El Instituto Nacional de Migración (INM) y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia llevan más de un mes desobedeciendo una resolución judicial que les obliga a establecer un plan para que los menores encerrados en la estación migratoria Las Agujas puedan estar en régimen de libertad. Así lo señala una resolución fechada a 24 de julio y emitida por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que estimó el amparo presentado por diversas ONG.
La resolución también ordena identificar e individualizar a los menores que se encuentren en el centro de detención y que aquellos que vayan solos sean canalizados a través del DIF.
El portal Animal Político quiso conocer la posición del instituto que dirige Francisco Garduño pero al cierre de la nota no obtuvo respuesta. Su única declaración viene recogida en una nota informativa del 25 de julio en el que dice “hasta el momento, la autoridad judicial federal no se ha pronunciado en este sentido, por lo que esta dependencia no ha incumplido ninguna orden de esa autoridad.
Sin embargo, la orden judicial existe.
Está fechada a 24 de julio y la firma Tania Lara Marroquín, secretaria del juzgado. En ella se da un plazo de 24 horas para que se cumplan los requerimientos. El mandato está dirigido al comisionado Garduño, al director general de Control y Verificación Migratoria, delegado federal en la Ciudad de México, director de Las Agujas, directora de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes, así como a la directora ejecutiva de la Procuraduría Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de México.
En caso de que las autoridades responsables no cumplan con el mandato judicial “serán denunciadas ante el Ministerio Público de Federación”, dice la resolución.
“Un tribunal ordenó que fueran puestos en libertad todos los adolescentes y menores de la Ciudad de México. Es una orden definitiva, inatacable. Desde hace un mes ni el INM ni procuraduría cumple con la orden”, denuncia Simón Hernández, abogado de la Clínica Jurídica de la Universidad Iberoamericana. Esta institución es uno de los grupos que presentaron la demanda junto a Sin Fronteras y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Estas organizaciones promovieron una acción judicial tras la muerte, el 15 de mayo, de una menor guatemalteca en la estación migratoria ubicada en Iztapalapa. En ella exigían que los niños y niñas encerrados fuesen identificados e individualizados; que los que se están solos se canalizasen a través del DIF y que se elaborase un plan para que los que están con sus familias pudiesen pasar a un régimen de libertad.
Con información de Animal Político.