En el Inapesca han desobedecido los lineamientos del presidente López Obrador: afectados denuncian ante la Secretaría de la Función Pública y la Presidencia de la República que en la dependencia hay nepotismo e influyentismo.
Trabajadores del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) denunciaron ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Presidencia de la República presuntas prácticas de nepotismo e influyentismo al interior de ese organismo, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa, ahora Sader). Los hechos tocan las esferas directivas de la institución y serían solapados por su director general, Pablo Roberto Arenas Fuentes.
Las copias de las denuncias refieren que la subdirectora Elizabeth González Ávalos mantiene en la nómina a su hija Grecia Astrid Hernández González, con un salario mensual de 38 mil 280 pesos. Para conocer su versión de estos hechos, Contralínea contactó al área de comunicación social, sin recibir respuesta.
Grecia Hernández aparece en la Balanza de Comprobación al 31 de marzo de 2019, bajo el número de cuenta 2112-2019. La denuncia ante la Función Pública señala que ésta “jamás ha tenido presencia física en las oficinas del Inapesca”. Aunque el documento no define ni el cargo ni servicio que ocupa, sí se refiere a su remuneración.
En la denuncia, entregada a la SFP –encabezada por Irma Eréndira Sandoval– también se menciona que la otra hija de González Ávalos, Ingrid Hernández González, formó parte de la nómina del institucional. Fuentes consultadas aseguran que nunca se presentó a las oficinas del Inapesca.
Otras irregularidades
Además de las acusaciones por nepotismo, por parte de la subdirectora de Integración, Elizabeth González Ávalos, la denuncia recibida el 16 de agosto de 2019 en la Secretaría Técnica de la SFP indica que la funcionaria no cuenta con título profesional y ostenta el título de ingeniera en los documentos oficiales que ha firmado.
Información de la Plataforma Nacional de Transparencia muestra el curriculum vitae de González Ávalos donde se aprecia que realizó estudios en ingeniería bioquímica industrial en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), de 1988 a 1991.
Otra carta envidada a la Presidencia de la República el 30 de octubre de 2019, vincula a David Aburto Perdomo como expareja de González Ávalos y como prestador de servicios de honorarios, bajo el número de cuenta 2112-2019-AUPD4601, en el que percibe 29 mil 644 pesos mensuales del Inapesca.
Además de esta serie de acusaciones, llevadas ante la SFP y la presidencia de la República, trabajadores de la dependencia indican que los bienes del Inapesca, como los vehículos, son utilizados para viajes personales de los funcionarios del primer círculo, como lo hacían en administraciones anteriores.
Además de que hay un abandono institucional en los temas de investigación relevantes, como el relacionado con el Buque de Investigación Pesquera y Oceanográfica (BIPO) Doctor Jorge Carranza Fraser, que ha operado con irregularidades desde su adquisición, en 2013, y ha revelado la Auditoría Superior de la Federación (Contralínea https://bit.ly/2FU6kV0 ), en el reporte 2018-1-08RJL-19-0335-2019, hecho a la gestión financiera del Inapesca.
En su momento, y tras evidenciarse irregularidades en la compra, Enrique Martínez y Martínez, promovió la renuncia del entonces director general del Inapesca, Raúl Adán Romo Trujillo. La crisis provocada por las inconsistencias en la licitación de los servicios del BIPO, también generó el despido de quien ocupara el cargo como titular del Órgano Interno de Control de la Sagarpa, Juan Salvador Esquer.
Dentro de las acusaciones también se señala que el secretario particular del director de Inapesca, Emilio Muñoz Rivero Medina, no tiene título profesional y asienta su firma en documentación oficial con el grado de licenciatura. Como se muestra en el oficio RJL/INAPESCA/DG/SP/003/2015, del que tiene copia Contralínea.
Acusa, también, a la directora general adjunta de Administración, Rita Ayón Rodríguez, quien recibió el cargo en mayo de 2015 y se tituló cuatro meses después.
Datos del Inapesca indican que Ayón Rodríguez es Licenciada en Ciencias de la Computación, egresada de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. “La formación académica recibida y el desempeño profesional le han permitido construir un proyecto caracterizado por la ética, la responsabilidad, el respeto a la diferencia que conduce a un trato digno hacia los demás”, indica.
En el ámbito académico se desempeñó como directora Administrativa y Académica del Instituto Tecnológico de Cholula y del Instituto BUSPEC, en San Pedro Cholula, Puebla; en el Ámbito Profesional ha sido Directora de Administración, Coordinadora Administrativa, Jefe de la Unidad de Programa Especiales, Jefe de la Unidad de Organización y Sistemas, Jefe del Departamento de Informática, todos éstos los desempeñó en la Secretaría de Desarrollo Social.
El dictamen de examen profesional, en poder de Contralínea, indica que la funcionaria presentó este trámite académico el 31 de agosto de 2015. Entre los integrantes del jurado se encontraron Apolonio Ata Pérez, presidente; José Luis Hernández Ameca y como secretario, José Esteban Torres León. El veredicto: “aprobado por unanimidad”.
Mandato presidencial
El pasado 13 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador giró un memorándum con la instrucción “clara y precisa de no permitir, bajo ninguna circunstancia, la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras del antiguo régimen”.
El titular del Ejecutivo fue enfático: “Todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir con el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos. En consecuencia, les reitero: no acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus ‘recomendados’”.
El documento –dirigido a los secretarios del gobierno mexicano, directores de empresas u organismos paraestatales, y servidores públicos en general– ordena: “ustedes no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie. Y en el caso de mis familiares, ni siquiera de recibirlos en las oficinas o contestarles el teléfono. Nada de nada”.
El presidente señala que: “de no cumplirse con esta recomendación, se podría caer en actos de deshonestidad o en la esfera del derecho penal”.
El pasado 18 de noviembre, el presidente López Obrador reiteró que en su administración se acabó el “bandidaje oficial”, con el que hace referencia a los actos de corrupción e influyentismo que fueron evidenciados en administraciones pasadas.
El Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal, emitido el 5 de febrero de 2019 en el Diario Oficial de la Federación indica, en su artículo 18: “existe conflicto de intereses cuando las personas servidoras públicas se encuentran impedidas de cumplir con el principio de imparcialidad, en el desempeño de su empleo cargo o comisión, en virtud de que sostienen intereses particulares que interfieren en la atención o resolución de un asunto, en términos de lo previsto en el artículo 21 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo”.
Considera prioritaria “la construcción de una nueva ética pública, la recuperación de la confianza de la sociedad, en sus autoridades y el compromiso con la excelencia por parte de las personas servidoras públicas”.
La dirección del Inapesca
Pablo Roberto Arenas Fuentes, actual director del Inapesca, es uno de los funcionarios heredados de la administración de Enrique Peña Nieto. Ocupó el mismo cargo desde el 16 de enero de 2015, con los secretarios de Agricultura Baltazar Hinojosa, José Calzada y Enrique Martínez.
El currículum expuesto en la página institucional muestra al funcionario con una trayectoria mayor a 30 años “en evaluación y administración de pesquerías y en general en conservación de recursos naturales, dinámica de poblaciones con enfoques analíticos, coordinación de investigación, desarrollo sustentable y políticas en pesquerías industriales y ribereñas”, entre otras.
Arenas Fuentes fue ratificado por el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, el 10 de diciembre de 2018. En su discurso, el funcionario de la primera línea del gabinete presidencial subrayó que la pesca, la acuacultura y la maricultura jugarán son papel fundamental en esta administración.
Una de las acusaciones, hechas por las fuentes cercanas a la investigación, es que el director general del Inapesca viaja a las giras institucionales (nacionales e internacionales) acompañado de su esposa.
Muestra de ello, es la imagen que compartió Carlos García de Alba, embajador de México en Italia y ante Albania,Malta y San Marino). El diplomático mexicano subió a la red social Twitter el 18 de noviembre de 2019.
En el tuit se lee: “Tuve placer recibir en @EmbaMexIta a DG @INAPESCAmx #SADER @GobiernoMX Pablo Arenas @DrPabloAF México tiene reto crecer producción pesquera y consumo con políticas y prácticas sustentables, donde los intercambios con Italia pueden ser trascendentales”. En la imagen, el diplomático, el funcionario federal y su cónyuge.
Se consultó con servidores públicos respecto de este tipo de prácticas, y comentaron que viajar con familiares en las giras de trabajo no es violatorio de la ley, siempre y cuando no se utilicen los recursos públicos para sufragar los gastos del funcionario y su acompañante, situación que no es fácil de reconocer, pues los viáticos son presentados sin especificar quién los consumió o si fueron compartidos con alguien más. Es decir, la habitación de un hotel puede estar a nombre del funcionario, pero ser ocupada por él y su pareja sentimental, por ejemplo.
Otras manifestaciones en contra de Arenas Fuentes se han colgado en una gran manta, al interior de las instalaciones del Inapesca. En ellas se lee: “Dr. Pablo Arenas, exigimos soluciones a la diversa problemática que padece nuestra institución y demandamos la participación real de los investigadores en la definición, planeación, ejecución y difusión de la investigación pesquera y acuícola de México”.
Desde noviembre de 2019, Contralínea solicitó entrevista con el director general del Inapesca para hablar del tema y de las supuestas irregularidades de sus colaboradores, a través de la unidad de Comunicación Social de la Sader. También entregó copia de la denuncia para conocer la respuesta de los involucrados. Al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
Artículo publicado por Contralínea.