La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), investiga a una red de funcionarios y 50 empresas involucradas en los desvíos millonarios en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante las administraciones de Rosario Robles Berlanga.
Así lo informó Santiago Nieto, titular de la UIF, a su llegada a Palacio Nacional para un encuentro con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelantó que aún no han congelado cuentas, pero su equipo analiza toda la información del sistema financiero para poder proceder en consecuencia.
“Estamos ya analizando la información del Sistema Financiero para poder proceder en consecuencia. Tenemos en este momento que estamos analizando 50 empresas relacionadas con el caso de la Estafa Maestra”, dijo a la prensa. “Evidentemente hay una red de servidores públicos y de empresas relacionadas”.
Sobre las acusaciones que hace Robles de que se le violaron sus derechos por difundir la información a la prensa, Nieto Castillo opinó que no existió una violación a sus garantías.
“Me parece que se trata de un ejercicio de derecho de acceso a la información pública, hay que recordar que muchos tribunales constitucionales en el mundo incluyendo a la Suprema Corte en México, han señalado que el derecho al honor o a la vida privada de los servidores públicos es más reducido cuando estamos en presencia de presuntos actos de corrupción. La propia legislación establece en materia de transparencia y acceso a la información pública que en los casos de corrupción no puede decretarse la reserva de ley y tienen que ser hechos del conocimiento público”, dijo el funcionario.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez de control que impute por corrupción a Rosario Robles, ex titular de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
“Solicito de la manera más atenta que se señale fecha y hora para la celebración de audiencia inicial para formular imputación y vinculación a proceso en contra de María del Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido del servicio público”, indicó la Fiscalía General de la República en su solicitud.
A Rosario Robles se la relaciona con el caso de corrupción conocido como “La Estafa Maestra” a través del cual la Secretaría de Desarrollo Social habrían desviado 7.670 millones de pesos.
En un mensaje difundido en su cuenta de Twitter, Robles reconoció que en efecto fue citada el 8 de agosto a un juzgado federal “sin que en dicho citatorio se establezcan las causas ni hechos” que se le imputan”. Según denunció, esto “mina” su capacidad de defensa.
Además, Robles dijo que fue a través de los medios de comunicación que se enteró que la acusación de la Fiscalía es por ejercicio indebido del servicio público.
De esta manera, denunció, la filtración que “ellos mismos hacen, es una flagrante violación a mis derechos y al debido proceso” y señaló que en todo este proceso no ha tenido forma de defenderse ni acceso a “ninguna carpeta de investigación”.
Julio Hernández Barros, abogado que representará a Rosario Robles en el citatorio, se mostró convencido de la inocencia de su clienta. “No tenemos nada que esconder, es inocente. Y la acusación me parece temeraria e infundada, y lo vamos a demostrar”, apuntó.
Sobre este caso, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo en conferencia de prensa que el Gobierno tiene la instrucción de “no solapar actos de corrupción” y aseveró que está apoyando a la Fiscalía “en todo lo que solicite”.
“No hay impunidad para nadie, entonces hay que esperar nada más que concluyan las investigaciones y los proceso legales”, dijo el Mandatario.
Además, se mostró convencido de que la Fiscalía investigará “sin límites a todos los que puedan estar implicados” en “La Estafa Maestra”.
Rosario Robles fue Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2015-2018), Secretaria de Desarrollo Social (2012-2015) y jefa de Gobierno sustituta del Distrito Federal (1999-2000) entonces por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En 2017, el portal de noticias Animal Político y la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) publicaron que el Gobierno de Enrique Peña Nieto había usado “empresas fantasma” para desviar recursos mediante convenios fraudulentos por 403 millones de dólares.
Este dinero habría sido entregado entre 2013 y 2014 a 186 empresas, pero 128 de ellas no disponían de la infraestructura ni de la personalidad jurídica para prestar servicios.
Con información de Sin Embargo.