Postergan audiencia de García Luna hasta el 17 de febrero.
Brian Cogan, el juez de la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn, determinó celebrar hasta el 17 de febrero de 2021 la siguiente audiencia de procedimiento del caso de Genaro García Luna, acusado en Estados Unidos de narcotráfico y lavado de dinero.
En la sesión celebrada de manera virtual debido a la pandemia por covid-19, Cogan también otorgó a la defensa de García Luna, un plazo de 2 a 3 semanas para responder si acepta o rechaza la petición del Departamento de Justicia, de mantener sellada nuevas evidencias del caso para evitar poner en riesgo a posibles testigos del proceso judicial.
César de Castro, abogado de oficio y representante legal de quien fuera secretario de Seguridad, asesor, confidente y mano derecha en la lucha militarizada contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderón, se quejó de la falta de acceso a su cliente.
“Sin explicación nos han cancelado tres reuniones, no he visto a mi cliente desde el 20 de octubre (de este año)”, declaró el abogado del exfuncionario mexicano durante la breve audiencia de procedimiento.
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El defensor de oficio especificó que por la expansión de contagio de covid-19 en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, su cliente está sujeto a aislamiento y cuarentena lo que ha impedido que desde el pasado 28 de octubre no haya tenido acceso a documentos.
“No ha visto las pruebas -entregadas por el Departamento de Justicia sobre su supuesta colaboración con el narcotráfico-, sigue en aislamiento debido a la expansión del contagio del virus”, dijo De Castro.
A nombre del gobierno de Estados Unidos, el fiscal federal Ryan Harris, se comprometió a hablar con las autoridades de la prisión para buscar la manera de que García Luna tenga acceso a las evidencias en su contra, para con ello preparar su defensa en caso de que haya juicio.
“No sabíamos de la falta de comunicación entre la defensa y el acusado, fue hasta el viernes de la semana pasada cuando nos enteramos de ello… estamos más que dispuestos para hablar con la defensa y las autoridades de la prisión para remediar la situación”, aseguro Harris.
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Cogan por su parte solicitó comprensión a ambas partes, tomando en cuenta las dificultades físicas y técnicas generadas por la pandemia en los Estados Unidos.
“Estamos en medio de una situación de extrema complejidad, tenemos que ser flexibles por la pandemia, confío en que el gobierno haga todo lo posible para que (García Luna) tenga acceso a las evidencias”, enfatizó el juez Cogan.
Como lo publicó Proceso el pasado martes 1 de diciembre, el Departamento de Justicia envió a Cogan una carta en la que solicita que las nuevas evidencias (documentos, grabaciones y fotografías) que ha recolectado para sustentar sus acusaciones a García Luna, se mantengan selladas hasta después de 1 de marzo de 2021.
El argumento del gobierno federal de Estados Unidos estipula que, de hacer públicas a las pruebas, se identificaría la identidad de posibles testigos en caso de que haya juicio y se pondría en riesgo a su integridad y a la de sus familiares.
En esa misiva firmada por el fiscal Seth DuCharme informa a Cogan que, hasta el momento han entregado a la defensa de García Luna “aproximadamente 950 mil páginas de documentos y miles de conversaciones grabadas”.
El fiscal le indica al juez Cogan que una orden de la Corte para mantener clasificados a los materiales que deberían entregar a la defensa legal de García Luna no afecta la situación del exfuncionario mexicano en su proceso judicial.
“No perjudica al acusado y propiamente reduce el riesgo de daño a testigos para el juicio y el riesgo de exposición por medio de los materiales de las investigaciones que están en curso”, establece el fiscal del Departamento de Justicia.
García Luna detenido en Estados Unidos desde el 9 de diciembre de 2019, negocia con el Departamento de Justicia un posible acuerdo para convertirse en testigo cooperante y con ello evitar un juicio en el cual podría ser declarado culpable de los delitos que le imputan.
De llevarse a cabo un juicio en el que pueda ser declarado responsable de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero que le achacan, el exarquitecto de Calderón en la lucha contra el narco recibiría cadena perpetua como castigo máximo o 10 años de cárcel como mínimo, por cada uno de los 4 delitos que le achacan.
Con información de Proceso http://www.proceso.com.mx