A un mes de las protestas masivas en Colombia.
Colombia ha cumplido este viernes un mes de protestas antigubernamentales masivas en el que ha sido el mayor estallido social de su historia reciente, un episodio salpicado de actos de violencia callejera y de casos de abusos y represión policial que ha dejado casi medio centenar de muertos, más de 2.000 heridos y 129 desaparecidos.
Semana tras semana, con la pandemia como telón de fondo, marchas multitudinarias han recorrido las calles de las principales ciudades del país pidiendo primero la retirada de la polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno de Iván Duque, que no tardó en ceder en este punto.
“Le he dado una instrucción muy clara al equipo del ministerio de Hacienda para que dentro del trámite legislativo construya un nuevo texto con el Congreso que recoja el consenso”, anunciaba el presidente el pasado 30 de abril.
Pero las protestas no terminaron ahí. Los manifestantes pidieron después la retirada de la reforma de la salud, que terminó rechazando el Congreso, y, finalmente, exigieron cambios profundos en un modelo de sociedad que consideran injusto e insolidario. El grito desesperado de una juventud que se siente abandonada a su suerte en medio de una triple crisis sanitaria, económica y educativa resonó con fuerza en toda Colombia. Los reportes de abusos por parte de las fuerzas del orden conmocionaron a la comunidad internacional:
“Hemos presenciado un uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad, disparos, uso de munición real, palizas a los manifestantes y detenciones”, afirmaba hace unas semanas Marta Hurtado, portavoz de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Aunque cedió en algunos aspectos, el Ejecutivo conservador se mantuvo firme en su actitud frente al movimiento antigubernamental, al que relaciona con la guerrilla y el narcotráfico:
“El vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando se encuentra financiado y articulado por mafias y el narcotráfico”, insistía Duque.
Lo cierto es que los actos de vandalismo, los ataques contra comisarías y los bloqueos sistemáticos de carreteras, que han agudizado la crisis económica, han despertado muchas críticas en algunos sectores de la población.
Las conversaciones entre el Comité del Paro Nacional y el Gobierno de Iván Duque avanzan muy lentamente. Las protestas callejeras prosiguen, aunque se han suavizado en los últimos días, en los que también ha habido manifestaciones de apoyo a las fuerzas del orden.
En medio de tanto dolor, hay quien hace llamamientos a la reconciliación nacional en un país con muchas cuentas sociales pendientes y que aún no se ha recuperado de las profundas heridas abiertas por casi seis décadas de guerra civil.
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