México no es un país autosuficiente cuando se habla de leche. Se consumen alrededor de 15 mil millones de litros cada año, pero solo se producen 12 mil millones de litros, según datos de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canlic).
Esa falta de autosuficiencia también se refleja en el Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de la empresa con participación mayoritaria del Estado, Liconsa, que atiende a 6 millones 275 mil 061 beneficiarios, entre niños mayores de seis meses, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores.
Para conseguir parte de esta leche existe el Programa Nacional para la Adquisición de Leche Nacional de Liconsa, que suma a más de mil productores que enfrentan diversos problemas: compiten en condiciones desiguales con su leche fresca contra la de polvo importada, sufren la falta de políticas públicas que protejan sus intereses, y han visto los precios castigados por parte de los grandes industriales mexicanos. Producir leche y vivir dignamente de ello es complejo.
Además, 25 de las 365 empresas a las que el gobierno compró leche o servicios asociados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto son trasnacionales. A pesar de ser un número que aparenta ser proporcionalmente pequeño, su presencia en el mercado es apabullante. Recibieron por adjudicación directa más de 10 mil millones de pesos en contratos pagados en dólares, de un total de 34 mil millones de pesos dedicados a ello.
Para esta investigación, PODER analizó 653 contratos para la compra y transporte de leche, compra de vitaminas y minerales, almacenamiento y producción de leche, análisis de la misma, publicidad y otros conceptos provenientes de las bases de datos de Compranet y del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) que se encuentran agregadas en la plataforma de análisis QuiénEsQuién.Wiki, de PODER.
Artículo publicado por Proceso.