Grupos independentistas en Cataluña iniciaron el miércoles una marcha de tres días para protestar por la condena a prisión de nueve líderes independentistas, mientras el Gobierno español emitía una nueva advertencia de que intervendrá si es necesario para garantizar la seguridad.
El Gobierno reiteró que “actuará, si es preciso, desde la firmeza, la proporcionalidad y la unidad”, para mantener el orden, después de que manifestantes lanzaron latas, piedras y bengalas a la policía antidisturbios, e incendiaron contenedores de basura y cartones en una tensa confrontación con las fuerzas de seguridad en Barcelona. Treinta personas fueron detenidas.
Los manifestantes bloquearon tramos de autopistas, e interrumpieron el servicio ferroviario en parte de Cataluña el miércoles, después de que nueve líderes catalanes fueran condenados a entre 13 y 9 años de cárcel el lunes por su papel en el fallido proceso independentista de 2017.
Multitudes independentistas partieron el miércoles desde varios municipios de toda Cataluña, en marchas convocadas por Asamblea Nacional Catalana y Omniùm Cultural, que han organizado muchas protestas pacíficas en el pasado.
Estas plataformas ciudadanas no estaban detrás de las protestas del martes, que se volvieron violentas.
El separatismo catalán se enorgullece desde hace tiempo de ser un movimiento pacífico y sus líderes dicen que eso no ha cambiado, pese a los disturbios.
Los líderes independentistas condenados rechazaron la violencia en Twitter, publicando en todas sus cuentas, gestionadas por terceras personas al estar ellos en prisión, el mismo mensaje: “No hay violencia que nos represente”, escribieron entre otros Oriol Junqueras y Raül Romeva, que fueron sentenciados a 13 y 12 años de prisión.
Carles Mundó, que fue declarado culpable de desobediencia, pero no condenado a prisión, agregó en Twitter: “La independencia no puede convertirse en un problema de orden público; es un movimiento democrático, cívico y pacífico”.
Se espera que las marchas lleguen a Barcelona el viernes, coincidiendo con la convocatoria de una huelga general por parte de sindicatos locales y manifestaciones independentistas en la región.
La reacción del Gobierno español a los intentos de secesión está siendo observada de cerca en otros países europeos donde existen movimientos independentistas, como en Escocia.
Teóricamente, la pérdida de Cataluña privaría a España de cerca del 16% de su población de unos 47 millones de habitantes, cerca de una quinta parte de su producción económica y de más de una cuarta parte de sus exportaciones.
Los principales partidos políticos españoles se oponen firmemente a la independencia de Cataluña y todos, excepto Podemos, rechazan la celebración de un referéndum soberanista.
Con información de Noticieros Televisa.