Es necesario trabajar en el desarrollo de políticas públicas para garantizar los derechos humanos de los adultos mayores y contribuir a la erradicación de la violencia, discriminación, pobreza extrema, desigualdad, desempleo o empleo precario, falta de seguridad social y de un ingreso mínimo o nulo, que enfrenta este sector en el país, alertó la Secretaría de Gobernación (Segob).
Aleida Alavez Ruiz –presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados– advirtió que los derechos de las personas mayores son vistos como una carga financiera incosteable, lo que lleva a una escasa acción gubernamental y a la desarticulación de políticas públicas.
Por su parte, Liliana Giraldo Rodríguez, agregó que el maltrato de personas mayores es un grave problema que requiere con urgencia la atención de los sistemas de salud, las instituciones de bienestar social, los políticos y el público en general.
Asimismo, durante el conversatorio en línea “Violencia hacia las personas mayores”, organizado por el Consejo Nacional de Población (Conapo) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Segob advirtió que estas problemáticas pueden agudizarse durante el auto confinamiento a causa de la pandemia del Covid-19.
En ese contexto, el director general del Instituto Nacional de Geriatría, Luis Miguel Gutiérrez Robledo, advirtió que la proporción de adultos mayores fallecidos por el SARS-CoV2 es mayor en hospitales públicos, ya que atienden a personas con rezago social y en condiciones de salud críticas.
Por su parte, Ana Luisa Gamble Sánchez Gavito, directora de Atención Geriátrica del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, indicó que debe ser prioridad del Estado combatir la violencia contra los adultos mayores “ya que esta es cotidiana y silenciosa, pues una de cada seis personas es víctima de maltrato”.
Por ello, Gabriela Rodríguez Ramírez –secretaria general del Conapo– señaló la importancia de “proteger y asegurar las condiciones sociales y económicas que propicien que las personas mayores permanezcan saludables en el contexto de la emergencia sanitaria, al brindar el acceso a servicios de salud, cuidados y recursos que protejan y garanticen sus derechos para que vivan libres de discriminación y violencia, tanto en los servicios de atención, como en su comunidad y familia”.
Finalmente, Mara Gómez Pérez –comisionada ejecutiva de la CEAV– expuso la importancia de analizar las condiciones y problemáticas del envejecimiento poblacional, con el fin de rescatar el derecho de las personas mayores a la autonomía y dignidad para “construir una sociedad solidaria donde nadie se quede atrás”.
Con información de Contralínea https://bit.ly/2YgR3I4