A lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto la proporción de población mexicana que piensa que la corrupción es un acto frecuente en su entidad federativa aumentó en ocho puntos porcentuales, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Al dar a conocer las Estadísticas del Día Internacional contra la Corrupción, el Inegi informó que en el 2011 –antes de que asumiera el poder Enrique Peña Nieto– la cifra era del 83%; mientras que para el penúltimo año de su gobierno, en 2017, el 91.1% de las personas señalaron que la corrupción es un acto frecuente es su respectivo estado.
En México, señaló el organismo de estadística, el 56.7% de población de 18 años y más considera que la corrupción es uno de los problemas más importantes que enfrenta la entidad federativa donde reside, sólo por detrás de la inseguridad y la delincuencia.
“La corrupción es un problema que afecta a organizaciones públicas y privadas y se define como el abuso de la posición organizacional para obtener beneficios de manera ilegítima”, señaló el reporte.
Además, acotó, se caracteriza por ser un fenómeno multidimensional, que se realiza en secrecía, involucra a varios actores y tiene orígenes e impactos políticos, sociales, culturales y/o económicos. A fin de trazar estrategias de prevención, combate y sanción contra la corrupción basadas en evidencias, es necesario conocer sus patrones, tendencias y características.
La corrupción fue la principal bandera del sexenio pasado.
En 2017, a nivel nacional se observó un aumento de poco más de dos puntos porcentuales en el porcentaje de población víctima de corrupción respecto a lo estimado en 2015 y 2013. Lo anterior, motivado principalmente por el incremento en la prevalencia en 20 entidades.
“Los cambios en esos años sugieren una mayor propensión al empeoramiento en la frecuencia de actos corrupción a que se observe una situación de mejora”, señaló el Inegi.
A nivel nacional, el contacto con autoridades de seguridad pública, permisos relacionados con la propiedad o trámites ante el Ministerio Público fueron los espacios donde se han observado las mayores prevalencias de corrupción:
59.5% de las personas que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública, 30.7% de las que tramitaron permisos relacionados con la propiedad y 25.1% de las que realizaron trámites ante el Ministerio Público, observándose asimismo un aumento en la frecuencia de corrupción en esos trámites entre 2015 y 2017. Por su parte, hubo una reducción en la prevalencia de corrupción en los trámites en juzgados o tribunales de justicia.
Un aspecto importante en el combate a la corrupción es la denuncia. Sin embargo, en 2017, 82.6% de la población a nivel nacional que sufrió algún acto de corrupción no denunció el delito. Hay variaciones entre entidades: Quintana Roo, Colima y Michoacán son las entidades con las mayores tasas de denuncia, con 38.7%, 30.4% y 26.8% de víctimas que dieron cuenta a las autoridades, respectivamente.
Los principales motivos de la población para no denunciar los actos de corrupción se relacionan con la falta de confianza en las autoridades para atender el caso.
Dos datos que sobresalen es que casi tres de cada 10 víctimas de corrupción no denunciaron por que obtuvieron algún beneficio o bien, porque consideraron que la corrupción es una práctica común.
Avances en el SNA
En cuanto al avance del Sistema Nacional Anticorrupción, el organismo de estadística señaló que las 32 entidades habían realizado reformas a la Constitución local y expedido la Ley Estatal del Sistema Anticorrupción; además, 31 entidades habían realizado las adecuaciones pertinentes a la Ley Orgánica de la Administración Pública.
En total, 20 entidades habían concluido la armonización legislativa.
Entre las entidades con menor avance en la armonización se encuentra Veracruz con cuatro normativas pendientes; Nayarit, Chihuahua, Tlaxcala y Coahuila con tres, siendo la Ley de Responsabilidades Administrativas la que en siete estados aún no se había promulgado al cierre de 2018.
Respecto a la conformación de órganos para la integración de los Sistemas Locales Anticorrupción, 31 entidades habían integrado el Tribunal de Justicia Administrativa y 30 contaban con Fiscalía Anticorrupción u homóloga.
No obstante, los rezagos para integrar el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Coordinador del Sistema, así como la Secretaría Técnica del Sistema, dejaban a ocho entidades sin la conformación de todos los órganos del Sistema Local Anticorrupción.
No todas las entidades que indicaron considerar la lucha contra la corrupción como eje estratégico de desarrollo contaron con un Plan o Programa específico anticorrupción.
De las 26 entidades que incluyeron el tema de combate a la corrupción en su Programa de Desarrollo Estatal (PDE), Colima, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Quintana Roo y Tabasco no contaron con un instrumento programático específico.
Por su parte, Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Querétaro y Sonora estaban en proceso de integrarlo y las 15 entidades restantes sí contaban con un plan o programa anticorrupción.
Mientras que Nuevo León y Veracruz reportaron tener un plan anticorrupción pese a que el primero no indicó considerarlo como eje rector de su PDE y el segundo señaló estar en proceso de integrar un PDE. Lo que resulta en un total de 17 estados en el país que tenían un programa anticorrupción en 2018.
Con información de Proceso.