El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) dio a conocer nuevos documentos del caso Odebrecht, según los cuales el llamado Departamento de Sobornos de la constructora brasileña habría transferido de manera encubierta otros 13 millones de dólares a cuatro empresas mexicanas con el presunto propósito de corromper en el interior del país y en otras naciones de Centro y Sudamérica, como Guatemala y Ecuador.
Los documentos fueron obtenidos por el medio La Posta de Ecuador y compartidos con ICIJ para su análisis. Estos archivos fueron también conseguidos por separado por el medio ecuatoriano Mil Hojas, que también se sumó al proyecto.
Durante tres meses, más de 50 periodistas en 10 países, integrantes de 19 medios y organizaciones aliadas (entre ellas MCCI) revisaron más de 13 mil documentos extraídos de la plataforma secreta de comunicaciones de Odebrecht, conocida como Drousys, en torno a transacciones del departamento de sobornos vinculadas con proyectos de la compañía en América Latina.
Como parte del Consorcio, la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) tuvo acceso al nuevo material periodístico en el que se revela que dos de esas supuestas intermediarias de Odebrecht han sido declaradas este año por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresas “fantasma”, al demostrarse que simulaban operaciones.
En la revisión de las documentales, el reportero Raúl Olmos encontró que una de ellas recibió contratos por casi 180 millones de pesos en el anterior sexenio, en instancias de gobierno que encabezaban colaboradores de primer nivel del exmandatario Enrique Peña Nieto.
Los 13 millones de dólares transferidos por el Departamento de Sobornos por medio de estas intermediarias, apuntó, son distintos a los 10 millones de dólares que exejecutivos de Odebrecht han confesado que pagaron entre 2012 y 2014 a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien permanece prófugo y ha negado esas acusaciones.
En el centro de esta trama está un despacho de Tamaulipas que sirvió a Odebrecht, y que a la vez sus contadores auxiliaron a operar dos empresas fantasmas utilizadas por el departamento de sobornos de la constructora brasileña.
Más sobornos en México
Según los nuevos documentos revisados por MCCI, hay indicios de que 13 millones de dólares de pagos encubiertos del Departamento de sobornos de Odebrecht transitaron por al menos tres intermediarias de Tamaulipas y el norte de Veracruz, ligadas entre sí: PLC Servicios, TTG Asociados y Blunderbuss Company de México.
Un modus operandi frecuente del Departamento de Sobornos era simular contratos con empresas para ocultar pagos ilícitos a políticos o financiamiento electoral.
La información de la plataforma no detalla el destinatario final del dinero, pero aporta indicios para ser investigados por las autoridades mexicanas.
Por ejemplo, en la plataforma secreta Drousys, a la que tuvo acceso MCCI, aparecen operaciones reportadas en 2014 por casi cinco millones de dólares que involucran a PLC y poco más de dos millones de dólares con TTG.
Las operaciones de PLC están ligadas con una obra carretera en Guatemala y las de TTG con una obra hidráulica y un gasoducto en Ecuador, ejecutadas por Odebrecht, según los documentos revisados.
En uno de los mensajes que permanecían encriptados aparece la anotación de una “primera operación” del “programa 2014” por concepto de supuesto pago de CNO (iniciales de Constructora Norberto Odebrecht) a través de PLC por un millón 32 mil dólares.
En otro mensaje del mismo sistema secreto aparece una segunda operación con PLC México, esta vez por un millón 380 mil dólares.
En el rastreo se localizaron otras dos operaciones que involucran a PLC: una con la anotación “inversión SIGMA” por 920 mil 76 dólares y otra con la descripción “Swift transfer” (transferencia bancaria) por un millón 548 mil dólares.
En conjunto, las operaciones financieras con PLC sumaron cuatro millones 880 mil dólares.
Algunas de las transferencias de PLC tienen la anotación de Guatemala, país en el que Odebrecht ha confesado que pagó 18 millones de dólares en sobornos para obtener un contrato de 384 millones de dólares para la construcción de una autopista que conectaría con México, la cual dejó inconclusa la empresa brasileña.
En la misma plataforma se localizó un contrato firmado el 13 de mayo de 2013 en el que TTG se comprometió a dar asesoría para preparar y negociar una oferta en la licitación del acueducto Represa La Esperanza-Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, en la provincia de Manabí, Ecuador, obra que fue asignada meses después a Odebrecht.
Otro archivo de la misma plataforma secreta reporta dos pagos de facturas en 2014 por 2 millones 43 mil dólares en los que aparece el nombre de TTG México. Los pagos están relacionados con el Poliducto Pascuales-Cuenca, que fue ejecutado por Odebrecht en Ecuador.
En uno de los mensajes encriptados aparece la advertencia de que los pagos por el contrato que TTG firmó con Odebrecht podrían ser interpretados como sobornos.
En la plataforma Drousys hay, además, registros de transferencias por más de 6 millones de dólares realizadas entre 2009 y 2011 a la empresa fantasma Blunderbuss Company de México, afincada en Poza Rica, Veracruz, a través del departamento de sobornos de Odebrecht.
De estos movimientos ya había dado cuenta MCCI desde 2017, en anteriores reportajes. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han podido determinar quién fue el beneficiario final de ese dinero o presuntos sobornos.
Además de los 12 millones de dólares, se utilizó otro despacho mexicano, ubicado en Polanco, para la transferencia de más pagos ilícitos.
La oficina mexicana de Fidemont, un despacho internacional de servicios financieros, intervino para triangular sobornos por una obra ejecutada por Odebrecht en Ecuador, de acuerdo con el testimonio de un empresario que sirvió como intermediario del gerente de transporte y almacenamiento de Petroecuador, Ramiro Carrillo.
En su testimonio rendido ante las autoridades ecuatorianas en septiembre de 2017, el empresario Gustavo José Massuh Isaías declaró que Kleinfeld Services -una empresa fachada de Odebrecht- le hizo dos depósitos por 309 mil dólares a través de Stockwell Corporation, fiduciaria que está domiciliada en Holanda y con un banco en las islas Barbados, pero que realizaba las operaciones desde México.
Ellos (Stockwell) pertenecen a un holding que se llama Fidemont, es una compañía que recibe fondos, cobra una comisión y luego le transfiere los fondos a las cuentas que usted le indique. Tiene varias filiales, yo conozco a las dos personas con las que hablaba en Stockwell en México”.
-¿Podría usted mencionar las dos personas con las que tenía contacto en Stockwell? –le preguntaron al empresario ecuatoriano al rendir su testimonio.
-Claro, el señor Gonzalo Pascual y la señora Itzel Hernández, que está en México -respondió.
Los depósitos de los sobornos se hicieron en marzo y en septiembre de 2014. El dinero no era para él, sino para el funcionario de Petroecuador al que sirvió como intermediario y que actualmente está sujeto a proceso penal.
El despacho de servicios financieros al que Massuh Isaías se refirió en su declaración está en un edificio de la calle Montes Urales, en Polanco.
El SAT reporta a operadora de sobornos
PLC Servicios y TTG Asociados, dos de las presuntas intermediarias de Odebrecht, están vinculadas entre sí. El dueño de la primera empresa trabaja para la segunda, según consta en las actas inscritas en registros mercantiles.
Aunque PLC Servicios fue creada en el municipio de Naranjos, al norte de Veracruz, su más reciente domicilio fiscal lo reportó en el piso 20 de la torre 2 del conjunto “Oficinas en el Parque”, conocidas como “Torres Moradas”, ubicadas en Rincón de Santa María, en Monterrey.
Antes, en 2014, notificó a las autoridades fiscales que sus instalaciones estaban en el piso 33 de la calle Montecito 38, en la colonia Nápoles, que corresponde a una oficina virtual del edificio del World Trade Center en la Ciudad de México.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) investigaba desde 2018 a PLC por presunta simulación de operaciones. En septiembre de aquel año, el órgano fiscalizador envió un oficio al representante legal de la empresa para notificarle las irregularidades que habían detectado en una revisión en sus estados contables.
En principio, le informó que no se había localizado a la empresa en Monterrey, porque el domicilio fiscal que había reportado en las Torres Moradas correspondía a la empresa Regus, dedicada a la renta de oficinas.
El SAT tomó como muestra para su auditoría la declaración por el ejercicio fiscal 2014, cuando PLC Servicios emitió facturas por 34 millones 515 mil pesos, la mayor parte a Met Limpieza SA de CV, ubicada en Tampico, y con la que había establecido una alianza para obtener contratos públicos para la limpieza de oficinas.
En esa revisión, el SAT encontró que PLC Servicios no había declarado activos, como son inventarios, terrenos, construcciones, maquinaria, equipo y mobiliario, “lo cual permite presumir que se encontró imposibilitado para realizar su actividad económica”.
En la misma declaración, la empresa reportó contar con mil 731 trabajadores, pero no manifestó retenciones del Impuesto Sobre la Renta por salarios ni servicios profesionales, lo cual –según el SAT- reforzó la consideración de que simuló operaciones.
El órgano fiscalizador pidió al IMSS de Nuevo León que informara el historial de altas y bajas de trabajadores, así como una relación de las cuotas pagadas, y la institución confirmó que era falso que la empresa tuviera en su nómina mil 731 trabajadores, como había afirmado en su declaración fiscal.
Con base en el resultado de su auditoría, el SAT notificó el 21 de febrero de 2019 su resolución de declarar a PLC Servicios como una empresa con operaciones inexistentes, que equivale a una empresa “fantasma”. Su inclusión en el listado definitivo se dio el pasado 14 de mayo, en una publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación.
Creada el 13 de diciembre de 2010, PLC Servicios tenía como accionista y administrador único a Enrique del Carmen Pacheco Orta, de profesión contador, quien desde 2008 ha trabajado como asesor del despacho TTG Asociados, también ligada con Odebrecht.
Vínculo Odebrecht-Duarte
TTG Asociados es una firma de abogados fiscalistas asentada en Tampico la que, según su sitio en internet, fue creada a principios de 1975. Su fundador es el contador José Luis Terán Álvarez, presidente de la Asamblea de Asociados del Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas (IEST), perteneciente a la red de universidades Anáhuac.
Tiene un despacho filial, de nombre García Terán & Torres Asociados, el cual realizaba trabajos de auditoría y administración para Odebrecht, en la Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa, que en 2013 impulsó con el gobierno del entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Odebrecht y Duarte habían creado esa sociedad el 19 de abril de 2013 para construir una central hidroeléctrica que sería alimentada por el agua de una presa. El proyecto incluía un acueducto que abastecería de agua a la capital veracruzana. El exgobernador (actualmente preso por corrupción) se había comprometido a aportar a esa empresa 355 millones de pesos de fondos públicos. La obra está suspendida por protestas de pobladores que se niegan a que se explote la cuenca del río Los Pescados.
Profesionistas que colaboran en los despachos de Terán Álvarez han fungido como operadores de una red de 12 empresas fantasma de Veracruz; una de ellas es Blunderbuss Company de México, que fue utilizada por el departamento de sobornos de Odebrecht para triangular seis millones 112 mil dólares entre bancos de Panamá, la isla de Antigua, Estados Unidos y México, según reveló MCCI en anteriores reportajes.
Blunderbuss fue constituida el 3 de junio de 2008, y tiene como dueños a dos presuntos prestanombres: Plinio Roldán Lecona Argüelles, exempleado de una gasolinera, quien reside en una humilde vivienda de la colonia popular Las Valentinas, de Poza Rica; y Santiago Castellanos Estrada, un vendedor de seguros con domicilio en Papantla.
El supuesto dueño de Blunderbuss tiene participación, además, en Geodesia y Asociados; Accelerator Company y Outsized Company, empresas que también han sido reportadas por el SAT como simuladoras de operaciones. Sus hermanas y vecinos de la misma colonia popular de Poza Rica son ‘accionistas’ en otras ocho empresas “fantasma”.
Al revisar las actas de esas empresas, brotan los nombres de personajes ligados a los despachos de Terán Álvarez como operadores.
Por ejemplo, el representante legal de tres de esas empresas es el contador Enrique del Carmen Pacheco Orta, el mismo que aparece como dueño de PLC Servicios, una de las intermediarias del departamento de sobornos de Odebrecht que se revelan en esta investigación.
PLC Servicios SA de CV –presunta intermediaria del Departamento de Sobornos de Odebrecht- inscribió su actividad ante las autoridades fiscales como “Servicios profesionales, científicos y técnicos”. Sin embargo, la empresa recibió en el anterior sexenio pagos por casi 180 millones de pesos de dos dependencias federales y de dos gobiernos estatales por supuestos servicios de “limpieza” y “lavandería”, de acuerdo con contratos obtenidos y revisados por MCCI.
En diciembre de 2013, el SAT asignó un contrato para limpieza de sus oficinas a PLC Servicios en sociedad con Met Limpieza, por tres millones 79 mil pesos. En ese momento, el titular del SAT era Aristóteles Núñez y el secretario de Hacienda Luis Videgaray.
Pero los mayores beneficios a la presunta intermediaria de Odebrecht los otorgó la administración del actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Entre diciembre de 2017 y agosto de 2018, le pagó a PLC Servicios 172 millones de pesos en un contrato que tuvo tres ampliaciones consecutivas.
La licitación en la que se asignó el contrato tuvo irregularidades, como la participación de otra empresa fantasma con la que PLC tiene vínculos.
También el exgobernador de Coahuila Rubén Moreira asignó un contrató a PLC Servicios por 3.8 millones de pesos.
Una segunda empresa, ligada a otro operador de la red de Odebrecht, también obtuvo contratos federales.
En junio de 2015, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que en esos días encabezaba Enrique Ochoa Reza, le asignó un contrato de limpieza por 10.3 millones de pesos a un consorcio en el que participaba Adding Machine Company, empresa que en octubre de 2018 fue señalada por el SAT como presunta simuladora de operaciones.
La comisaria de Adding Machine es hermana del dueño de Blunderbuss Company, empresa fantasma de Veracruz que entre 2009 y 2011 había operado 6.1 millones de dólares del departamento de sobornos de Odebrecht a beneficiarios que no han sido detectados, según documentos obtenidos por MCCI.
Una auditoría interna determinó que el servicio contratado en la CFE no se había efectuado, porque los formatos de supervisión de limpieza fueron impresos en hojas recicladas que corresponden a 2016, cuando se supone se levantaron y firmaron en 2015.
A pesar de eso, la CFE asignó más contratos en forma directa a la misma empresa por casi tres millones de pesos entre 2016 y 2017.
El contador José Luis Terán negó que el despacho TTG Asociados, propiedad de su familia, haya incurrido en actos de corrupción para Odebrecht, empresa para la que han trabajado desde hace 20 años.
Dijo que cualquier pago que aparezca en la plataforma de Odebrecht corresponde a servicios prestados por la empresa familiar.
“No hay forma de que nosotros permitamos una triangulación o que hagan algo indebido”.
Reconoció que TTG ha trabajado con Odebrecht desde hace más de 20 años, cuando la constructora brasileña estuvo asociada con la extinta empresa estadunidense Enron en obras para Pemex.
Asimismo, negó que TTG o su despacho García Terán & Torres Asociados hayan dado servicios al gobierno de Javier Duarte, y se deslindó de las empresas fantasma creadas por contadores que han trabajado para él.
Con información de Proceso.