A contra tiempo, porque solo tienen cinco días para ponerse de acuerdo, los coordinadores parlamentarios en el Senado construyen un modelo legal para garantizar que los propietarios de bienes muebles e inmuebles utilizados por el crimen organizado recuperen su patrimonio cuando demuestren que no tenían vínculos con los delincuentes.
En la construcción de los acuerdos para crear la Ley Nacional de Extinción de Dominio, además, hasta el momento la oposición política ha frenado bautizar como Instituto para Regresar al Pueblo lo Robado, a la dependencia que sustituirá al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
A pregunta expresa, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, explicó que la discusión es un tema relacionado con la presunción de inocencia o el de la buena fe de los que arriendan, entregan en comodato o realizan alguna figura jurídica de promesa de venta o de algún contrato, cuyo dominio es trasladado o transferido a terceros.
“Lo que se está planteando, y eso está intentando acercarse, es un tema de fondo, no es un tema trivial, es un tema de fondo; lo que se está planteando es que de lo asegurado, de los bienes o recursos económicos, dinero en efectivo o bienes muebles, un porcentaje se destine a un fondo para reparar el daño.
“Es decir, si el Ministerio Público asegura una propiedad, un vehículo, una joya, un reloj y, por sentencia del juez, del Poder Judicial, lo absuelven y demuestran su inocencia, existe la obligación del Estado en restituir lo asegurado en bienes y en avalúos actualizados”, dijo.
Para ello, detalló, “se está planteando cuando menos 10% de todo lo asegurado. Por ejemplo, ayer que se decomisaron no sé dónde, un millón de dólares, dos millones de dólares, o lo que se está disputando ahora entre el Poder Judicial, que lo vi, creo en un diario; del Poder Judicial con la Fiscalía, de 130 millones de pesos, de todo 10% iría a un fondo y otro porcentaje iría a la Fiscalía para capacitar a ministerios públicos y para actualizar, y otro porcentaje al Estado para política social.
“Estamos planteando 10% para este propósito que usted dice, y que no generemos ningún daño económico a quienes resulten inocentes, después de una resolución”, agregó.
Ante la insistencia reporteril, aclaró que si el dueño de un inmueble, del cual fue despojado al crimen organizado y que se haya vendido, gana un juicio en el que demuestra que es totalmente inocente, que no sabía que esa propiedad era utilizada para fines ilícitos, el Estado le regresará el valor de su patrimonio a valores actuales del momento en que gane el juicio.
Con información de Excélsior.