Por Eduardo De Luna
Posterior al anuncio del gobierno federal del plan de contingencia para atender la crisis del Covid-19 en México, autoridades de distintas partes del país y Quintana Roo, manifestaron la intención de instalar retenes para restringir el libre tránsito de personas foráneas a algunas localidades e incluso la prohibición de transitar por las calles en horarios determinados, ante estos anuncios, la Comisión Estatal de Derechos Humanos se puso en contacto con los ayuntamientos para trabajar coordinados y se eviten violaciones a las garantías individuales con estas medidas de contención.
Marco Antonio Toh Euan, presidente de esta instancia hizo un llamado a los gobiernos para que observen la carta magna y eviten medidas excesivas o arbitrarias en aras de la contingencia sanitaria.
“Independientemente del comunicado que hizo la ONU que es muy valioso y es un documento orientador, constitucionalmente existen algunas medidas que se previenen en algún estado de emergencia las cuales sin que las decretaran las autoridades federales pero también se exige primero que nada el uso de protocolos; segundo que no se lleve a afectación ni arbitrariedad de derechos humanos; y tercero y lo más importante que se haga de manera que pudiera garantizar el acceso a la justicia y también las medidas de participación para la ciudadanía, es decir, no coexista en estado de contingencia, lo que estamos buscando es justamente que se tomen en cuenta esas medidas”, señaló.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos se encuentra también observando y trabajando en conjunto con la secretaría de Seguridad Pública para que las medidas adoptadas en los centros de readaptación social y cárceles, cumplan con las garantías requeridas por la constitución, ya que a partir de esta semana se redujeron en un 50% las visitas familiares.
El ombdusman hizo un llamado a la ciudadanía para que utilice el número 075 para denunciar violaciones a los derechos humanos, recordó también que las autoridades tienen la obligación de recibir denuncias en caso de la procuración de justicia y mantener canales para garantizar el acceso a la misma por parte de toda la población.