El vocero de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz Sandoval denunció públicamente que el gobierno federal está retrasando la investigación porque aún no designa al fiscal de la comisión especial.
Incluso, reveló que los familiares han propuesto al exinspector general de la Dirección de Asuntos Internos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), César Alejandro Chávez, quien renunció al cargo por oponerse al informe de la verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto.
También propusieron al Juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Matamoros, Tamaulipas, David Calderón Blanc, quien determinó que en la investigación de las autoridades ministeriales de la pasada administración “no existen elementos probatorios para sostener el caso”.
Este fin de semana se realizó una asamblea popular en las instalaciones de la emblemática normal de Ayotzinapa donde lanzaron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que no sea “insensible” ante los conflictos sociales que se viven en el país.
Al respecto, el abogado Vidulfo Rosales Sierra dijo que hay colectivos sociales que han planteado diversas problemáticas a la administración federal, “y se ha mostrado insensibilidad para la resolución de esas demandas, como por ejemplo a los desplazados por la violencia de Chichihualco y Zitlala que están en plantón frente a Palacio Nacional desde hace un par de semanas y no los atienden; hay presos políticos en cárceles del país; hay huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana y no se atiende, en fin son diversos problemas que no se están atendiendo”.
Además, recordaron el conflicto en la normal rural de Mactumactzá en Chiapas, donde el gobierno del estado que encabeza el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pretende cerrar esa escuela.
También, calificaron como una incongruencia que el gobierno federal haya aprobado la reapertura del Mexe en Hidalgo cuando aún persiste el problema social.
Los familiares de los 43 normalistas también expresaron su apoyo a la Asamblea Permanente de Pueblos del estado de Morelos, quienes se opusieron al proyecto de la termoeléctrica en Huexca y condenaron el asesinato del activista Samir Flores Soberanis, quien era locutor en la radio comunitaria.
Rosales Sierra dijo que el reclamo de la asamblea es contra López Obrador porque ha tratado “con la punta del pie a los conflictos, se lleva a movimientos que han venido luchando por el avance democrático y la transformación de este país”.
También, la asamblea de Ayotzinapa acordó respaldar a las personas desplazadas de al menos ocho comunidades del corredor de Casa Verde – Filo de Caballos, que abarcan los municipios de Leonardo Bravo y Eduardo Neri, así como de la comunidad de Tlaltempanapa del municipio de Zitlala.
Con información de Proceso.