Rosario Robles Berlanga, José Antonio Meade Kuribreña y Luis Enrique Miranda Nava estuvieron al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el transcurso de dos años (2015 y 2016) en que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló 109 irregularidades que causaron probables daños a la Hacienda Pública Federal, por un monto total de 2 mil 289 millones 066 mil 410.45 pesos.
Las anomalías detectadas por la ASF incluyen algunas de las causas que llevaron a Robles al penal femenil de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, por el “ejercicio indebido del servicio público” durante su periodo como Secretaria de Desarrollo Social, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 26 de agosto de 2015.
En el “auto de vinculación a proceso” de Rosario Robles (causa penal 314/2019) hay mención de seis casos: subcontrataciones ilegales, contratación de empresas sin capacidad técnica para ejecutar los servicios pactados, servicios convenidos no efectuados, uso de recursos para fines distintos a lo acordado, falta de cumplimiento de convenios y ejercicio deshonesto de recursos públicos.
Los resultados de las cuentas públicas 2015 y 2016 incluyen, además, irregularidades en los inventarios de la Sedesol y sus organismos dependientes, falta de bienes adquiridos, pago a beneficiarios duplicados, no comprobados o fallecidos, pagos excesivos e injustificados por honorarios, contratación de servicios improcedentes y uso de recursos sin aprobación, justificación o con falta de reintegro a la Tesorería de la Federación.
Aunque algunos casos fueran solventados en los últimos cuatro años, el Poder Judicial de la Federación reconoció que hubo perjuicios que pudieron ser prevenidos por la Sedesol, pero que por omisiones o presunto encubrimiento, no fueron evitados. Y en su causa penal 314/2019 indica que “no se requiere una afectación al patrimonio”, sino que “basta con ponerlo en riesgo” para constituir un “injusto penal”.
Como garante del gasto público, Rosario Robles Berlanga fue juzgada por “tener conocimiento” y “no evitar” la comisión de irregularidades, al no informar de los hechos –con acto probatorio– al Presidente de la República.
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (ordinal cuarto fracción VII, numeral 117 y los artículos 13, 17 y 61) señala que las dependencias de gobierno tienen la obligación de rendir cuentas y efectuar medidas para contribuir al equilibrio presupuestario y racionalizar el gasto, además de informar a las autoridades acerca de cualquier infracción que implique conductas sancionadas por la ley penal.
También refiere (artículo 115) que las responsabilidades por actos u omisiones serán fincadas a los ejecutores directos y “subsidiariamente”, a todos aquellos que por la naturaleza de sus funciones “hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos”.
En ese orden de ideas, Meade y Miranda podrían ser juzgados al igual que Robles y tener que rendir cuentas por la comisión de ilícitos u omisiones.
El Poder Judicial ya requirió a la Fiscalía General de la República (FGR) que determine “si se inicia una investigación en contra de José Antonio Meade Kuribreña” por las “mismas omisiones imputadas” a Robles, según la causa penal citada.
Sobre el ahora Diputado federal Luis Enrique Miranda Nava, un hombre cercano al Presidente Enrique Peña Nieto y al ex Gobernador mexiquense Arturo Montiel Rojas, aún no pesa el escrutinio del Poder Judicial, pese y a que fue titular de la Sedesol entre septiembre de 2016 y enero de 2018.
Las 109 irregularidades detectadas por la ASF entre 2015 y 2016 podrían implicar “delitos continuados” que iniciaron durante la administración de Robles y que siguieron su curso –sin reporte a las autoridades jerárquicas superiores y/o con posible encubrimiento– durante las gestiones de Meade y Miranda.
Entre enero y junio de 2015, por ejemplo, tuvo lugar la firma de varios convenios de “Infraestructura Social” y de “Servicios y Ayudas Sociales” con instituciones educativas que generaron 1 mil 095 millones 454 mil 288.27 pesos en probables daños a la Hacienda Pública Federal, según las auditorías 0-20100-02-0277 277-DS y 15-0-20100-12-1639 1639-DS.
Por un lado, las universidades Intercultural del Estado de México (UIEM), Autónoma de Zacatecas (UAZ) y Politécnica de Chiapas (UPC) subcontrataron “la totalidad de los servicios convenidos con la Sedesol”, mientras que la ley vigente sólo permite “terciarizar” hasta el 49 por ciento de las obras. Esta irregularidad generó perjuicios equiparables a 316.3 millones de pesos.
Asimismo, las universidades Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN) y Autónoma de Chiapas (UAC) “no acreditaron” haber realizado los trabajos para los que fueron contratadas y generaron daños por 76.6 millones de pesos.
Por otra parte, la UTN y las universidades Politécnica de Texcoco (UPT) y Tecnológica del Sur del Estado de México (UTSEM) generaron perjuicios por 702.6 millones de pesos en el “desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios” en que “se observaron inconsistencias”, toda vez que “se comprobó que no ejecutaron los servicios” y que, en lugar de ello, transfirieron los recursos a seis personas físicas y 12 personas morales, “sin que existiera contrato o constancia que justificaran las transferencias”.
En consecuencia, la ASF determinó que hubo “falta de control y desvío en el uso de los recursos públicos”.
Algunos de estos convenios, aunque fueron firmados en tiempos de Rosario Robles, continuaron su ejecución con José Antonio Meade a cargo de la Sedesol, entre agosto de 2015 y septiembre de 2016.
A lo largo del ejercicio presupuestario 2015, la Auditoría Superior también encontró anomalías en el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (instalación de baños ecológicos, sistemas de agua pluvial y techos fijos) por un monto superior a 499 millones de pesos, en que el uso “excesivo” de recursos, materiales y de pagos por honorarios a personal contratado, además de los pagos “improcedentes” y a beneficiarios “duplicados”, fueron comunes.
Las anomalías en los programas de Comedores Comunitarios, Coinversión Social, de Fomento a la Economía Social, de Opciones Productivas, 3×1 para Migrantes y otros Servicios y Ayudas Sociales causaron probables daños por 254.2 millones de pesos, relacionados con pagos y servicios no comprobados, excesivos y/o justificados, falta de bienes y/o servicios adquiridos, transacciones con cheques no acreditadas, entre otros.
En el caso del Seguro de Vida para Jefas de Familia hubo daños de 56 millones de pesos, por el uso no comprobado de recursos, pagos “en demasía” a beneficiarios, personal contratado por honorarios y a “jefas de familia fallecidas” que “no se identificaron”. Asimismo, la Auditoría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones arrojó irregularidades no solventadas por 67.9 millones de pesos.
ROBOS CONTINUOS
La UAZ, que en 2015 realizó subcontrataciones ilegales por más de 131.8 millones de pesos, reapareció en las observaciones de la ASF por un posible perjuicio a la Hacienda Pública Federal de más de 28.4 millones de pesos relacionados con el pago de “servicios improcedentes”, contratación de servicios injustificados no comprobados y prestación de servicios que no acreditaron su contribución para el cumplimiento de los objetivos del convenio.
Un ejemplo de ello es lo plasmado en la auditoría 16-0-20100-02-0259 259-DS, misma en que se lee:
“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto total de 6 millones 623 mil 909.45 pesos, por concepto del pago de servicios improcedentes efectuados por la Universidad Autónoma de Zacatecas ‘Francisco García Salinas’ (UAZ) a un prestador de servicios, en razón de que tales servicios estaban destinados para dar cumplimiento del contrato suscrito el 30 de noviembre de 2016 entre la UAZ y el prestador de servicios, no obstante [que] la UAZ ya había entregado el producto de dichos servicios a la Secretaría de Desarrollo Social el 31 de octubre de 2016”.
Estas anomalías sucedieron entre las administraciones de José Antonio Meade Kuribreña y de Luis Enrique Miranda Nava, un año después de que la UAZ fuera objeto de observaciones de la ASF por presuntos desvíos de recursos relacionados con lo que sería llamada la “Estafa maestra”, que fue realizada por medio de convenios entre universidades, empresas, la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para simular la adquisición de bienes y servicios.
Según las declaraciones de dos ex titulares de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de Sedesol y Sedatu, José Antolino Orozco Martínez y María del Carmen Gutiérrez Medina, Rosario Robles tenía conocimiento de estos presuntos desvíos. Y de acuerdo con Robles, ella dio parte de los hechos al Presidente Enrique Peña Nieto y a José Antonio Meade Kuribreña.
Si Meade y Miranda –a través de la ASF o de sus predecesores en el cargo– conocían los hechos detectados por la Auditoría Superior y no impidieron e informaron acerca de la comisión de irregularidades, habrían violado la normatividad en curso e incurrido en un “injusto penal” por poner en riesgo el patrimonio público, por lo que podrían ser juzgados –como en el caso de Robles– por encubrimiento y “delitos continuados”.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece en su artículo 62 que “será responsable de encubrimiento el servidor público que cuando en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieren constituir faltas administrativas, realice deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento”.
La Cuenta Pública 2016 refiere que durante el ejercicio de ese año fiscal hubo irregularidades en Sedesol por 316 millones 531 mil 953.27 pesos, relacionados con Diconsa, la Pensión para Adultos Mayores y las Erogaciones por Servicios. También hubo anomalías presupuestarias relacionadas con los programas de Empleo Temporal y de Empleo Temporal Inmediato, de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y de Fomento a la Economía Social.
Entre las irregularidades detectadas estuvieron “mermas” y “quebrantos” injustificados, fallas en los inventarios de los organismos desconcertados de Sedesol, uso excesivo, no comprobado o no aprobado de recursos, así como proyectos no aprobados, comprobados, ejecutados, justificados y/o reintegrados a la Tesorería de la Federación y pagos a personas difuntas y beneficiarios no acreditados.
Artículo publicado por Sin Embargo.