La situación de inseguridad y violencia en México enfrenta un reto contundente: de los 2,457 municipios que integran el país, alrededor de 650 carecen de fuerza municipal propia; es decir, el 4% de la población vive en un ayuntamiento que carece policías, la situación ha empeorado porque, con la creación y puesta en marcha de la Guardia Nacional, el fortalecimiento y profesionalización de estos cuerpos de seguridad –los municipales– se ha relegado.
Se estima que, actualmente, en el país se cuenta con 339,060 elementos policiales. De acuerdo con el nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, en promedio, por cada 100,000 habitantes, hay 0.9 policías municipales, pero la situación no es equitativa.
Un factor que complica las cosas es que a menor población, menos policías; así, en los 34 ayuntamientos con más de 500,000 habitantes, el promedio de elementos policiacos es de 1.51; en los 146 municipios donde viven entre 100,000 y 500,000 personas hay en promedio 1.36; y en los 1,616 donde residen menos de 100,000 mexicanos se estima que el promedio es de apenas 1.21. Lo anterior puede parecer lógico, pero la cantidad de elementos debe estar determinada por la situación se inseguridad, no por la cantidad de habitantes.
El caso extremo es el que se detalla en el informe realizado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública en el que se destaca que 650 municipios del país no cuentan con algún policía.
Algunos de esos municipios son: Camargo, Tampico, San Carlos, Palmillas, Ocampo, Miguel Alemán, Méndez, Guerrero, Casas, Bustamante, Burgos, Antiguo Morelos, Altamira y Aldama (Tamaulipas), Apulco, Monte Escobedo, Mazapil, Tepetongo, Florencia de Benito Juárez, Trinidad García de la Cadena, Tepetongo y Mezquital del Oro (Zacatecas); Escárgega y Calakmul (Campeche), Otaez, San Bernardo y Canelas (Durango), Boca del Río, Coatzacoalcos, Poza Rica, Minatitlán, Acayucan y Zongolica (Veracruz).
Existen otros ayuntamientos que sí cuentan con uniformados, pero que tienen un déficit, como en el estado de Sinaloa, donde los municipios de Cosalá, Choix, San Ignacio y Rosario tienen solo a un agente; Guadalupe y Calvo, Carichí, Allende, Madera, Bocoyna y Urique en Chihuahua que su fuerza asciende máximo a 15 uniformados.
En otros ayuntamientos, carecen de elementos de seguridad porque la inseguridad propició que se dieran de baja de sus corporaciones como en el caso de Chihuahua: Praxedis G. Guerrero, Guadalupe, Ignacio Zaragoza y Gómez Farías.
El reparto es desigual a lo largo y ancho del país, mientras que las entidades con mayor número de policías (estatales y municipales) son Estado de México (39,898), Ciudad de México (38,631), Jalisco (17,572), Nuevo León (12,248) y Chiapas (12,078); las que cuentan con menor número de uniformados son Zacatecas (1,901), Colima (1,985) y Campeche (1,932).
Paradójicamente, pese a que se ha afirmado que algunas de las policías municipales han sido infiltradas por miembros del crimen organizado, la ciudadanía ha incrementado su confianza en estos cuerpos de seguridad en los últimos seis años, al pasar de 33 a 51% en 2017; en el último año hubo una disminución de 3%.
David Ramírez de Garay, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, plantea que desde que incluso en términos discursivos, el escenario no ha sido favorable para las policías tanto estatales como municipales, pues en esta administración se está colocando énfasis en la puesta en marcha de la Guardia Nacional.
“Todos recordamos cuando el presidente dijo que eran policías muy corruptas, y que fue parte del argumento para desintegrar la policía Federal y para sustentar la idea de crear un nuevo cuerpo”.
Pero también las decisiones de esta administración no están favoreciendo a los cuerpos policiacos locales, pues los primeros meses el discurso político y acciones legislativas se enfocaron a crear el marco jurídico para la creación de la Guardia Nacional, así como sus leyes secundarias.
La Guardia Nacional se siguió llevando todo el peso y no se hizo nada por las policías locales”.
Aunque sostiene que en el marco jurídico de la Guardia se logró establecer que no se abandonará el fortalecimiento y mejoramiento de las policías locales.
Para el experto, la construcción del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica es una apuesta por identificar y resolver problemas que han dificultado el desarrollo de las corporaciones locales, y a pesar que aporta ideas para la profesionalización de los policías, no parece que tenga demasiado apoyo del gobierno federal.
“No está en el discurso presidencial, en temas de presupuesto no ha habido una partida específica para aportar el modelo nacional de policía; estos indicadores nos muestran que no tiene tanto apoyo como requeriría, esto podría retrasar el proceso”.
David Ramírez considera que en sí no es un problema que algunos municipios no tengan policías locales, pues en varios casos operan con esquemas de coordinación con localidades vecinas, pero lo que sí se debería definir es cuántas policías se requieren a nivel local.
Considera que más allá de la población, se debe determinar a partir de las características y necesidades de cada localidade; además de pensar en las funciones que tendrán y los esquemas de subsariedad entre los distintos cuerpos policiacos.
“No tener más policías significa tener más seguridad, veamos el caso de la Ciudad de México, es la entidad con la policía más numerosa en términos totales, pero tenemos problemas de inseguridad”, explica.
Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que esta administración sabe que debe poner énfasis en las policías locales para atender el problema de seguridad pública.
“En el gobierno federal tenemos claro que sin la depuración, reestructuración y fortalecimiento de las policías estatales y de las municipales, no habrá Guardia Nacional que alcance para atender la demanda social, el reclamo ciudadano, de seguridad en las calles y plazas, en los caminos y carreteras, en las ciudades y en el campo”, indicó.
Para el próximo año, en el Proyecto de Egresos de la Federación se prevé una baja de 27% en los montos de subsidios a seguridad pública. En 2018, se aprobaron 5 mmdp; en 201 bajó a 4mmdp, y para 2020 se proponen apenas 3 mmdp.
Con información de Politica Expansión.