A principio de año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, emitió una recomendación dirigida a diversas instancias del gobierno federal por la omisión que hacen para adoptar acciones de carácter normativo, administrativo y de políticas públicas a fin de regular adecuadamente el manejo de los plaguicidas altamente peligrosos, en todo su ciclo de efectos nocivos.
Para la CNDH constituyen violaciones a los derechos humanos a la alimentación, al agua salubre, a un ambiente sano y a la salud. La recomendación 82/2018 está dirigida a Josefa González Blanco, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); a Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); a José Alonso Novelo Baeza, comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y a Javier Trujillo Arriaga, director del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) por la mala gestión de los plaguicidas en México, en particular aquellos clasificados como altamente peligrosos.
Una breve historia de esta recomendación: entre julio y agosto de 2017, 43 personas interpusieron ante la CNDH escritos para inconformarse por falta de acciones de carácter administrativo, normativo y de políticas públicas para la restricción del uso de plaguicidas altamente peligrosos.
Concluida la investigación respectiva, que duró más de un año, la CNDH comprobó que el marco legal y reglamentario en materia de plaguicidas permite la comercialización y el uso de sustancias de alta peligrosidad que pueden ocasionar un grave daño a la salud de la población, afectar en forma relevante a la biodiversidad y perjudicar el medio ambiente.
En un boletín de la CNDH se precisa que existe un gran número de registros sanitarios de plaguicidas con vigencia indeterminada otorgados por la Cofepris. Incluyen sustancias cuya alta toxicidad está documentada por organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Red de Acción en Plaguicidas. Por eso mismo, su uso está prohibido incluso por algunos tratados internacionales de los que México es parte. Destacadamente, el Protocolo de Montreal (1987), los Convenios de Róterdam (1998) y Estocolmo (2001).
De acuerdo con la CNDH, los 35 plaguicidas restringidos por el Convenio de Róterdam, por ejemplo, México prohibió la importación de solo 20 de ellos; para 10 permite el intercambio con sujeción a determinadas condiciones. Y sobre el resto no se ha pronunciado. De los 17 plaguicidas incluidos en el Convenio de Estocolmo, nuestro país solo se ha adherido a las condiciones de dicho tratado para ocho de ellos.
Con ello, la CNDH acreditó que con esas omisiones se violan los referidos derechos humanos en agravio de la población en general al incumplir en la aplicación de los tratados internacionales señalados. Estos implican la prohibición de producción, manejo, comercialización, eliminación progresiva, cancelación y/o revocación de permisos de utilización respecto de sustancias tóxicas contenidas en plaguicidas y en la difusión de información respecto a las mismas.
La Comisión Nacional, remitió una copia de la recomendación al Congreso de la Unión, exhortándolo a considerar los argumentos expuestos en dicho documento. Lo anterior, para que en ese espacio legislativo se realicen las modificaciones legales necesarias en las diversas leyes que involucren el tema de plaguicidas. Tal es el caso de la Ley General de Salud, la General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
De esta forma, la pelota está ahora en la cancha del poder legislativo de nuestro país. Pero también, de las demás instancias gubernamentales involucradas de diferente forma con la importación, almacenamiento, elaboración, distribución y aplicación correcta de sustancias que hacen daño. Ojalá esta vez sí hagan su tarea en bien de la salud pública y el medio ambiente en general.
Con información de ecológica jornada.