Los gastos dispensables de la Procuraduría General de la República (PGR) aumentaron 3.4 veces en promedio durante el sexenio pasado, mientras que su gasto en programas clave contra el delito se estancó, al igual que sus resultados en materia de procuración de justicia.
Entre 2013 y 2018, la Procuraduría invirtió 787.3 millones de pesos anuales (en promedio) para el pago de viáticos y transportes, vales de despensa, alimentos y bebidas, servicios de vigilancia privada y vestuario no especializado, entre otras compras registradas en el portal CompraNet.
Destacaron, por ejemplo, 14.5 millones de pesos en idas a parques de diversiones y poco más de 1.2 millones en regalos, juguetes, boletos para obras de teatro y artículos deportivos.
La “anarquía administrativa” en tiempos de Jesús Murillo Karam, Arely Gómez González, Raúl Cervantes Andrade y Alberto Elías Beltrán no se limitó a compras multimillonarias con “asignaciones desproporcionadas e ilógicas”, como acusó a principios de mayo el Fiscal Alejandro Gertz Manero.
Durante el sexenio pasado también hubo “grandes atrasos y rezagos en la atención de denuncias y en la determinación de investigaciones”, así como el uso de la institución para encubrir “a los cómplices del poder” y para castigar a los enemigos políticos.
Tres de los cinco indicadores de eficiencia y efectividad de la PGR –ahora Fiscalía General de la República– dibujan la misma realidad descrita por Gertz Manero.
La última medición de julio de 2018 indica que la dependencia federal no sólo no alcanzó la meta planteada, sino que dio marcha atrás (-49.7% en 2013-2018) en materia de ejercicios de acción penal que derivaron en autos de formal prisión, en el número de casos desechados (+67.3%) con respecto a las consignaciones remitidas, además de la dilación en la integración de averiguaciones previas, cuyo plazo de armado pasó de siete meses a 3.6 años en promedio, entre 2013 y 2018.
Asimismo, tres de los cuatro indicadores sobre reducción de impunidad tuvieron cifras rojas entre 2013 y 2018, aunque sólo dos –el de cumplimiento de órdenes de aprehensión y reaprehensión y el de atención en carpetas de investigación– no alcanzaron la meta sexenal.
Con el desequilibrio en el manejo de la Procuraduría fue imposible mejorar la efectividad de la PGR que, en seis años, pasó de consignar el 32.3 por ciento de las carpetas de investigación iniciadas en 2013, a consignar el 15.6 por ciento en junio de 2018.
Si además consideramos la cifra negra, es decir, que más del 93 por ciento de los delitos en México no son denunciados, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), la efectividad de la PGR –y el alcance de la procuración de justicia a nivel federal– se reduce al 1.1 por ciento de los casos (cuando en 2013 era equiparable al dos por ciento).
EL GASTO
Los nueve principales programas de inversión de la otrora PGR tuvieron un incremento presupuestario promedio de 18 puntos porcentuales en los años de gobierno del ex Presidente Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, los tres programas clave antidelictivos, que año con año acapararon alrededor del 76 por ciento del presupuesto de la Procuraduría, tuvieron los índices de crecimiento presupuestario más bajo, e inclusive, uno de ellos fue a la baja.
Por un lado, los programas para “Investigar y perseguir los delitos del orden federal” y para “Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial” tuvieron variaciones positivas acumuladas de 6.5 y 4.4 por ciento, cada uno. En cambio, el programa para “Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada” sufrió un decremento presupuestario de 15.7 por ciento, según cifras de los presupuestos de egresos de la Federación.
Mientras este tipo de programas prioritarios fue castigado, el gasto dispensable fue al menos 3.4 veces mayor a lo largo del sexenio, con una inversión promedio anual equiparable al doble (1.6 veces) del presupuesto para el programa contra delitos especiales (476.9 mdp) o al 40 por ciento del dinero destinado a luchar contra el crimen organizado (2 mil mdp).
Las erogaciones que suponen la mayor oportunidad de ahorro y eficiencia presupuestaria son aquellas relativas a gastos en viáticos y transportación de servidores públicos (1.6 mil mdp en seis años) y al parque vehicular terrestre y aéreo de la dependencia federal (1.5 mil mdp).
“Se encontraron compras multimillonarias de aeronaves sin justificar su necesidad ni su costo-beneficio, las cuales se adquirieron a precios evidentemente inflados y con un propósito injustificado”, dijo a principios de mayo el Fiscal Alejandro Gertz Manero.
El funcionario destacó también que, entre 2013 y 2015, la PGR “realizó una inversión de más de mil millones de pesos en la adquisición, mantenimiento, capacitación y seguros de aeronaves no tripuladas mediante adjudicación directa, sin contar con un estudio de necesidades y de costos competitivos, ni un informe de resultados que [pudiera] demostrar su utilidad en judicializaciones concretas”.
Otros de los grandes gastos ociosos fueron los de vales de despensa para funcionarios (772 mdp), alimentos y bebidas para personal y “detenidos” (568 mdp), además de aquellos relacionados con servicios de vigilancia privada (133.2 mdp) y vestuario no especializado (93.6 mdp).
Las cifras del portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indican, asimismo, que el gasto dispensable ocupó más del 51 por ciento del gasto total en contrataciones públicas de la Procuraduría entre 2013 y 2018. Esto es el 4.9 por ciento del gasto total de la PGR durante el sexenio pasado.
Dicha proporción (4.9 por ciento) es superior, por ejemplo, a la de los programas de la Procuraduría para representación jurídica nacional e internacional (3.1), investigación y persecución de delitos federales especiales (2.9) y de orden electoral (uno), supervisión y vigilancia del marco legal (1.5), respeto a derechos humanos (1.3), así como al del programa de investigación académica (0.5 por ciento).
La información oficial también indica que el 62.5 por ciento de los contratos otorgados por la PGR durante el sexenio pasado fueron de adjudicación directa, por un monto (5.3 mil mdp) equiparable al 58 por ciento del gasto en contrataciones del periodo.
Con información de Sin Embargo.