Si el particular que asegura ser propietario de las 128 hectáreas de la comunidad San Miguel Xaltocan que se utilizarán para la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles acredita la posesión, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) será la encargada de pagarle una indemnización, afirmó Estela Ríos González, directora de Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
En entrevista con Excélsior, la funcionaria subrayó que está en tela de juicio determinar si existe un propietario privado o no del terreno, ya que cuando se realizó la investigación de antecedentes no aparecía registrada propiedad alguna, ni hubo, hasta ese momento, quien se inconformara ante los trabajos de deslinde, por lo que las tierras fueron declaradas nacionales.
“Como no hubo ninguna oposición, no se detectó que hubiera propietario alguno y se siguió con el procedimiento y, como consecuencia de ello se declaró terreno nacional”, explicó.
Ríos González detalló que si hay pruebas fehacientes de que Raúl Romero Zenizo es dueño de los terrenos y el juez falla en su favor, la declaratoria deberá ser revocada, la superficie tendría que ser expropiada por causa de utilidad pública y sería la Sedena, no la Sedatu, la encargada de pagar la indemnización.
Expropiación, vía para pagar las tierras del aeropuerto
Un juez tendría que dejar sin efecto la declaratoria de terrenos nacionales sobre las 128 hectáreas y se procedería a pagar una indemnización, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, a quien fuera actual dueño de dichas tierras, advierte la Sedatu.
a Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sería la instancia encargada de pagar una indemnización a Raúl Romero Zenizo si comprueba que es el propietario de las 128 hectáreas que se utilizarán para la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, dijo a Excélsior la directora de Propiedad Rural de la Sedatu, Estela Ríos González.
La funcionaria federal explicó que para llegar a ese punto existen dos escenarios posibles:
“Vamos a pensar en el peor de los escenarios para la Sedatu. Que (el presunto propietario) dijera que no se le dio la garantía de audiencia, porque al señor no se le dio derecho a presentar pruebas. Lo que se haría es reponer el procedimiento y entonces nosotros analizaríamos las pruebas y, con base en esas pruebas, estaríamos determinando lo procedente.
“El otro escenario, que el juez dijera, (que el quejoso) ‘si es propietario’; entonces ‘hay que revocar y dejar sin efecto la declaratoria de terreno nacional’; en ese caso, la Sedatu tampoco tendría que pagar, lo que tendríamos que decir es que se reconoce que es propiedad de fulanito y que se deja sin efecto la declaratoria de terreno nacional sobre esas 128 hectáreas; en caso de que la Sedena las esté requiriendo para su uso, lo que se llevaría a cabo es una expropiación por causa de utilidad pública y, en ese caso, pagar una indemnización, que sería a cargo de quien fuera a llevar cabo la expropiación y no sería en forma alguna la Sedatu”.
Ríos González aclaró que la Sedatu no tiene que pagar nada a nadie en el caso de las 128 hectáreas de territorio de la comunidad San Miguel Xaltocan que la Sedena utiliza para la nueva terminal aérea.
“No hay razón jurídica para que en algún momento estuviéramos condenados a pagar alguna indemnización por lo que hace Sedatu. La razón es porque el terreno ha sido declarado terreno nacional, y en el último supuesto de que se dijera que ese terreno es propiedad de algún tercero, el pago lo haría la Sedena”.
La directora de Propiedad Rural de la Sedatu dijo que está en tela de juicio determinar si existe un propietario privado o no.
De acuerdo con la declaración de la funcionaria, cuando se hizo la investigación para determinar si las tierras de Xaltocan tenían propietario, se llegó a la conclusión de que no.
“Para llevar a cabo este procedimiento se hace una investigación de antecedentes registrales. A la fecha que se hizo la investigación de antecedentes registrales, que fue en 2016, no aparecía registrada propiedad alguna, así nos lo informaron en el Registro Público de la Propiedad. Con base en eso se continuó con el procedimiento”, dijo.
Explicó que hubo aviso de deslinde, que sirve para que todos aquellos que se sientan afectados por esos trabajos o que pudieran hacer valer un mejor derecho, puedan hacer valer sus inconformidades y presente las pruebas que deban llevarse a cabo.
“En ningún caso hubo oposición a estos trabajos de deslinde ni se presentó ninguna inconformidad. Como no hubo ninguna oposición, no se detectó que hubiera propietario alguno y se siguió con el procedimiento y como consecuencia de ellos se declaró terreno nacional. Se hizo la publicación el 26 de abril de 2019 y es entonces cuando a partir de esa publicación se dan por enterados algunos, y en junio de 2019, es que se hace un intercambio entre Sedena y la Sedatu”, dijo Ríos González.
Excélsior publicó en su edición de ayer el intercambio de oficios entre ambas dependencias del gobierno federal, donde la Sedena reconocía la propiedad de las 128 hectáreas a un particular y la posición de la Sedatu, en el sentido de que ésos eran terrenos nacionales.
La funcionaria de la Sedatu explicó que el reconocimiento de propiedad de la Sedena a un particular obedeció a la buena fe.
“Técnicamente, entiendo que la Sedena actúa de buena fe, le da crédito a lo que expone el particular. Con base en esa buena fe se da a entender que es propietario. Sin embargo hay que tomar en cuenta que quien maneja los procedimientos de declaratoria de terreno nacional es Sedatu. A la que debió habérsele acreditado en su momento la propiedad era a la Sedatu. Nosotros ya no podíamos revocar esa resolución, porque la propia Ley General de Procedimiento Administrativo nos lo impide.
“Entendemos que se formuló una petición por el señor (Raúl) Romero Zenizo ante la Sedena; la Sedena actuó de buena fe, le cree al señor, pero eso es una cuestión que no se resuelve exclusivamente con la buena fe, tiene que haber pruebas fehacientes de que el señor realmente es el propietario. Y si bien es cierto que apareciera registrado, cuando se hizo la investigación no había ese registro”.
A pregunta expresa sobre si un juez de Distrito, ante quien se amparó el señor Romero Zenizo es quien tiene que emitir una sentencia del caso, Ríos González dijo:
“El Juzgado de Distrito es una primera instancia, en el caso que resultara desfavorable para la Sedatu, estaríamos obligados a interponer el recurso de revisión. Y eso ya lo resolvería un Tribunal Colegiado, que sería la última instancia. Una vez que en el Tribunal Colegiado se tome una decisión a favor o en contra, se estará operando en consecuencia.
“Pero obvio, nosotros no estamos obligados a hacer pago alguno. Partimos de que lo declaramos terreno nacional porque es terreno de la nación, es propiedad de la nación, no tenemos que pagar nada.
Sobre cómo quedó su relación con la Sedena después del intercambio de posturas sobre la propiedad de las 128 hectáreas, la funcionaria federal dijo:
“Eso fue en 2019, es una situación resuelta y zanjada. Terminó con la comunicación del 11 de julio de 2019. Se resolvió de otra manera, la Sedena tenía interés de entrar en posesión de esos terrenos, y como se trata de la construcción del aeropuerto, se trata de una cuestión pública y de seguridad nacional, se negó la suspensión, por lo tanto la Sedena puede entrar en posesión de esos terrenos de inmediato, en virtud de que se le negó la suspensión a Romero, se le negó precisamente porque la construcción del aeropuerto es una causa de utilidad pública”.
Con información de Excélsior https://bit.ly/3fUqhf6