El Gobierno de México condenó la decisión de la jueza segundo de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte, así como de los magistrados del tribunal colegiado, Horacio Armando Hernández, Juan José Olvera y Francisco Sarabia, quienes ordenaron que ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa continúen su proceso en libertad.
“Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”.
A través de un comunicado emitido el 22 de enero, el Gobierno de México aseguró que coincide con la postura de la Fiscalía General de la República (FGR) que informó que “presentará de inmediato los recursos correspondientes para garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas e iniciará acciones que castigan como delito hechos cometidos en contra de la administración de justicia, entorpeciéndola y concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen”.
El Gobierno de México afirmó que, de ser procedente, le solicitará a la FGR que se otorguen nuevas órdenes de aprehensión hasta agotar todas las líneas de investigación.
La dependencia reiteró que el Poder Judicial se vale de tecnicismos, para dejar de lado la justicia y recordó decisiones en las que no se le ha dado prioridad a las víctimas.
“No puede pasar desapercibido que fue el mismo Poder Judicial el que liberó a 62 implicados en los hechos al argumentar que habían sido torturados, pero no han actuado en contra de torturadores, como es el caso de Tomás “N”, actualmente prófugo en Israel.
También intentaron dejar en libertad al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, a través del cambio de sus medidas cautelares, lo cual se impidió gracias al trabajo coordinado entre la fiscalía y otras dependencias del Gobierno de México”.
De acuerdo con el comunicado, cambiar la medida cautelar que pone en libertad a los ocho militares, carece de fundamento legal, y se hace con el fin de “de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército y, de esta manera, seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano y perjudicar el compromiso del presidente de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos. Todo ello, por razones estrictamente políticas”.
Finalmente la institución refrendó su compromiso con el derecho a la justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos. “La búsqueda continuará hasta encontrarlos”, puntualizó.
Con información de SPR Informa http://tinyurl.com/4n574utm
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