Aprovechando una gresca entre dos compradoras de la Central de Abastos del municipio de Ecatepec, elementos de los Cuerpos Auxiliares de Seguridad Pública del Estado de México (Cusaem, policía auxiliar de dicha entidad federativa), presuntamente privaron ilegalmente de la libertad a una de las involucradas, según su testimonio, y supuestamente la torturaron dentro del módulo de vigilancia de dicho mercado público, para así obligar a su familia a entregarles 2 mil pesos en efectivo, como rescate.
El Cusaem, sin embargo, señaló que luego de realizar una investigación interna “no se encontró responsabilidades de estos elementos, por la supuesta agresión denunciada”, y los agentes continúan laborando, salvo dos, que renunciaron por su propia voluntad.
Nancy Saavedra, trabajadora doméstica de 35 años y habitante de Ecatepec, denunció que el pasado 8 de julio de 2018 acudió a la Central de Abastos de la localidad para realizar sus compras domésticas, en compañía de su hermano. Se trata, explicó, de un mercado muy concurrido, en el que es totalmente normal que la gente se roce físicamente al caminar por los pasillos, situación que, en su caso, derivó en jaloneos con una mujer que, asegura, “me dio un codazo”, y a la que ella respondió con un “manotazo en la espalda”.
La discusión entre ambas originó que se aproximaran elementos del Cusaem que custodian el mercado, momento en el que la mujer con la que Nancy reñía la acusó de haberle robado una cartera.
“Los policías –narra Nancy– me dicen entonces que me van a llevar al módulo de vigilancia que está dentro de la Central de Abastos, y yo les dije que no había ningún problema, que yo no tenía nada que ocultar, y que era falso lo de la cartera, que todo inició porque la señora me dio un codazo”.
Debido a que Nancy iba acompañada de su hermano, ambos fueron conducidos al módulo de vigilancia, y ahí, denuncia “primero revisaron físicamente a mi hermano, enfrente de todos”, sin que lograran encontrarle la supuesta cartera robada.
“Luego –continúa Nancy, y brota el llanto– a mí me subieron al nivel superior del módulo de vigilancia, y ahí los policías (alrededor de diez) me desvisten, me obligaron a hacer sentadillas enfrente de ellos, me empezaron a decir groserías, ‘cállate pendeja’… ‘tú aquí no tienes derecho de hablar’… ‘ahorita vas a ver’…”
Debido a que Nancy no portaba la supuesta cartera robada, los policías la hicieron descender a la planta inferior del módulo de vigilancia y consultaron qué hacer a su superior, “al que en todo momento se refirieron como ‘jefe’”, detalló.
Según el testimonio de Nancy, “el ‘jefe’ les respondió a los policías: ‘Vuélvela a subir, ahorita habla porque habla’, así que otra vez me subieron dos mujeres policía, y arriba (ante la decena de agentes que permanecía ahí) me sientan en un banco y un policía me dice ‘¿a quién le diste la cartera?’, y yo en todo momento negué que me hubiera robado nada, entonces me empezaron a golpear, a dar de patadas, a dar con el puño, a jalarme el cabello, tanto hombres como mujeres policía, y me amenazaron con quemarme las manos en el Reclusorio, ‘por ratera’… me dieron toques eléctricos (en la cadera y en el estómago), y luego me preguntaron ‘¿quieres que te los pongamos donde más te va a doler?”
Estas agresiones duraron alrededor de una hora, y fueron realizadas en la planta superior del módulo de vigilancia, mientras su hermano era obligado a escuchar sus lamentos, desde la planta inferior.
“Los policías querían 2 mil pesos para dejarnos ir –detalló la trabajadora doméstica–, y yo les pedí que me dejaran llamar a mi casa. Yo quería salir corriendo de ahí, sabía que mi hermano estaba abajo, oyendo cómo me golpeaban, y a él tuvieron el descaro de decirle que no me estaban haciendo nada”.
Después de que le permitieron llamar a su casa, una hermana de Nancy acudió a la Central de Abastos de Ecatepec, para entregar los 2 mil pesos que exigían los elementos de Cusaem, y finalmente ella y su hermano fueron liberados.
Versiones encontradas
“Los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México –explicó por su parte la abogada Verónica Berber, integrante de la asociación civil IDHEAS, que da acompañamiento legal a Nancy– son un organismo opaco del gobierno estatal, ya que para efectos de acceso a la información se manejan como una empresa de seguridad privada, y ante la sociedad se presentan como una autoridad: detienen a la gente, presentan a los detenidos ante el Ministerio Público, y su documentación oficial incluye el logotipo del gobierno”.
Desde que fue creada esta corporación de policía auxiliar, siendo Enrique Peña Nieto gobernador del estado, Cusaem ha acumulado diversas denuncias por tortura, robo, extorsión, saqueo, abuso de autoridad, siempre al cobijo del aparato estatal de justicia, y el caso de Nancy, destacó la abogada, ejemplifica esta situación.
“Luego de haber sido liberada por estos policías –detalló la abogada– Nancy acudió a la Fiscalía General del Estado de México para denunciar”, pero ahí, todo el trabajo realizado se orientó a descartar la comisión de tortura.
“En la Fiscalía –señaló la abogada– un médico legista supuestamente revisó a Nancy, pero la revisión duró menos de cinco minutos, y concluyó que su estado psicofísico era normal (a pesar de que estaba en shock), que las lesiones eran leves (aún cuando apenas podía sostenerse) y que no ponían en peligro su vida”, además de que omitió inscribir en el reporte diversas lesiones específicas, como las de su rostro, cabeza y cuello.
La abogada explicó que, tomando como pretexto este dictamen médico oficial que omitía la gravedad de las lesiones de Nancy, el MP determinó que no se enviaría la investigación a la Fiscalía Especializada en Investigación de la Tortura, aún cuando por ley ese debe ser el procedimiento no sólo en los casos en los que explícitamente ésta se denuncia, sino también en los que existen evidencias de ello.
El de Nancy cumplía ambos requisitos, y aun así, la Fiscalía estatal se niega, hasta la fecha, a investigarlo como un caso de tortura.
La gravedad real y el tipo de lesiones causadas a Nancy, sin embargo, sí quedaron oficialmente registradas en un dictamen médico realizado tres días después del ataque en el Hospital General de Ecatepec-Las Américas, institución pública que certificó que la agredida presentaba “golpes en cabeza, abdomen y extremidades, refiere dolor en las partes contundidas, policontundida y con ematomas”, se certificó también que tenía lesiones en el labio superior, y en la mejilla y maxilar izquierdos, y le fue diagnosticado un “esguince servical”.
De hecho, las fotografías que fueron tomadas a Nancy luego de la agresión (a las que Animal Político tuvo acceso) dejan ver un anillo de moretones (algunos con marcas puntiformes paralelas, características de instrumentos para descargas eléctricas) que rodea todo su cuerpo a la altura de la cintura y tórax, abdomen, costillas y espalda baja.
Para comprobar que Nancy había sufrido tortura a manos de los policías del Estado de México, además, sus acompañantes legales gestionaron la intervención de un perito independiente, especializado en la aplicación del Protocolo de Estambul, que es el procedimiento médico establecido a nivel internacional para determinar la existencia de tortura.
El perito independiente que realizó esta batería de evaluaciones médicas fue el doctor Sergio Rivera Cruz, especialista con 16 años en el ramo específico de víctimas de tortura, y quien en el pasado ha desempeñado distintos cargos en las comisiones de Derechos Humanos nacional y de la Ciudad de México, labor en la que fue acompañado por peritos en psicología.
Este peritaje soportado en el Protocolo de Estambul, basado no sólo en las exploraciones médicas realizadas directamente por el doctor Rivera Cruz, sino también en los registros del Hospital General de Ecatepec y el registro fotográfico que ella misma hizo de sus lesiones luego de ser liberada, concluye que “médicamente, la sintomatología aguda referida por la examinada es consistente con la que se esperaría encontrar en una persona que fue maltratada físicamente”, así como que existe “concordancia entre las lesiones, y la narración de tortura o malos tratos”.
Además, el peritaje realizado concluye que “médicamente es evidente que la examinada sufrió dolores físicos por el maltrato” al que fue sometida, y subraya que “los métodos para maltrato físico mencionados en el presente caso son los que se han observado en otros casos inflingidos por personal policial, en este caso del Estado de México”.
En su calidad de coadyuvantes en la investigación, Nancy y sus acompañantes legales solicitaron que este peritaje basado en el Protocolo de Estambul fuera integrado a la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía General del estado, sin embargo, denunciaron, aunque el documento sí fue sumado al legajo, sus conclusiones no fueron aceptadas por el Ministerio Público, organismo que demandó repetir los exámenes, pero ahora por su área de medicina legal, es decir, la misma que originalmente intentó ocultar las lesiones que Nancy presentaba.
Esa negativa a aceptar el Protocolo de Estambul que ya se realizó a Nancy, denunció la abogada Verónica Berber, representa un acto de “obstaculización de la investigación” por parte de la Fiscalía, porque pretende suplantar una evaluación independiente y realizada por un experto en la materia, por el estudio de un área oficial que ya emitió un dictamen irregular, y también representa un acto de “revictimización”, debido a que el Ministerio Público ha amenazado a la víctima con imponerle multas económicas si no acepta que sus médicos repitan su dictamen inicialmente mal elaborado.
En contra de estas amenazas, sin embargo, el pasado lunes 11 de febrero, Nancy obtuvo un amparo definitivo, “es decir –explicó la abogada– que por mandato de un juez, el MP no puede amenazar a Nancy con imponerle multas, o con llevarla a la fuerza para que se repitan los dictámenes que, insisto, ya fueron presentados, y que no han sido valorados por la Fiscalía”.
Reconstrucción
Por los últimos siete meses, desde que ocurrió el ataque por parte de policías de Cusaem, Nancy, trabajadora doméstica y encargada de contribuir a la economía familiar, ha debido suspender su actividad laboral y concentrarse en rehacer su vida, ya que no sólo ha tenido que recuperarse de las lesiones físicas, sino que continúa en el proceso más difícil: curar las heridas psicológicas y emocionales.
Luego del ataque, narra Nancy, “no podía sentarme, no podía acostarme, no podía dormir, bañarme sola. Además, no podía salir de mi casa, me daba miedo todo, y ahora tengo que ir a atención psicológica”.
Por otra parte, destacó, “en lo económico nos ha afectado bastante, en la casa no sólo vivimos mis hermanos y yo, viven los hijos de uno de ellos, y para cuidarme, han tenido que turnarse para faltar al trabajo”.
Y finalmente, destacó, la familia ha perdido la noción de seguridad que les brindaba su hogar, porque “los policías me tomaron fotografías mientras me golpeaban, tomaron mis datos personales, ellos saben dónde vivo. Mi miedo es salir a la calle, salgo esperando no encontrármelos, que ninguno de ellos se acerque a mi casa… me robaron mi tranquilidad”.
Consultado en torno a estas denuncias, José Manuel Álvarez González, titular de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México, subrayó que esta corporación realizó una investigación interna, y “no encontró responsabilidad” por parte de los agentes involucrados, aunque, subrayó, sigue pendiente la conclusión de investigación penal, realizada por la Fiscalía estatal.
Hasta la fecha, los agentes señalados permanecen laborando en la institución, salvo dos de ellos, que dejaron Cusaem por voluntad propia, aunque, aclaró el titular del organismo, se cuenta con sus datos de localización, en caso de que la Fiscalía concluya que sí son responsables de algún delito.
Con información de Animal Político.