Al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entre 2010 y 2017, Juan Manuel Portal Martínez apremia: “no es suficiente con tener la cárcel llena de gente corrupta. Hay que ver qué pasó con el dinero”.
Sin embargo y al asumir que tras detectar los malos manejos en las dependencias del gobierno, la tarea de la ASF concluye con la presentación de las correspondientes denuncias ante la autoridad ministerial, plantea la complejidad de dar con el paradero de los fondos: “es muy difícil documentar esas cosas. No creo que haya contratos, convenios, recibos…”. La Auditoría no tuvo nada que pudiera advertir, por ejemplo, un uso de carácter electoral para esos recursos.
La gestión de Portal Martínez realizó las auditorías que pusieron al descubierto los malos manejos que hoy tienen en prisión a la ex secretaria Rosario Robles Berlanga. Ha seguido puntualmente el recorrido de este proceso y guarda todavía capacidad de asombro al describir el entramado de la estafa maestra.
Y apunta: los fraudes multimillonarios en la Sedesol y en la Sedatu fueron tan burdos que incluso se usaron “machotes” para elaborar los convenios con universidades y con los sistemas de radio y televisión.
“Se les hizo fácil” proceder así ante el ambiente de impunidad y simulación que prevaleció en el sexenio pasado prácticamente desde su arranque, apunta.
Portal no accede en su conversación con La Jornada a opinar sobre los niveles que alcanzó la corrupción en ese periodo. Pero acota: “aunque no lo diga yo, así es como se ve. Comparado con otros sexenios, en el de Enrique Peña Nieto se notó desde los gobiernos de los estados, los desvíos enormes que hubo con recursos federales…”.
Otros casos de irregularidades documentados por la ASF en la etapa de Portal fue la adquisición por Pemex, de las plantas de fertilizantes Fertinal y Agronitrogenados con la dirección de Emilio Lozoya, hoy prófugo. E insiste: “hubo desproporción del monto que se pagó por esas empresas”.
Para él, es insuficiente con decir únicamente que la operación fue aprobada por el consejo de administración de Pemex, “hay una responsabilidad ahí del director”.
Frente al hecho de que la ASF denunció, entre otros muchos, los actos fraudulentos en Sedesol y en Pemex, en una fase del sexenio con suficiente tiempo aún para sancionar, Portal no duda: las autoridades responsables “voltearon para otro lado”.
Y no rehuye: la secretaria Robles “tenía clara información de lo que se estaba haciendo más abajo” y los órganos internos de control no hicieron su labor de supervisión y sanción por la tradicional cercanía de los titulares de aquellos con los secretarios. Obviamente prevaleció “la impunidad” frente a las denuncias y observaciones de los entes fiscalizadores, concluye.
Sobre qué responsabilidad ética, moral, legal corresponde a quien teniendo la documentación de la ASF no actuó, apunta: “habría que ver cada caso. Insisto: la auditoría no señala cuáles son los delitos, sino quiénes tienen una clara responsabilidad administrativa, pero ésta va separada al caso de que hubiera un delito penal o de cualquier otro orden”.
Porque en México, lamenta enseguida, “se tienen suficientes leyes, reglamentos, procedimientos o reglas para el ejercicio del presupuesto. Sin embargo, cuando en alguna entidad o dependencia se empieza a brincar la ley y se procede como si eso fuera normal, todo mundo interpreta como que está permitido hacerlo, no hay sanción…”.
En ese punto, Portal Martínez responde a la interrogante sobre el documentado “desmantelamiento” del equipo de especialistas de la ASF que ubicó precisamente el desvío de recursos en Sedesol y Sedatu.
“Entrando el nuevo auditor (David Colmenares Páramo), cambió prácticamente a todo mundo. Quedaron como una o dos personas que estaban en el primer nivel (…) de aquí a que se vuelve a aprender, que se hacen relaciones con los entes auditados… En fin, no es fácil rehacer la ASF como estaba, será muy complicado. Vamos a esperar a ver qué resultados son los que muestran, pero hasta ahorita no se ven como anteriormente se habían presentado”.
Portal considera que el Sistema Nacional Anticorrupción “está bien diseñado, pero no está operando. Sigue con titubeos, no veo acciones concretas, no se ha publicado ningún programa” y sería indispensable –añade– incorporar a su estructura a la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Sistema de Administración Tributaria, “y empiecen a darle seguimiento a las denuncias que están presentadas”.
Además, dice, el argumento del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público esgrimido por quienes hicieron manejo irregular del presupuesto a través de la adjudicación directa de contratos es inválido y hasta “ridículo”.
Ellos omiten –apunta– que esa normativa les marca que no puede otorgarse directamente más de 49 por ciento del monto de los contratos y que es necesario justificar la decisión a través estudios de mercado.
“Estos aspectos nunca se cubrieron. Con una pésima y perversa interpretación se hicieron muchas cosas (incorrectas). Hay que corregir ese artículo porque la ley no se está respetando y esto hacía que hubiera desvíos enormes”.
De cómo recurrieron al mismo modus operandi para la estafa, puntualiza: “un ejemplo de lo burdo (del proceder) es que en Sedatu algunos de los primeros convenios que hicieron los tomaron de un ‘machote’ que usaron en Sedesol” y dejaron en la presentación de los firmantes que Sedatu era responsable de la política social, cuando su labor es la vivienda, el territorio, etcétera. O sea, copy paste.
Con información de La Jornada.