caso durante un lustro: “Las omisiones, las irregularidades, los actos de tortura, los malos litigios en los procesos mismos, sin poder subsanar pruebas conforme se iban ventilando los juicios ni investigar más, para hacerse de más medios de prueba”.
El funcionario fue entrevistado por Proceso el miércoles 18, horas después de que participara en una reunión gestionada por López Obrador, en la que estuvieron Gertz Manero, los familiares de los normalistas desaparecidos y sus representantes legales, abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Servicios y Asesoría para la Paz y Fundar, Centro de Análisis e Información.
En esa reunión, el fiscal Gómez Trejo se comprometió a realizar revisiones trimestrales, reencauzar la investigación para evitar nuevas liberaciones, así como investigar a fondo a funcionarios que obstruyeron el acceso a la verdad y la justicia.
“Necesitamos nuevas pruebas, hay delitos por los cuales no se investigó y que nosotros vamos a abordar: desaparición forzada, tortura, abusos en contra de la justicia, obstrucción a la justicia… es decir un catálogo de delitos que podemos activar”, advierte.
Recomendado a Gertz Manero por los padres y madres de los 43 normalistas y por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, el fiscal especial no es un improvisado en el tema.
En 2014, después de los hechos ocurridos en Iguala –que además de los desaparecidos dejó seis víctimas mortales y al menos una veintena de heridos–, y como integrante de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH), Gómez Trejo formó parte del equipo de observación del caso; y tras la formación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH), fue llamado a asumir la Secretaría Técnica.
Concluidos los trabajos del GIEI en 2016, desde las oficinas centrales de la CIDH en Washington, Gómez Trejo continuó con la documentación del caso para formar parte de la Mesa de Seguimiento del mismo organismo, encabezado por la comisionada para México, Esmeralda Arosamena.
Tras revelarse las irregularidades cometidas el 28 de octubre de 2014 por Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, en el segundo informe de GIEI, en abril de 2016, el funcionario dio una conferencia de prensa en la que utilizó el nombre de Gómez Trejo y de Pilar Sanmartín, funcionarios de la ONUDH, para validar su presencia en el río San Juan, a donde fue llevado un detenido de forma ilegal, lo cual fue motivo de un fuerte extrañamiento por parte del organismo internacional.
Como secretario ejecutivo del GIEI, en julio de 2017, el nombre de Gómez Trejo volvió a salir a la luz como uno de los personajes a los que el gobierno de Enrique Peña Nieto intentó espiar a través del sistema Pegasus, de acuerdo con un peritaje realizado por Citizen Lab.
Con la experiencia de seguir de cerca el caso Ayotzinapa, el fiscal especial advierte que el expediente “tuvo que haber tenido una visión mucho más global respecto a lo que significan las líneas de investigación, los elementos jurídicos encierran una desaparición forzada”, y una vez fortalecida la indagatoria, llegado el momento de realizar detenciones y puestas a disposición, “se debieron haber salvaguardado los derechos de estas personas sin haber cometido acciones u omisiones que afectaran sus derechos humanos”.
–¿No te sorprendieron liberaciones como la de Gildardo López Astudillo o la de los 24 policías de Cocula e Iguala?
–Cuando yo llego, en todos estos procesos ya habían sido presentadas las conclusiones; yo ya no llego a subsanar absolutamente nada de esos procesos. Ya estaban formados en la fila para que fueran dictadas sentencias, actos de absolución, etcétera. Desde una visión de la defensa de lo jurídico, yo ya no tenía ningún recurso para impedir ese tipo de salidas.
Recuerda que el origen está en el resolutivo del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, del 31 de mayo de 2018, por el que se eliminan decenas de pruebas “que considera que fueron obtenidas ilícitamente por torturas, malas detenciones, malas puestas a disposición, retardos injustificados en las puestas a disposición”, restando alrededor de 44 pruebas que, en esta nueva etapa, toca “subsanar” para que el juez tenga más elementos para dictar sentencia, “con la idea de que se corrobore la responsabilidad que tuvieron estas personas en estos procesos”.
Reconoce que entre los señalamientos que hizo el Poder Judicial desde hace más de un año, estaba el ordenamiento de aplicar el Protocolo de Estambul por instancias independientes para determinar si se cometieron actos de tortura en contra de detenidos, siendo uno de los principales pendientes que heredó de la Oficina para el caso Iguala, que encabezó Alfredo Higuera Bernal, hoy titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
“Fue hace un mes, más o menos, que me dijeron: ‘Viene una resolución que nos es notificada por el Juzgado de Distrito, nos pide protocolos independientes’. Les pregunté: ‘¿Y qué hemos hecho anteriormente?’, y me responden que hemos buscado una lista de no se dónde, a lo que instruí a realizar oficios a comisiones de derechos humanos para ver qué peritos tienen”, cuenta.
A esa exploración respondió la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, con la que la Unidad celebró un convenio por el que le facilitaron cuatro peritos, dos psicólogos y dos médicos, que hasta el cierre de la edición habrían aplicado el Protocolo de Estambul en uno de los detenidos y estarían por realizar otros tres, previo el consentimiento de las presuntas víctimas de tortura.
Tras reconocer que algunas de las personas que fueron liberadas dieron su consentimiento para que se les practicara la prueba, por lo que tendrán que someterse ya estando en libertad, Gómez Trejo resalta que una de las facultades que se le dieron a la Unidad a su cargo, como parte del Acuerdo 10/19 firmado por Gertz Manero, es concentrar todas las investigaciones que implican el caso Ayotzinapa y que estaban siendo indagadas por distintas áreas en lo que fue la PGR.
Con el respaldo institucional de peritos y policías de investigación, así como un equipo de unas 50 personas, 25 de ellas fiscales, el acuerdo “da una visión mucho más global de lo que significa Ayotzinapa, había una investigación en la SEIDO, en la Fiscalía de Delitos Federales se llevaba tortura, la Subprocuraduría de Procesos llevaba los casos ante los tribunales, la visitaduría tenía sus vistas y estaba haciendo sus investigaciones aparte, entonces lo que yo hago es ponerlo todo en una sola caja”.
Entre las primeras acciones al frente de la Unidad, recuerda Gómez Trejo, estuvo recibir 100 tomos correspondientes a 10 averiguaciones previas por tortura, que están siendo trabajadas por una “célula” de investigación.
“Es importante saber lo que pasó con todas estas personas, por qué abusaron, por qué fueron víctimas de tortura, en una detención sana no tiene por qué obrar una sola lesión”, señala.
–En las detenciones intervinieron miembros de la Marina, del Ejército, de la Policía Federal, ¿se les va a procesar de comprobarse la tortura?
–Estamos haciendo frente. Está toda la voluntad del fiscal (Gertz Manero) detrás de mí, estamos creando una estructura que rinda frutos, vamos a sanear desde el momento de la detención hasta la puesta a disposición de las autoridades responsables, un examen paso a paso de cada una de las personas que fue llevada frente a la autoridad.
En cuanto a los funcionarios que podrían ser responsables de que no se conozca la verdad, sin mencionar nombres de personas investigadas, sostiene que la Unidad a su cargo indaga sobre las carpetas de investigación que dejó abierta la Visitaduría General de la PGR.
“Todos aquellos funcionarios que hayan cometido alguna conducta que va en contra de la legislación criminal de este país va a tener que ser llamada para rendir cuentas frente a la justicia, en las investigaciones se van a analizar tramos de responsabilidad sobre cada delito”, apunta.
Sobre los compromisos de “reiniciar de cero” la investigación, como se comprometió Gertz ante los padres el miércoles 18, Gómez Trejo aclara que “no significa que vamos a quitar todo”, sino que después de realizar un diagnóstico, se determinó “eliminar los vicios de origen”, y retomar “actos de investigación que sí se hicieron”, así como retomar líneas propuestas por el GIEI, las del Mecanismo de Seguimiento implementadas por la Oficina de Investigación, de la ONUDH, e incluso del Tribunal Colegiado.
Con la intención de fortalecer los elementos que hasta ahora no han sido desestimados por los jueces, el fiscal especial insiste:
“El compromiso de nosotros es: vamos a sanear, limpiamos, establecemos buenos pilares y en función de eso empezamos a investigar.”
Con información de Proceso.