¿Quién o quiénes están detrás de los despojos violentos que ocurren en Bacalar desde la administración pasada y qué intereses persiguen?
A finales de julio del año pasado, un centenar de personas armadas con machetes y palos, irrumpió en un terreno cuya posesión desde los años 80 es de Gustavo Rodríguez, presidente de la asociación civil Selva y Laguna y parte del proyecto Huub’ Sak que se ocupa de diseñar programas en materia de conservación y cuidado del ecosistema.
Una fracción del predio desalojado era ocupado para desarrollar investigaciones que han sido reconocidas por instituciones gubernamentales tanto federales como estatales para la protección a la Laguna de Bacalar y otros ecosistemas que habitan en la región, tal así que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), tenía registro del mismo como Área Natural Protegida (ANP).
El hecho ocurrió el 27 de julio de 2017 y ha mantenido a la expectativa a la Unión de Asociaciones Civiles de Bacalar que ven con preocupación lo que ocurre y que además no es el primero de un número importante de despojos que han venido sucediendo en distintos predios de Bacalar al menos desde el 2013, al parecer con la anuencia de las autoridades municipales, e incluso en otros casos se involucra personal de la propia Fiscalía del estado.
Lo que es un hecho, es que quienes se apropian de estos predios, tienen el capital para financiar un despojo contratando a un centenar de personas para que los ejecute sin la validación de un juicio civil por el que demuestren ser propietarios legítimos de estos terrenos, muchos de los cuales tienen alta plusvalía por ubicarse cerca de la Laguna.
Quien o quienes están detrás de estas invasiones, tratan de apropiarse de los predios con argumentos y documentos modificados y de manera violenta sin demostrar por la vía civil la propiedad hasta que logran ocupar los terrenos.
En el caso que hoy ocupa, un grupo de personas ingresó por la fuerza para invadir casi 700 hectáreas del “Rancho 5 Hermanos”, ubicado en los límites sur del Ejido Buenavista, entre los kilómetros 78 y 80 de la carretera Chetumal-Bacalar que colinda con la laguna, en donde sólo se encontraba un vigilante que acusaron del uso de violencia e hicieron llegar patrullas y elementos de la Policía Municipal de Bacalar.
Gustavo Rodríguez comenta que una de las principales preocupaciones es que estas invasiones tengan como fin el transferir estos terrenos a grandes desarrolladores ante el crecimiento en materia turística de la zona y que esto repercuta en el cuidado de la Laguna.
En este predio, se desarrollaron proyectos importantes a lo largo de 12 años, como el trabajo de restauración de la selva maya, restauración de mangle y muchos otros, bajo convenios de cooperación con instituciones como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAB), CONANP, Sagarpa, así como el Colegio de la Frontera Sur.
Desde hace siete meses, las actividades programadas han sido detenidas y se teme que los invasores hayan destruido la infraestructura que fue adecuada para la reproducción de las abejas meliponas y de otras cinco variedades, además del vivero con el que se mantenía el programa de reforestación con más de 35 especies.
Evidentemente hay una falta de certeza jurídica y los afectados observan que ha sido casual que desde el anuncio del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) por parte de la autoridad municipal, sean más comunes estos despojos e invasiones; sin embargo, sólo son conjeturas, pues no hay evidencia de que la autoridad municipal participe de estas irregularidades.
El 18 de agosto de 2017, otro terreno ubicado en el kilómetro 41 también fue invadido, lo que también ameritó la presencia de elementos de la policía municipal al presentarse disparos al aire.
En ambos casos parecen estar involucrados personajes de quienes se desconoce su origen; son Gabriel Soto Pozos, y Castro Burgos.
En mayo de 2016, el periódico Luces del Siglo documentó un caso de despojo de unas 30 familias, en las que se involucraba la participación de la ex directora del extinto Instituto del Patrimonio de la Administración del Estado (IPAE), Claudia Romanillos y el propio ex gobernador Roberto Borge Angulo, quienes los desalojaron de predios ubicados en la costera de Bacalar.
El Ejido Bacalar, también ha hecho públicos despojos de casi 350 hectáreas que vienen desde el sexenio del gobernador Félix González Canto mediante el IPAE, cuyo litigio se mantiene.
Existen también acusaciones que implican en los despojos de más de dos mil 500 hectáreas a ex priístas, hoy militantes de Movimiento Regeneración Nacional como Juan Manuel Herrera y Román Guzmán, en su carácter de comisariados ejidales.
Con información de La Jornada Maya.