La desaparición de personas, constituye una “tragedia humanitaria” y una “emergencia nacional forense”, expuso Antonino De Leo, director en México de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).
Al participar en el Conversatorio Construcción de Paz y Derecho a la Verdad, realizado en la Universidad del Claustro de Sor Juana, el funcionario de la ONU, expuso que en esta materia “los retos en México son enormes”, y aunque dejó en claro que es un problema que se arrastra desde hace años, “el riesgo de ser víctima de desaparición en México es todavía actual”.
Detalló que “el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ha remitido un total de 56 mil 363 casos a 112 Estados, y México se ubica tristemente entre los 10 países con más casos remitidos a nivel internacional”.
De Leo precisó que aún con subregistro en las cifras, la problemática es mayúscula.
“Si bien las estimaciones numéricas de la crisis son claramente menores a las cifras reales; existe un importante subregistro, de acuerdo al registro nacional de personas extraviadas y desaparecidas, al mes de abril de 2018 se contabilizaban 37 mil 435 personas desaparecidas en México.
“Al día de hoy en declaración oficial del subsecretario de Derechos Humanos ( de la Secretaría de Gobernacion) Alejandro Encinas, sabemos que por lo menos son 40 mil 180 las personas desaparecidas de acuerdo a estas cifras oficiales, y que hay mil 100 fosas clandestinas y más 26 mil cuerpos sin identificar”.
Ante familiares de personas desaparecidas de diversos estados, sostuvo que “la posibilidad de conocer qué, y cómo pasó, particularmente tratándose de hechos atroces como la desaparición de personas, significa una importante garantía de no repetición”.
Añadió que “los trabajos para construir instituciones y mecanismos efectivos en la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas o no localizadas, significa aportar a la eliminación de la violencia directa y estructural, así como en reducir el riesgo de caídas y recaídas en el conflicto o estado de violencia, y por tanto construir un Estado que podamos realmente definir como de derecho y como un Estado de paz”.
De Leo subrayó que quienes laboran en la UNODC, “admiramos y acompañamos su caminar” en la búsqueda de justicia y verdad y añadió que “de nada valdría reconocer que toda persona tiene derecho a la justicia, si en realidad dicho acceso no es efectivo”.
Por ello dijo que “como parte de la garantía del derecho a la justicia, es indispensable que el Estado mexicano asuma su responsabilidad de realizar búsquedas exhaustivas de las personas desaparecidas” y debe asegurar “reparaciones integrales y adecuadas para las víctimas de estas graves violaciones”.
Con información de La Jornada.