“Están abusando del artículo 1 de la ley de adquisiciones, las universidades están para educar, no hacerla de intermediarios. Los servicios se simularon. El dinero se pasó a empresas y terminó en esta”, señalaba Juan Manuel Portal en el pliego de papel que ocupaba toda la mesa de la oficina. Era el esquema que explicaba la red de compañías donde habían terminado recursos púbicos. El entonces auditor superior lo exponía a la entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles.
Ella negaba que hubiera alguna irregularidad, además, “por eso contratamos a las universidades; son instituciones de respeto”, decía. Ni siquiera el esquema de empresas que parecía una telaraña, lo que para investigadores financieros sería un ejemplo de lavado de dinero, pudo hacerla ceder en su posición: todo se hizo bien, insistió una y otra vez durante la hora que duró el encuentro.
Por eso, días después, Robles mandó las supuestas pruebas al edificio de la Auditoría Superior de la Federación en la colonia Del Valle: un camión con 63 cajas de cartón con miles de documentos que incluían cartas firmadas por funcionarios de la Sedesol y las universidades, con la aceptación de los servicios, facturas, convenios, registros de entregas.
Pero “todo era basura”, nada de ese demostraba que los servicios se habían hecho. “Eran copias con fotografías de eventos que no sabemos ni de dónde son, papeles que no decían nada absolutamente, no eran prueba, ni evidencia de nada”, dice el exauditor superior, Juan Manuel Portal, en entrevista con Animal Político.
Esa fue una de las cinco reuniones entre ambos entre 2014 y 2017, para tratar el mismo tema: en la Sedesol y Sedatu, las dependencias que Robles dirigió, ocurrían las mismas irregularidades y no debía seguirse permitiendo.
Se refería al uso excesivo de la excepción al artículo 1 de la Ley de adquisiciones, que permite hacer contrataciones entre instituciones de la administración pública sin necesidad de hacer licitaciones. En este caso se hacían convenios para supuestos servicios con universidades, y la Auditoría identificó que éstas subcontrataban hasta 98% de los servicios con empresas, pese a que la ley sólo permitía hasta 42%.
El portal Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad retomaron esta información e investigaron a las empresas que habían sido utilizadas entre 2014 y 2015, con el fin de hacer supuestos servicios por medio de 8 universidades, para 11 dependencias del gobierno federal.
La investigación periodística de La Estafa Maestra reveló así en 2017 que de 186 empresas utilizadas, 128 eran ilegales o fantasma, por lo que más de 3 mil millones de recursos públicos desaparecieron.
En otras dos reuniones, también estuvo presente el entonces oficial mayor de ambas dependencias y mano derecha de la titular, Emilio Zebadúa, quien era el responsable de administrar los recursos. La Auditoría sabía que sus subalternos firmaban los convenios con las universidades.
“Que no la engañen, secretaria, las universidades no están para esos servicios. ¿Por qué no hicieron una licitación? ‘Es que había poco tiempo’, me respondía. Sí, ya lo vi, a las universidades que le dio usted millones de pesos, en un día se hizo la invitación, al otro día se hizo el contrato y al día siguiente ya estaba todo entregado en la República, pues ¿cómo le hacen?”, dijo el exauditor durante una de las reuniones.
Peña, su gabinete y diputados no detuvieron la Estafa
En la audiencia que enfrentó Rosario Robles, el pasado jueves 8 de agosto, la Fiscalía General de la República presentó una serie de documentos y testimonios como prueba de que, siendo funcionaria, supo de los presuntos desvíos cometidos en la Sedesol y la Sedatu, porque fue avisada por escrito por sus subalternos y el auditor federal, pero no hizo nada para detener las irregularidades; ello, dijo la FGR, constituye el delito de ejercicio indebido de la función pública.
Pero ella no fue la única funcionaria que lo supo. Juan Manuel Portal, como exauditor federal, informó a todos quienes tenían facultades para detener e investigar las irregularidades en el Ejecutivo y el Legislativo. El de mayor jerarquía fue el presidente Enrique Peña Nieto.
A mitad de 2017, Portal logró conseguir una reunión con el mandatario en los Pinos. En 45 minutos le explicó los casos más relevantes de corrupción, de entre todo lo que había detectado la Auditoría. Le habló de los desvíos en Veracruz, gobernado por Javier Duarte, y del esquema de desvío en diferentes dependencias contratando a universidades, y “al tema de Rosario le dimos el tiempo suficiente”.
“Le expliqué desde dónde había empezado (el esquema de desvío), en la administración del presidente Calderón, con las compras del bicentenario, y la Estela de Luz, donde se contrataron empresas evadiendo las licitaciones”.
– ¿Qué le dijo después de escuchar esto?
– Fue muy amable, se preocupó, tomó notas, me dijo que lo iba a ver.
Para entonces, la Auditoría Superior de la Federación no sólo había investigado este tipo de presuntos desvíos, sino que ya había interpuesto 17 denuncias penales por la posible comisión de delito.
Artículo publicado por Animal Político.